La justicia oaxaqueña condena a 30 años de cárcel a Pablo López Alavez, defensor indígena al que la ONU considera un preso político

Pablo López Alavez cumple 56 años en abril y ha pasado los últimos 14 —que se convertirán en 15 este agosto— entre los muros del penal de Villa de Etla, a las afueras de la capital de Oaxaca. Antes, era defensor de la tierra, un líder zapoteco que se opuso a la deforestación de las montañas en las que siempre había vivido. También era campesino en su comunidad, San Isidro Aloápam. Por su labor, caciques locales y empresarios, en colaboración con el Gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz, fabricaron un caso judicial en su contra que lo ha tenido entre rejas todo este tiempo, acusado de un homicidio que nunca han podido probar que cometió. Su caso es emblemático en el mundo como ejemplo de la persecución a líderes indígenas. Naciones Unidas lo considera un preso político y ha exigido en repetidas ocasiones su liberación. Lejos de escuchar, este jueves, la jueza Socorro Lucía Cabrera Ruiz, del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, ha sentenciado a López Alavez a 30 años.

Ya había sido condenado en 2017, una decisión ratificada en 2020 y tumbada tiempo después, cuando un juez reconoció que el proceso había estado plagado de irregularidades. Aun así, no le concedieron la libertad, lo que de por sí es atípico. Los llamamientos por la libertad de López Alavez han sido numerosos en los últimos años. De organismos regionales, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que en 2015 denunció graves violaciones al debido proceso durante el juicio, a gigantes internacionales como las Naciones Unidas.

De acuerdo con la ONU, su detención fue “arbitraria”, el proceso judicial estuvo plagado de “irregularidades” y “violaciones significativas”, las pruebas en su contra fueron “inconsistentes” y hubo una “falta de consideración de las evidencias presentadas por la defensa que probarían que el defensor no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato”. “El verdadero motivo de la detención y enjuiciamiento del Sr. López Alavez es su actividad como defensor de los derechos humanos de su comunidad”, concluyó la organización internacional, que además estableció que el preso sufrió “actos de malos tratos, torturas y amenazas por parte de funcionarios penitenciarios”.

Esas palabras, publicadas en 2020, fueron ratificadas el pasado noviembre por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, quien exigió la retirada de cargos contra él y su “libertad inmediata”. Este viernes, en entrevista con EL PAÍS, Yésica Sánchez, parte del Consorcio de Oaxaca, organización defensora de los derechos humanos que ha acompañado al defensor de la tierra durante todo el proceso, ha valorado: “El caso de Pablo nos da cuenta de lo que el Estado es capaz de hacer cuando hay consigna de atacar la defensa de los derechos humanos; de no garantizar la labor; de no reparar daños causados por otros gobiernos, sino seguir la misma consigna que no hace diferencia de un Gobierno priista a un Gobierno que se llama de izquierdas [el actual, de Morena]”.

Sánchez ha asegurado que la defensa va a apelar y recurrir por todas las vías posibles. “Le vamos a dar con todo. Fue un descalabro, pero no se acaba la batalla todavía, tenenemos varios recursos legales que hacer valer”. La audiencia para decidir la sentencia tuvo lugar este mismo jueves. Las abogadas de López Alavez creían que la decisión judicial tardaría días en dictarse, como suele ocurrir. Al contrario, la condena llegó antes de que el defensor de la tierra hubiera regresado desde el juzgado de Tanivet a la cárcel de Villa de Etla. “Ni siquiera dieron tiempo de que Pablo llegara al penal, en lo que estaba esperando que fueran por él le notificaron la sentencia. Fue superfuerte, nunca nos había pasado algo así”.

Sánchez denuncia también que el día anterior al juicio, este miércoles, una de las profesionales que participan en la defensa legal de López Alavez sufrió “violencia sexual” por parte de los guardias de Villa de Etla al visitar al defensor. La forzaron a “quitarse la ropa interior y mostrar su cuerpo, cuando normalmente no es tan excesivo el protocolo”. Para el Consorcio de Oaxaca, esto representa una manera más de “obstaculizar e inhibir el acompañamiento a Pablo, se arreció con Salomón [Jara, actual gobernador de Oaxaca, de Morena] el maltrato y la limitación de visitas [a la prisión]”. “Es muy grave, cosas que pensabas que no ibas a registrar en un Gobierno como el que dice Salomón que representa de izquierda, pues pasan”, critica.

Secuestro y detención ilegal

El 15 de agosto de 2010, el coche de López Alavez fue interceptado mientras conducía junto a su esposa y uno de sus nietos. Una camioneta roja les cortó el paso. Un grupo de 15 hombres encapuchados, vestidos de negro y armados, los arrastraron fuera del vehículo. La mujer y el niño fueron inmovilizados mientras Pablo era golpeado y secuestrado. Los captores huyeron con él en la camioneta. Para confundir el rastro, lo cambiaron varias veces de vehículo. Le dieron una paliza y vendaron sus ojos. Cuando pudo volver a ver, horas después, estaba rodeado de policías estatales. Lo llevaron a la cárcel de Etla, de donde no ha vuelto a salir.

El secuestro es solo una de las ilegalidades cometidas contra el defensor de la tierra. Nunca le mostraron una orden de arresto, nadie se identificó como agente de la ley, no le explicaron de qué se le acusaba ni tuvo derecho a un abogado hasta tiempo después. Cuando llegó a Etla, descubrió que le achacaban un asesinato ocurrido en 2007, pese a que nunca han podido mostrar pruebas que lo incriminen en ese homicidio.

Para FrontLine Defenders, organización que trabaja a lo largo de América, Asia, Europa y África para proteger a defensores de los derechos humanos en riesgo, el caso de López Alavez se enmarca en un contexto de “criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano”. Mary Lawlor, la relatora de la ONU, también señaló en noviembre el patrón de “detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México”, y apuntó otra decena de casos similares.

En una entrevista con EL PAÍS en prisión en verano de 2023, López Alavez pidió ayuda al entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ahora extiende a Claudia Sheinbaum. En la conversación, el zapoteco denunció sus condiciones en la cárcel, las torturas que sufrió, el hambre que pasa, así como el acoso constante que sufre su familia en el exterior, hasta el punto de haber tenido que abandonar su comunidad. Aun así, se mostraba orgulloso de su labor como defensor de la tierra:

—No me arrepiento de ser defensor de la naturaleza. Todo lo que yo venía haciendo es hacia el bien del futuro de mis hijos y nietos, de mi comunidad. Del cerro que nosotros conservamos viene el agua que baja al pueblo. Nuestros abuelos lo protegieron, se murieron, pero llegamos nosotros. Vamos de pasada, pero van a quedar nuestros hijos. No sé cuántas generaciones van a pasar y aprovechar todo por lo que nosotros hemos luchado. Si dejamos que nuestro municipio siga talando año tras año, ¿qué va a pasar? En estos años se han secado arroyos. Si no cuidamos el bosque, todo se va a caer.