La guerra del fentanilo despunta en las montañas del norte de Guerrero

Se colocaron en la carretera y esperaron. Sabían que iban a llegar. Pero podían pasar horas, dadas las condiciones de la carretera, una interminable pista de tierra, seca ya, después de tantos meses de lluvias. A eso de las 16.00, una estela de polvo empezó a crecer en el horizonte. Javier Hernández y una veintena de vecinos de Guajes de Ayala, en las montañas del norte del Estado mexicano de Guerrero, se prepararon, escondiéndose en unos hoyos que habían cavado junto al camino. Los otros, integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, se acercaban. “Como a unos 100 metros pararon ellos, eran como 12 o 13 camionetas, con 150 gentes. Y ya empezó la balacera. Así estuvimos toda la noche”, cuenta.

Todo esto ocurría el 15 de octubre, inaugurando, al parecer, una nueva campaña expansionista de La Familia Michoacana, grupo que se ha hecho fuerte en la última década en el centro de Guerrero, en el Estado de México y en algunas zonas aledañas de Michoacán. Hace unos años, el grupo, comandado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado, ya intentó avanzar por zonas algo más orientales de la misma cordillera, generando un conflicto monumental con otro grupo criminal, conocido como Los Tlacos. Si entonces el interés de La Familia no quedaba demasiado claro, Hernández dice que su objetivo ahora no es otro que ocupar sus casas y campos para montar laboratorios de fentanilo.

Desde el punto de vista de los criminales, no parece una idea descabellada. Guajes de Ayala, parte del municipio de Coyuca de Catalán, escenario de masacres y asesinatos célebres en los últimos años -caso del titular de la fiscalía regional, Víctor Salas- yace en medio de una sierra inhóspita. Seis horas separan la comunidad de la cabecera municipal, las mismas o más que se necesitan para llegar a la costa, canal ideal para dar salida a la producción de opioides en la zona y otras drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que La Familia Michoacana trafica cada año 12 toneladas de metanfetamina, 13 toneladas de opioides y 18 toneladas de cocaína hacia su país.

El largo historial de conflictos de la sierra, rica en maderas finas, como el encino o el oyamel, guarida antaño de buena parte de la producción de amapola en el Estado, materia prima para producir heroína, dificulta toda comprensión. Dependiendo de la posición del oteador, la realidad parece una o la contraria. La Familia Michoacana es solo uno de los grupos presentes en la zona. Los actores armados proliferan en la sierra, algunos vestidos de policías comunitarias, otros no tanto. La última guerrilla que funcionó en México, el ERPI, merodeaba por allí, y algunos en la zona aún acusan que las últimas etapas de esta organización tenía más que ver con la delincuencia que con cualquier ideal.

La figura de Javier Hernández, secretario del comisariado ejidal de Guajes de Ayala, ilustra todo lo anterior. A poco que cualquiera busque en la hemeroteca, topará con notas de hace un par de años que consignan la muerte a balazos de su hermano Orbelín en un presunto enfrentamiento con el Ejército, allí, cerca de Guajes. Las notas de entonces colocaban a Orbelín como la mano derecha de los Hurtado en la zona, su jefe de plaza, en el argot criminal. El día en que lo mataron, además de Orbelín, murieron dos de sus hijos y dos de sus presuntos sicarios, de acuerdo a las notas que publicó la prensa entonces. Años atrás, Orbelín había sido además acusado de talar árboles de manera ilegal en la zona, para vender la madera en el mercado negro.

Hernández, que acepta contestar todas las preguntas, señala que el asesinato de su hermano fue otra treta de La Familia Michoacana. En aquel entonces, dice, los Hurtado trataban igual que ahora de hacerse con el control de Guajes. “Empezó en 2021 y pasó lo mismo: quisieron desplazarnos, pero no pudieron”, explica. Al final, añade, llegaron a un acuerdo. La Familia no trataría de hacerse con el poblado, pero los vecinos, bien armados, capaces de resistir, les darían vía libre a la costa. Visto así, no parecía mala solución. Pero por algún motivo no aclarado, La Familia se peleó con los vecinos de otra comunidad, El Durazno, algo más hacia el litoral.

Aquella pelea culminaba con la masacre de siete personas en la cancha de la comunidad de El Durazno, entre ellas un menor, en diciembre de 2022. Era la segunda masacre perpetrada por La Familia en pocos meses en la zona. Antes, en octubre, sicarios del grupo habían asesinado a 20 personas en San Miguel Totolapan, más hacia el interior, entre ellas el alcalde y su padre. Este segundo episodio provocó la publicación de un vídeo por parte de uno de los hermanos Hurtado, José Alfredo, alias El Fresa, en que acusaba a otro grupo de la masacre, cosa que luego desmintieron las autoridades. El vídeo llamó la atención porque nunca se había visto al líder criminal dando la cara, menos con esa tranquilidad, desde un sofá, descalzo.

“Esa calentura le queda a mi hermano aquí”, dice Hernández, en referencia a las consecuencias por lo sucedido en El Durazno, poblado vecino de Guajes. “Él, pues, trató de huirle a esa situación; yo en ese momento no estaba en la comunidad, por trabajo. Pero lo que pasó es que los Hurtado pactaron con el Gobierno estatal y de esa forma se deshicieron de él también. Y le cargaron a él ser jefe de plaza y pistolero y todo eso”, explica. Hernández añade que la masacre de El Durazno provocó igualmente la ruptura de La Familia con otros grupos que funcionan en la parte baja de la sierra, cerca de la costa, con base en comunidades de los municipios de Tecpan y Petatlán, caso por ejemplo de Los Arreola, golpeados en 2023 con el asesinato de su líder, Chano, a manos precisamente de La Familia.

Es difícil saber qué porcentaje del relato de Hernández es verídico y qué parte es, al menos, cuestionable. Él mismo ha sido acusado estos días de homicidios y desapariciones por parte de vecinos de otras comunidades, acusaciones que él niega. Pero más allá de eso, las dentelladas de La Familia a las comunidades de la sierra parecen innegables. La cuestión es, por qué ahora, momento delicado para el grupo criminal. En los últimos seis meses, el Gobierno de Estados Unidos ha colocado a los hermanos Hurtado en su lista de objetivos principales, elevando las recompensas que ofrece por información que conduzca a su captura. ¿Por qué iniciar una campaña bélica justo ahora? La respuesta podría estar en alguno de los éxitos recientes en materia de seguridad del Gobierno mexicano.

Las detenciones realizadas en los últimos meses en la costa de Guerrero podrían explicar el interés de los Hurtado por afianzarse en el corredor litoral, particularmente en la región de la Costa Grande. En octubre, el Gabinete de Seguridad informaba de la detención de Antonio Bautista Vargas, “El Cabañas”, presunto líder del grupo Los Rusos en Acapulco, además de otros cinco integrantes de la banda. En teoría, el líder global de este grupo, Oliver Sánchez, El Ruso, uno de los más activos en la zona, trabaja con los hermanos Hurtado, pero las detenciones de sus secuaces podrían trastocar su dominio en la zona. Esa y otras detenciones mantienen el interés del grupo en la región.