El desafuero de Alito Moreno revive el fantasma del pacto de no agresión entre Morena y el PRI

El viejo fantasma de la alianza de facto entre el oficialismo de Morena y el PRI de Alejandro Alito Moreno resurge y ronda los pasillos del Congreso de México. El polémico dirigente priista ha sorteado un puñado de acusaciones de todo tipo, las más escandalosas apuntan a supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por 83,5 millones de pesos, pero no han llegado lejos. Apenas han tocado base en el Congreso con un par de solicitudes presentadas por la Fiscalía del Estado de Campeche —entidad que Alito encabezó entre 2015 y 2019— para despojarlo de la inmunidad que le da el fuero constitucional, un beneficio que lo blinda de cualquier intento para procesarlo penalmente y del que goza ininterrumpidamente desde 2021 cuando llegó a la Cámara de Diputados y ahora como senador.

El primer intento para retirarle ese escudo ya ha perdido vigencia y el segundo, presentado hace tres meses, comienza a congelarse a la vista de Morena, por mucho que los integrantes de la bancada oficialista le reprochen a cada oportunidad que esa amenaza sigue latente.

“¡Desafuero!, ¡Desafuero!”, gritaban desde sus curules el 1 de septiembre en el arranque del periodo de sesiones del Congreso. El clamor tenía como destinatario a Alito que había logrado pausar la sesión en la que se recibía el primer informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Los silbidos que recibió mientras se pronunciaba sobre el informe presidencial habían desatado el enojo del dirigente priista que salió del salón de plenos con un séquito de diputados y senadores para volver después e irrumpir en la sesión con altavoces y carteles en contra de Morena. En paralelo, los decibeles de las arengas subían. “¡Desafuero!, ¡Desafuero!”. Esos ánimos parecen haberse diluido. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados —instancia jurisdiccional encargada de procesar el juicio de desafuero—, dominada por el oficialismo, parece en los hechos no tener en su agenda inmediata el desahogo del tema, en el sentido que sea. Esto ha despertado suspicacias desde la oposición, pero también al interior de Morena, sobre si la verdadera intención es patear el bote y no abordar el tema. ¿Por qué?, salta el cuestionamiento. Y ahí es cuando vuelven a la memoria las épocas de coincidencias entre el partido liderado por López Obrador y Moreno, por más que desde otro frente, la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mantenga al acecho al priista.

El antagonismo de los dos políticos ha mantenido en el foco sobre Alito y lo ha extendido hasta los bienes de su familia. El Congreso de la entidad sureña aprobó hace poco, con los votos del oficialismo y de sus aliados, el PVEM y el PT, una nueva Ley de Expropiaciones. La disposición ha permitido al Gobierno de Sansores expropiar cuatro predios del Estado para construir la nueva Universidad de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos. Al menos tres de ellos están relacionados con Moreno: uno está a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros dos a nombre de su arquitecto, Juan José Salazar. En total, ascienden a unas siete hectáreas. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha atizado al debate. La semana pasada, deslizó que Alito adquirió propiedades con dinero producto del lavado de dinero y, a propósito, su Gobierno ya trabaja en una ley de extinción de dominio. Alito contraatacó y amagó con presentar una denuncia ante instancias internacionales.

Los cruces entre el oficialismo y el dirigente del PRI han sido muchos. En agosto, el priista se lanzó a los golpes contra el presidente del Senado, Gerardo Ferández Noroña, quien en ese momento sostuvo que presentaría una denuncia en la Fiscalía General y, de la mano, una solicitud de desafuero que se sumaría a la ya existente contra Moreno. Solo quedó en palabras. Por su lado, Alito agudizó su discurso contra el oficialismo acusándolo de narcogobierno y de emprender una persecución política en su contra.

A las mil polémicas que rondan el proceso contra el priista, se ha sumado el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, quien, por su gestión, ha terminado en la mira de un puñado de morenistas. Primero, por el desaseo en el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y exgobernador de Morelos, acusado de intento de violación de su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco. El juicio solicitado por la Fiscalía de Morelos fue desechado en marzo por el Congreso bajo la premisa de una mala integración de la carpeta de investigación. Esto despertó el enojo de diputadas de todos los partidos. Y segundo, porque consideran que sus intereses están lejos de Morena.

Así, el futuro del juicio de desafuero de Moreno es incierto. Unos apuntan a que no verá la luz, por lo menos en este periodo de sesiones, y otros, que muy probablemente nunca, refieren líderes de la cúpula morenista y del PAN. Flores marcó la primera semana de octubre como la ideal para convocar a la sesión en la que debía resolverse si se da entrada al juicio de desafuero o no, pero el tema no terminó de entrar en agenda. “Busqué esta semana al presidente de la Sección Instructora para ver los temas y me ha dado largas, se ha hecho ojo de hormiga”, refiere Germán Martínez, diputado panista e integrante de la instancia jurisdiccional formada por dos legisladores de Morena, uno del Partido Verde y uno del PAN.

Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada gobernante, ya había marcado el ritmo de la discusión del desafuero. La última reunión de la Sección Instructora estuvo antecedida por una encerrona del líder morenista quien, no obstante, negó cualquier presión indebida. “Por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política habrá imparcialidad, profesionalismo y ninguna presión o inconveniente, dejaremos a la Comisión que trabaje”, dijo. Sin embargo, fuentes cercanas a esa instancia, indicaron que la instrucción recibida fue la de suavizar el debate. Por último, el cambio de Raúl Bolaños, diputado del Verde, por Ruth Silva, como integrante de la instancia, ha sumado más argumentos sobre la dilación del proceso y la sospecha de que, en el fondo, lo que pervive es un pacto de no agresión entre Morena, un partido formado casi en su totalidad por expriistas, y el PRI de Alito, el partido histórico cuya debacle se aceleró bajo su dirección.