Sheinbaum se escuda en la academia para amortiguar su viraje al ‘fracking’ 

La escena es inédita: rectores, científicos, académicos y directores de alto nivel convocados a Palacio Nacional para evaluar el uso del fracking en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha recurrido a la academia como sostén de una decisión controvertida: ese viraje energético hacia la fracturación hidráulica, adelantado por EL PAÍS, que rompe con dogmas, promesas electorales con y la herencia de Andrés López Obrador. Para amortiguarlo, ahí ha optado por una vieja fórmula de su antecesor, la de trasladar el peso de la decisión en otros. “Que el pueblo decida”, decía el expresidente cuando anticipada rechazo a alguno de sus planes. Sheinbaum, se refugia en una maniobra similar, pero en lugar de encuestas o consultas populares, ha juntado este miércoles en su conferencia matutina a un grupo con perfiles más académicos y técnicos que políticos en una muestra de que ella toma decisiones consultadas. Esa presentación, no obstante, ha despertado tantas dudas como el mismo plan de recurrir al fracking en aras de la soberanía energética.

Dentro de la propia academia ya han comenzado a cuestionar la neutralidad del comité presentado públicamente. Dudan, incluso, de si su dictamen servirá para abrir el debate o será más bien un trámite, una suerte de lavado de cara para respaldar una decisión ya encaminada.

El comité técnico, integrado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como del Instituto Mexicano del Petróleo, tendrá apenas dos meses para emitir su posición sobre la viabilidad del fracking en el país. De la ecuación, de acuerdo con fuentes presidenciales, se ha excluido en el último momento a las voces críticas. La premura choca con el peso de la decisión: abrir la puerta a una técnica que ha sido símbolo de devastación ambiental y bandera de lucha de la izquierda en el mundo.

La composición del grupo ha enfrentado posiciones. Mientras algunos académicos simpatizan con la presencia de los rectores de las universidades más importantes del país, otros lo ven como la señal de que se trata de un ejercicio de simulación frente a un veredicto anunciado. “No veo a nadie que se haya manifestado de manera crítica sobre el fracking. Veremos qué dicen”, comenta a este periódico Luca Ferrari, geólogo e investigador del Instituto de Geociencia de la UNAM.

Desde otro frente, la presencia de las cabezas de los centros de estudio se percibe como un buen mensaje, pero insuficiente. “Me parece bien que el rector de la UNAM responda al llamado de la presidencia. Veo bien la conformación de un comité, pero no es suficiente la opinión de expertos; se deben incluir a los sectores sociales”, refiere Omar Arellano, doctor en Ciencias Biológicas y experto en impacto ambiental de la UNAM. El comité defiende su hoja de vida. “Hablan sin fundamentos; los miembros tenemos una gran trayectoria no solo como docentes o investigadores, sino también en la industria petrolera. Trabajé 19 años en el Instituto Mexicano del Petróleo y ahora colaboro en empresas privadas como asesora”, refiere Rosa María Hernández Medel, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera del IPN e integrante del grupo de expertos.

La presentación ha estado llena de simbolismos y ningún detalle ha sido menor. Uno de ellos, la presencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que marca lo que podría ser una nueva relación entre el Ejecutivo y la principal casa de estudios de México, tras el enfriamiento en el sexenio de López Obrador, cuando el rector de la universidad era Enrique Graue. El diferencias surgieron entonces por la polémica del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia cercana al oficialismo. Cuando estalló el escándalo —que descarriló las aspiraciones de la jueza de presidir el Supremo—, la UNAM se ofreció para dirimir si había ocurrido tal plagio durante su paso por la carrera de Derecho. El expresidente entendió esa iniciativa de la universidad —en la que él mismo se licenció— como parte del golpeteo de la derecha contra su Gobierno. Esa ruptura no halló remedio en el resto del sexenio. Otro punto que está cambiando ahora con Sheinbaum al timón.

