El secretario del Agua de Guanajuato ataja las críticas al futuro acueducto: “El 55% del agua se tira, la vamos a recuperar”

“No necesitamos más agua, lo que necesitamos es cuidar la que tenemos”, asegura el ingeniero José Lara Lona, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Guanajuato, ante las críticas y la protesta social que ha encontrado a su paso la construcción del acueducto Solís-León, que llevará agua de la presa Solís, en el sureste del Estado, hacia León, a una distancia de poco más de 200 kilómetros. El proyecto, con un presupuesto federal y estatal de 15.000 millones de pesos, ha causado en semanas recientes protestas por parte de productores, agricultores y ambientalistas. Lara Lona, convencido de que la mayor parte de las inconformidades responden a la falta de información, asegura: “Un 55% del agua el día de hoy se está tirando, eso es lo que vamos a recuperar para meterlo en el acueducto y distribuirlo en cinco ciudades: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León”.

“Nosotros hemos dicho, de frente con los productores, que no hay una afectación a ninguno de ellos, a ninguno de los usuarios en sus volúmenes de agua”, afirma Lara Lona. El funcionario explica que el Consejo de Cuenca de Lerma-Chapala, al que pertenece Guanajuato, es el organismo que se encarga de repartir el agua entre sus integrantes, que incluyen a los Estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Querétaro.

“En ese consejo participan los representantes de la academia, de la industria, del sector agrícola y del sector de uso público y urbano. Aquí es donde se distribuye toda el agua de la cuenca, y obviamente la presa Solís forma parte de ella, y es ahí donde se dice año con año cuánta agua le toca a cada quién. No, no es una cantidad que esté sujeta a que alguien diga que le toca más o menos”, dice.

En un documento publicado el sábado pasado por el Gobierno estatal, sobre la nota que se publicó en este periódico, las autoridades de esa entidad refutaron algunas las quejas de ambientalistas y productores, sobre todo, las del colectivo de la Sociedad Civil Organizada en Rechazo al Acueducto Solís-León. Juan Manuel Ayala López, portavoz del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, calificó el proyecto de un “ecocidio”.

“Se hizo sin la famosa consulta previa, informada y libre que debe de hacerse con este tipo de proyectos que afectan las comunidades. Todo se hizo como a escondidas. Incluso se ha reservado por cinco años la información oficial sobre el proyecto; eso también le causó a la gente mucha desconfianza, nos preguntamos por qué se esconde algo que a todos nos debe interesar”, denunció Ayala López, que además de ser vocero del observatorio de derechos humanos, es uno de los integrantes del colectivo de la sociedad organizada en defensa de la presa Solís.

Las protestas comenzaron hace poco más de cuatro meses. Y se fueron intensificando con el paso de las semanas en un malestar generalizado que también fue nutriéndose de las manifestaciones de campesinos y transportistas en varios puntos del territorio mexicano.

En su comunicado, el Gobierno asegura “no existe fundamento para afirmar que el proyecto implique despojo de recursos hídricos a comunidades rurales o agrícolas”, y dice, entre otras cosas, que la información sobre el acueducto ha sido clasificada por cuestiones de seguridad dado que es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que ejecuta las obras.

Ante los cuestionamientos, el titular de la SAMA, asegura que la tecnificación del campo ya ha comenzado, y que se da en dos vertientes: la tecnificación de los canales —revestirlos de concreto— y la tecnificación dentro de las parcelas, que es voluntaria y que contempla alternativas de riego, como aspersión, goteo o la nivelación de tierras. “Eso ya es tecnificar la propiedad de cada uno de los productores”, precisa. Con el revestimiento de los canales, el funcionario asegura que se tendrán ahorros de agua de entre un 25% y 40% de agua. Mientras que con la tecnificación de las parcelas, calcula entre un 30% a 50%. “Esa es el agua sobre la que debemos de trabajar”, señala.

Lara Lona asegura que el municipio más beneficiado de la tecnificación de sus parcelas será Acámbaro, pues contempla unas 6.500 hectáreas. “El costo de la inversión de la tecnificación dentro de las parcelas va apoyado al 100% por ambos gobiernos (estatal y federal), esto quiere decir que si tienes menos de cinco hectáreas y quieres tecnificarlas no te va a costar un peso”.

Sobre los estudios de impacto ambiental, uno de los principales reclamos de los inconformes, Lara Lona explica: “Hemos trabajado con la autoridad competente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ellos, al momento, no han determinado un daño ambiental irreversible. La obra del acueducto va por zonas ya impactadas: sobre los acotamientos de las carreteras ya existentes, sobre un costado de los canales de riego, sobre las vías del tren en zonas ya existentes”.

