Las sanciones de la UIF y el Tesoro agitan los fantasmas de la narcopolítica en Baja California

La visita de un funcionario estadounidense a Ciudad de México provocó una tormenta en la política mexicana. John K. Hurley, subsecretario para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, no dijo nada, pero durante su corta estancia en el país, el Departamento del Tesoro congeló los bienes y propiedades en Estados Unidos de 22 objetivos en México vinculados al Cartel de Sinaloa. A la par, la mexicana Unidad de Investigación Financiera de Hacienda (UIF) también reveló que bloquearía las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas, todas en Rosarito, Baja California. El nombre más sonado fue el de la exalcaldesa de la ciudad y hoy diputada federal Hilda Araceli Brown, militante del oficialista Morena, quien ha negado haber cometido irregularidades. Pero su aparición en los documentos estadounidenses agitan las versiones que vinculan al partido del Gobierno con la delincuencia organizada en Baja California. En mayo, la gobernadora morenista de la entidad, Marina del Pilar Ávila, también estuvo bajo sospecha después de ver cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) apunta a los hermanos Alfonso y René Arzate, más conocidos como Aquiles y La Rana, respectivamente. Estos son señalados por ser jefes de plaza del Cartel de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Tijuana. Según el relato de las autoridades del Tesoro, utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para “corromper y ejercer” control sobre el Gobierno municipal de Rosarito mientras Brown estuvo al frente, entre 2021 y 2024. La ciudad costera se ubica a unos 24 kilómetros al sur de la frontera entre EE UU y México.

El Tesoro asegura que el operador político tiene una “estrecha relación personal” con la diputada Brown. Gracias a esta pudo controlar sectores municipales y nombrar aliados en cargos locales de Rosarito. “Trabajando juntos, González [Jesús, un empresario local], Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguran las autoridades estadounidenses.

A pesar del señalamiento hecho desde Washington, Brown, de 54 años y nacida en Playas del Rosarito, asistió el jueves a la sesión de la Cámara de Diputados. La legisladora ha querido dejar claro, no sin titubear, que no conoce a los hermanos Arzate y ha insistido, como hizo en Facebook, que no ha sido notificada de “absolutamente nada”. “No he recibido un correo, ni una llamada, ni un WhatsApp. Desconozco el tema. Me enteré a través de los medios. Quisiera saber qué está pasando. Voy a seguir trabajando. Tengo más de 30 años siguiendo a nuestro presidente López Obrador y ahora a la presidenta Sheinbaum”, afirmó.

La diputada de Morena aseguró que el domingo estuvo en San Diego (California) acompañando a un familiar por un tema de salud y que no tuvo dificultad para cruzar a Estados Unidos. Hizo énfasis en que no tiene congeladas las cuentas, ya que pudo realizar transferencias de pagos cotidianos. Sin embargo, cuando se le cuestionó si tiene cuentas al norte de la frontera, Brown evitó responder la pregunta hasta en tres ocasiones. Hasta la publicación de este artículo, la bancada de Morena ha guardado silencio sobre el hecho.

Narcopolítica, el elefante en la relación con EE UU

Quien también se ha referido sobre los titulares de este jueves, ha sido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Los periodistas le preguntaron sobre la diputada Brown en una conferencia de prensa. La mandataria local se limitó a afirmar que es “su compañera de lucha” y que habrá que esperar “a la investigación federal”. “No tengo conocimiento de nada”, ha reiterado.

El caso de Ávila es otro punto difuso. Las noticias sobre presuntos nexos de políticos morenistas con el crimen organizado saltaron a los titulares a mediados de mayo, cuando Estados Unidos suspendió la visa e impidió la entrada a su territorio a Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres. En los mentideros políticos dentro y fuera de Morena se especuló que la medida de la Administración Trump estaba relacionada con alguna gran investigación contra narcopolíticos mexicanos.

Las versiones apuntaban entonces a los presuntos nexos con el huachicol fiscal de Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso, quien fue titular de la aduana de Tijuana en el sexenio del panista Felipe Calderón, según una investigación de Zeta. En marzo, poco antes de la polémica de la cancelación de las visas, las autoridades federales aseguraron en Ensenada ocho millones de litros de combustible de contrabando introducido a través de Baja California.

No ha quedado claro, a la fecha, si el congelamiento de la visa de Ávila y su esposo tenía un trasfondo criminal en Washington. La oposición mexicana insistía en que el Gobierno de Donald Trump tenía una “lista” con nombres de políticos de Morena ligados al crimen. La presidenta Claudia Sheinbaum, negó los señalamientos y aclaró que nunca fue materia de las reuniones bilaterales una supuesta cacería de funcionarios corruptos. Lo que sí destapó el escándalo de la visa fue una mansión en la que la gobernadora se iba a hospedarse en San Diego.

Tras el descubrimiento de la mansión de 2.500 metros cuadrados con cuatro recámaras y cinco baños, el Gobierno de Ávila emitió un comunicado en el que aseguraba que el inmueble no era de ella ni de su esposo. Ya apuntaba a un presunto conflicto de interés, pues admitía haberla visitado a pesar de que era propiedad del empresario Fernando Salgado Chávez, cabeza del grupo La Familia Presenta, a quien se le refirió como una “amistad cercana”, sin mencionar la participación de este en proyectos inmobiliarios en Baja California desarrollados en la gestión de Ávila.

El caso de Brown se suma ahora a la presión de la Administración Trump en la política mexicana. La influencia del narco en la política mexicana es el gran elefante en la habitación con Estados Unidos. Es una problemática aun sin consecuencias políticas.