Los contrastes resaltan. Durante su campaña presidencial, Sheinbaum fue categórica: el fracking no tenía cabida en su proyecto de nación. Su perfil como científica ambiental reforzaba esa convicción. Hoy, ya en el poder, la narrativa ha cambiado. La presidenta sostiene que existen nuevas tecnologías “menos dañinas” y que la discusión debe darse con base en evidencia científica.

Algunos expertos han querido desmontar la retórica presidencial. “No existen biocidas biodegradables, ni fracking verde; son moléculas que presentan una toxicidad aguda menor y no existe evidencia de toxicidad crónica. Esas sustancias químicas podrían no generar una toxicidad inmediata, pero no se sabe cuál sería la condición a largo plazo y la biodegradación no es símbolo de no toxicidad”, sostiene Arellano. Dentro del propio comité de expertos, coinciden en que no existe precedente de la fractura hidráulica amigable con el medio ambiente: “Estoy totalmente de acuerdo en que al momento no existen [fracking verde o químicos biodegradables]; justamente para eso existe la investigación. En el área de fluidos de perforación, que es el área que llevo, hacemos estudios para incluir productos biodegradables en las formulaciones de los fluidos de perforación”, refiere Hernández Medel.

El Gobierno ha optado por envolver una decisión ya tomada en este tipo de lenguaje técnico. La academia y un veredicto científico, refieren fuentes cercanas a la presidencia, han sido la mejor salida para maquillar la ruptura política y el cambio de narrativa. “No es una decisión de la presidenta”, ha dicho Sheinbaum. Su afirmación, más que despejar dudas, las multiplica. La sospecha ya recorre a organizaciones ambientalistas y a sectores críticos. La percepción es que el comité no es el inicio de la discusión, sino su punto final. “Saben del tema de agua, de gas y petróleo, pero no hay nadie [del comité] que sea experto en fracking o en sus consecuencias ambientales y sus costos.”, sostiene Ferrari. Desde el grupo de expertos de la presidencia, ha saltado la defensa de su independencia. “Es gente con mucha experiencia que ha trabajado muchos años en el campo petrolero. Vamos a trabajar con rigor técnico”, ha ofrecido la académica del IPN.

Los investigadores más críticos interpretan que, por más que presenten a un comité de expertos para que evalúe los planes, el fracking no se ve como una posibilidad lejana, sino como el eje central ya en marcha de la nueva estrategia energética del Gobierno para reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, que hoy cubre alrededor del 75% del consumo nacional. Fuera han quedado los cuestionamientos sobre que costo-beneficio no es equiparable al impacto ambiental y social que tendrá el cambio de rumbo. “Hay una presión de Estados Unidos para abrir el fracking en México. Tiene un incentivo geopolítico y económico para exportar menos gas a México y exportar más gas licuado a Europa y a Asia”, refiere Ferrari. La disminución de la producción de gas en EEUU y la diferencia entre lo que pagan por él México y Europa ponen al país en desventaja. “En Europa el gas licuado de Estados Unidos se vende a 17,15 dólares por millón de BTU (British Thermal Unit), a México se lo vende a menos de 3 dólares”, añade el geólogo.

Ante la proliferación de crítica de distinta índole, la academia ha entrado en juego como amortiguador. Como una suerte de escudo técnico frente al costo político de la decisión. No es la presidenta quien cambia de postura, sugiere el discurso oficial, sino la evidencia científica la que obliga a reconsiderar. Entre tanto, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y Greenpeace reiteran que no existe un fracking “sustentable” y que los riesgos —contaminación del agua, emisiones de metano, impacto en comunidades— persisten. El comité de expertos tiene por delante una carrera contra reloj para emitir su criterio, como paso previo a que se termine de dar el giro a la política energética en México. Sheinbaum ha elegido gestionar la tensión en este tema con el lenguaje que mejor conoce: el de la ciencia. Si esa vía no consigue acallar el ruido y las críticas ante una decisión que pertenece al terreno de la política, ¿tendrá la presidenta la última palabra?