Morena rompe la unanimidad con cambios de última hora a la propuesta de Sheinbaum para combatir la extorsión

La cruzada anunciada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para combatir la extorsión en México —un delito que va en aumento— ha activado su cuenta regresiva. El Congreso ha dado el primer paso este martes para hacer efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, de autoría presidencial, como brazo de la Estrategia Nacional de Seguridad. Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC), han impuesto cambios de última hora a la iniciativa presidencial y con ello han roto la unanimidad. Con 334 votos, 100 en contra y cuatro abstenciones se ha aprobado en lo general y en lo particular la nueva ley que establece, entre un puñado de planteamientos más, la homologación del delito para que se persiga en las 32 entidades del país, así como que sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado. Las penas podrán llegar hasta los 25 años de prisión, dependiendo de las agravantes. El objetivo es frenar un delito silencioso que ha crecido a pasos agigantados y pone en entredicho el discurso del Gobierno en cuanto a sus resultados en seguridad.

Las sorpresas legislativas que el oficialismo ha aplicado a las iniciativas presidenciales se han repetido en la aprobación de la ley para combatir la extorsión. Ricardo Monreal, el líder de Morena en la Cámara baja, ha sido el artífice de un puñado de cambios al dictamen presentados en la recta final del debate, suscritos por sus aliados del PVEM y del PT y por MC. Las modificaciones no son menores, han suavizado las penas contra funcionarios: policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y más, que omitan denunciar delitos de extorsión conocidos. La redacción del dictamen aprobado en lo general por unanimidad, planteaba condenas de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, “los cómplices”, ha dicho la oposición, que incurran en esos supuestos. Monreal, con el respaldo de la mayoría guinda y la bancada naranja, ha propuesto, y ha sido aprobada, una reducción considerable de cinco a 12 años.

Los argumentos han sobrado. “No es una indulgencia para el funcionario, es un ejercicio de racionalidad punitiva y de proporcionalidad”, lanzó. El líder parlamentario ha argumentado que la pena del servidor público, que únicamente incurre en omisión, dijo, no puede ser mayor a la del presunto delincuente. El tema ha roto el tono, el ritmo del debate y el consenso. PAN y PRI han acusado que el cambio es una concesión que favorece la impunidad y complicidad de las autoridades. “Es una reserva que va contra la voluntad del Ejecutivo Federal”, lanzó el priista Emilio Suárez. El oficialismo ha desoído los llamados de la oposición de frenar el cambio. “Qué manera de echar a perder la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, una muy buena ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión”, dijo César Damián Retes. El escándalo de funcionarios de Morena vinculados al crimen organizado en Tabasco ha asomado la nariz en el debate. El PAN ha renombrado la legislación. “Están dispuestos a dejar en libertad a extorsionadores sentenciados, confesos, con tal de proteger a uno de los suyos, a Hernán Bermúdez Requena; esta es la ley Hernán”, zanjó Damián Retes.

El segundo golpe de la enmienda ha recaído en la extinción de dominio, una figura jurídica que permite confiscar los bienes de quienes incurran en un delito. La reparación del daño a las víctimas se hará a cuenta de los recursos obtenidos de particulares a través de la extinción de dominio, pero se han dejado fuera de la ecuación los bienes asegurados a favor del Gobierno o de los Estados. Procesos que les dejan millonarios ingresos.

El combate a la extorsión se encamina a cerrar la pinza de una ambiciosa estrategia del Gobierno. La misma presidenta ha reconocido que atajar ese ilícito es el mayor reto de su Administración en materia de seguridad. “La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”, reconoció cuatro meses atrás. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo ha ratificado este lunes en su comparecencia privada con diputados. Es por eso que el Gobierno mexicano ve en esta ley un camino para reducir las miles de llamadas de extorsión que todos los días salen de centros penitenciarios. Las víctimas de amenazas también se cuentan por miles. El derecho de piso, una cuota que cobran los grupos criminales a cambio de permitir a los negocios trabajar sin ser molestados, pega a comercios y servicios, al transporte y la distribución de mercancías, a medianas y grandes empresas, a gobiernos municipales y a vendedores ambulantes. Los tipos de extorsión son variados. Los supuestos accidentes de tránsito — conocidos como montachoques — también se cuentan dentro de esta modalidad. Todos se han ido normalizando.

