El impuesto al refresco: ¿arma contra la obesidad o una caja recaudadora?

México, país líder en consumo de refrescos en el mundo, anunciaba en 2014 un impuesto especial a las bebidas azucaradas que se proclamó como un parteaguas en la salud pública. El Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto intentaba poner freno a una epidemia de obesidad y diabetes que crecía sin control. A 11 años de esa medida, surge la pregunta: ¿el gravamen funciona realmente como una medida de salud o como un mecanismo de recaudación?

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplicó en aquel entonces a las bebidas azucaradas y la comida chatarra. En el caso de los refrescos comenzó con unos centavos por litro. Para Raúl Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la medida nació con un espíritu educativo, pues la idea era encarecer el refresco para desalentar su consumo.

Peña dijo dos años después de aplicar el gravamen que se había disminuido la compra de este tipo de bebidas, aunque el principal impacto se notaría a mediano y largo plazo “cuando se ajusten los patrones de consumo de los mexicanos”. Morales da fe de aquella caída, pero advierte que no fue significativo y que duró poco. México sigue a la cabeza en ingesta mundial, con más de 166 litros por persona al año. “A día de hoy seguimos siendo uno de los países con mayor consumo per cápita en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos”, asegura. La razón, según Morales, es que el refresco es un producto inelástico, es decir, que aunque suba de precio, la mayoría lo sigue comprando. “Lo que sí ha aumentado es la recaudación fiscal”, señala.

Este lunes el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un aumento a la tasa de las bebidas azucaradas, que supondrá 3,08 pesos por litro, frente a los 1,64 de este año, lo que representa un alza tributaria del 87%. La propuesta, según anunciaron al presentar el Paquete Económico 2026, tiene la misma intención original de desincentivar la ingesta, pero conlleva una diferencia significativa en lo que respecta a la recaudación: todo lo recolectado se invertirá en un fondo de salud para cubrir los costes que generan las enfermedades derivadas del abuso de estas bebidas.

Según Morales, si algo puede darle sentido al impuesto, es el destino de lo recaudado. Desde los tiempos de Peña hasta ahora, se hablaba de que ese dinero se usaría para financiar campañas de prevención. Hoy, la promesa es que los fondos obtenidos junto a otros “impuestos saludables” como los aplicados al tabaco, los videojuegos y las apuestas, dejarán alrededor de 41.000 millones de pesos que se destinarán al sector salud.

Morales valora la iniciativa, pero advierte de que es fundamental garantizar que el dinero no se pierda en la burocracia. “De nada sirve presupuestar si no se aplica. Se debe crear un fondo específico y que se establezca en el sector salud el origen y destino de los recursos que se gastan”, apunta. El académico asegura que, en comparación con el escenario internacional, el impuesto mexicano no es particularmente elevado y que “queda mucho por hacer”.

A quien no le ha parecido bien la medida es a la industria del refresco. Desde el inicio, los empresarios acusaron que el impuesto era más recaudatorio que sanitario con un argumento que mantienen a día de hoy: la medida afecta principalmente al usuario. Andrés Massieu, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas, reiteró ese planteamiento en una entrevista este miércoles en Fórmula: “Es un impuesto ineficaz. Genera impactos socioeconómicos muy importantes y pega más en el bolsillo de las personas de menos recursos que gastan más en estos productos. Desincentiva la inversión, pega en la producción, se van a perder empleos y afecta a los pequeños comerciantes”, dijo. Morales lo explica así: “La industria nunca pierde porque termina cobrando lo mismo o más”, afirma el economista.

Desde la nutrición, la realidad es simple. José Sánchez, nutriólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, sostiene que dejar de consumir refrescos sí mejora la salud de las personas. “Quien deja de tomar refresco nota cambios en semanas, pues mejoran los problemas digestivos como la gastritis o el reflujo, se estabiliza la glucosa, se protege el páncreas y se retrasan complicaciones como la diabetes”. Pero también apunta: “Si la medida no se acompaña de educación nutricional y alternativas reales como agua potable y menos ultraprocesados, el impacto siempre será limitado”.

Como señala Sánchez, el fracaso del impuesto también tiene otras raíces. En muchas comunidades rurales, las bebidas azucaradas incluso sustituyen al agua potable, porque es más fácil encontrar un refresco que un vaso de agua limpia. “No tenemos cultura del agua. Es más común que una familia compre una botella de refresco para la comida a que invierta en agua natural o en un filtro para su casa”, advierte Sánchez”.