El Distrito de Riego 011, ubicado en el Alto Lerma, es de donde saldrá el ahorro de agua que será transportado hacia la zona de León: “Este distrito tiene asignaciones anuales de agua que van desde los 477 millones de metros cúbicos, en los años más secos; hasta, por ejemplo, este año que fue muy benévolo, tenemos asignaciones que rondan los 890 millones de metros cúbicos, siendo la asignación mayor 955 millones de metros cúbicos”, explica.

El colectivo de la Sociedad Civil Organizada en Rechazo al Acueducto Solís-León, en respuesta al comunicado hecho por el Gobierno, publicó: “El texto del Gobierno del Estado de Guanajuato, salvo alguna sorpresiva excepción, no aporta datos nuevos o que no nos hayan repetido ya hasta el cansancio [...] No obstante, estas no se respaldan por los anexos resolutivos de las instituciones invocadas, ni cifras verificables, cronogramas públicos, criterios de verificación independientes ni mecanismos de garantía. Esto significa que, como han venido haciendo estos meses, nos exigen confianza mientras mantienen reservada la información que solicitamos”.

No son los únicos. Organizaciones como Guardabosques, ANP Sierra de Los Agustinos A.C. y el colectivo URBE coinciden en que la construcción del acueducto es como saltarse el paso inicial, para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua en el Estado. “No entendemos este ahorro”, han dicho algunos de los integrantes de estas dos agrupaciones.

De acuerdo con el funcionario, León es el municipio del Estado “que más ha trabajado por desperdiciar menos agua”. “Parte de los acuerdos que se firmaron para el tema del acueducto es que estas cinco ciudades tengan eficiencias físicas de arriba del 70%”, dice. Una cantidad que León ya cumple (con un 72% de eficiencia) y que las autoridades locales vigilarán que otras ciudades cumplan de aquí hasta 2029. “¿Qué es la eficiencia física? Es la división del agua que se extrae contra la que se factura. Estamos trabajando porque el agua que conduzca el acueducto sea para uso público urbano, es decir, que sea para las casas, escuelas, oficinas. De ninguna manera esa agua es para las grandes industrias”, dice.

Lara Lona ha confirmado que los trabajos “previos” del acueducto en el municipio de Acámbaro —donde más resistencia ha encontrado el proyecto— se encuentran temporalmente suspendidos, y que el trazo original en la ruta ha cambiado, sin entrar en detalles. “La obra o los trabajos físicos hemos estado tratando de socializarlos, sobre todo en la zona de Acámbaro antes de poder iniciar formalmente con los trabajos porque de otra manera se entendería con una provocación y tampoco se trata de pasar por encima de los derechos de nadie”.

“No entendemos este ahorro”

Ernesto Ramírez García, de URBE, dice, desde León: “Tenemos 30 años con problemas de agua en la ciudad, 30 años en los que no han generado políticas públicas que incentiven que la industria haga un mejor tratamiento del agua, a captación pluvial, a otras estrategias. Y en lugar de generar las condiciones para que eso se vuelva una obligación para las industrias, dicen: ‘De donde sea vamos a sacar el agua para que la industria no pare en León’ porque, otra vez, esto no parece que vaya a beneficiar a la sociedad en general”.

Rafael Abraham Martínez, de Guardabosques voluntarios, comenta, desde Acámbaro: “Desde afuera uno ve que todos los recursos van a León y que se prioriza León y cierto tipo de desarrollo industrial. Y si es grave en las cabeceras municipales, es mucho más grave en las comunidades más aisladas”. Anakaren Gómez Campos, voluntaria de la misma organización, en municipios como Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro, coincide con él. “Muchas de nuestras comunidades y colonias no cuentan con servicios básicos y uno de ellos es el agua. El Gobierno estatal está diciendo que quiere proveer de agua a los municipios del corredor industrial, pero ¿dónde quedan nuestros municipios donde no se han cubierto esos servicios, con redes hidráulicas deficientes?”.

“No se ve una solución a largo plazo. Se ve como algo emergente. El Estado está en déficit hídrico por el modelo que tenemos, y de eso no se ve ningún tipo de compromiso”, dice Martínez. Los jóvenes, críticos al planteamiento gubernamental, aseguran que las autoridades no los han escuchado y al ser cuestionados sobre alguna posible salida a la problemática, consideran que las cosas se han hecho mal desde el principio.

“La postura en general aquí es de rechazo al proyecto. Y la postura oficial del Gobierno del Estado y del Gobierno federal es no comprometer el proyecto. Entonces no veo una salida posible. Lo que nosotros quisiéramos sería, si acaso, empezar de cero, replantearnos todo el esquema hídrico en el Estado. Que todo esté sobre la mesa”, zanja Martínez.