En el debate de la iniciativa presidencial, legisladores de todas las banderas políticas han coincidido en algo: la extorsión ha cobrado fuerza e impunidad por falta de denuncias. Sin denunciante, no hay delito que perseguir, regla que hoy aplica para la extorsión. ¿Y quién se atreve a denunciar? Los ejemplos abundan, pero el más reciente ha atraído el foco público. Bernardo Bravo, un líder de productores de limones en Michoacán, conocido por atreverse a denunciar incansablemente las extorsiones que sufren los agricultores en su región, fue asesinado con un disparo en la cabeza la semana pasada en Los Tepetates, una localidad del Estado.

La cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad han sido expuestas en el debate. Las fuerzas de oposición, PAN y PRI, han desmenuzado las cifras. Desde 2019 —el primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, el aumento de la extorsión en comparación al sexenio anterior —de Enrique Peña Nieto— es de más de un 30%, con un pico más alto en 2022. “Los datos no son sacados por nosotros, son publicados por el mismo Gobierno”, dijo el diputado priista, Luis Gerardo Sánchez. El punto más alto fue en 2022, al pasar de 5.000 carpetas de investigación a 11.000, entre quienes se atreven a denunciar. “Cada punto de esta gráfica representa familias extorsionadas, negocios cerrados y autoridades amenazadas”, ha rematado el priista. En los últimos seis años, este delito se ha incrementado exponencialmente en 58% al pasar de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025, según dijo en septiembre el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, durante la discusión de la reforma constitucional en materia de extorsión que dio paso a la ley reglamentaria que se discute este martes.

Las bancadas panista y priista, en pleno proceso de divorcio electoral, han coincidido en señalar que la nueva norma será la puerta para que cientos de personas sentenciadas por extorsión en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo salgan de prisión. Las penas en esos Estados son mayores y se corre el riesgo de que se apelen las sentencias y salgan en libertad decenas de criminales. La iniciativa de Sheinbaum ha planteado entre seis y 15 años como pena mínima y hasta 25 años de máxima, dependiendo de agravantes, mientras que en estados como Chihuahua la pena mínima es de siete años. La oposición ha intentado negociar para revertir las modificaciones de última hora. Intentaron frenar la reducción de penas a funcionarios, a cambio de endurecer la pena mínima contra extorsionadores cambiando el intervalo de seis a 15 años por uno de 10 a 20 años. La propuesta no hizo eco en el oficialismo.

Salvo la pena mínima, las sanciones se han endurecido en la nueva ley. Se consideran 34 agravantes que implican sanciones más severas que pueden alcanzar los 25 años de prisión. El cobro de piso que afecte actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o si el responsable incurre en la extorsión a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada, es uno de ellos y puede agravar la sentencia hasta los 20 años. La violencia física o cuando se exija el cobro de un daño por un incidente de tránsito provocado de manera intencional —los llamados montachoques— ameritarán penas de 10 a 25 años de cárcel.

Las vicisitudes para llevar a buen puerto la legislación también se han puesto sobre la mesa. “Sin presupuesto, estamos dando un paso en falso, estamos simulando que vamos a combatir la extorsión”, lanzó el diputado Damián a nombre del PAN. La ley se ha aprobado en vísperas de la discusión del presupuesto de egresos para 2026, sin que, hasta el momento, se consideren recursos adicionales a los Estados y municipios para el combate a la extorsión. “Poco nos va a servir tener la ley perfecta si no se ejecuta”, dijo el panista.

En el frente oficialista, las apuestas para atajar la extorsión se han puesto en la legislación que aún debe pasar por el ojo del Senado. “Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades. Además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia y diputado morenista, Julio César Moreno. Las nuevas disposiciones facultan a las autoridades a solicitar el bloqueo inmediato de líneas a las compañías telefónicas, sin que se establezca como requisito una orden judicial de por medio. Una vez que la ley sea aprobada en el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, deberá entrar en vigor al día siguiente, aunque de frente el camino para llevarla a la práctica sea empedrado.