La educación a los niños migrantes en México se abre en la teoría, pero se cierra en la práctica

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Damarys camina tomada de la mano de su hija Carlys hacia la Catedral en el centro de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México con Estados Unidos. “Dos por una”. “Dos”, contesta Carlys mientras le sigue el paso.

—“Dos por dos”.

—“Cuatro”.

Hace 14 meses que los venezolanos Damarys Godoy, su esposo y su hija, salieron de Colombia rumbo a Estados Unidos. Y, desde entonces, las lecciones más importantes, Carlys las ha aprendido andando. “Mami: vamos a jugar un juego muy largo y muy cansado”, le dijo la madre a su hija, de entonces siete años, antes de internarse en la selva del Darién porque no encontró otra manera menos dura para explicarle que caminarían durante días bajo condiciones extremas para poder llegar a Panamá en noviembre de 2023. Después atravesaron ese país, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y por último México, el nivel más difícil en el juego que montó Damarys, donde tuvieron que subir al techo de un tren en el que viajaban otras 3.000 personas. También tuvieron que correr y esconderse de la Policía, de los criminales, y de los agentes de Migración para mantenerse a salvo.

“¿Cuándo voy a poder ir a la escuela?”, pregunta Carlys a cada rato. “Pronto mami, pronto”, le contesta Damarys una y otra vez. Luego imaginan que están en la escuela, y le pregunta las tablas de multiplicar mientras caminan a cualquier parte. “Yo fui a la escuela que está acá a la vuelta y me dijeron que no pueden recibir a la niña porque no pueden inscribir a niños sin papeles y entonces yo dije: ‘Va a tener papeles, sí’. Los mandé pedir de Colombia, donde ella estudió, pero aún no llegan”, cuenta la madre.

La familia vive en un albergue para migrantes en el que se hospedan alrededor de otras cincuenta personas, varios núcleos familiares con niñas, niños y adolescentes que no acuden a la escuela de manera formal desde hace por lo menos seis meses, a pesar de que el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), gobiernos estatales y diversas organizaciones internacionales como ACNUR y Unicef realizaron el Protocolo para el Acceso de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración a la Educación.

Ese documento establece la manera en que deben actuar las autoridades escolares para que los niños reciban de manera inmediata educación, sin la petición de documentos de identidad ni certificados de estudio, y sin costo para cualquier menor acompañado de un tutor que así lo solicite.

A pesar de que un artículo de la Constitución, cinco leyes, la normativa de la SEP y por lo menos dos protocolos dictan el derecho de las infancias en situación de movilidad al acceso a la educación pública y gratuita en México sin necesidad de documentos de identidad ni probatorios o apostillados de su educación en otro país, esta se sigue negando por falta de conocimiento de las autoridades escolares, en gran parte de los planteles de nivel básico.

El 63% del personal educativo desconoce las disposiciones oficiales relacionadas a la documentación de los menores en los estados donde confluye más población en movilidad como son Chihuahua, Baja California y Chiapas, de acuerdo con el informe Infancias en movilidad y barreras para su educación, realizado por Unicef.

Avances en la legislación

Sin embargo, los avances han sido significativos en las legislaciones, los protocolos y la normativa de la Secretaría de Educación. Además, el hecho de que la situación de los menores en tránsito saltara a la esfera política desde hace por lo menos tres años habla de la preocupación por enfrentar el problema, de acuerdo con Dirvin García, director del Programa de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población del Gobierno de Chihuahua.

“Ya a finales del año pasado se estableció el protocolo y ahorita hay toda una ruta de presentación de este mecanismo: desde jefes de zona, directores, docentes, etcétera”, explica. “Ahora mismo, cualquier migrante que llegue, que acredite cierto nivel de estudios sin apostillar, ya puede incorporarse a nivel básico. Tenemos retos a nivel medio. Creo que necesitamos hacer una política mucho más robusta, pero nos da mucho gusto que en educación básica ya podemos decir que hay una inclusión real”.

Durante el primer semestre de 2024, ingresaron a México 84.927 niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular, de acuerdo con los datos más actualizados de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal. Esto implicó un aumento de casi un 124% con relación al mismo periodo del 2023. De ellos, 61.409 eran menores de 11 años, mientras que 23.518 tenían entre 12 y 17 años, de acuerdo con la información entregada por el Instituto Nacional de Migración.

Para Cristina Coronado, directora del Comedor Comunitario de la Catedral, donde se da alimento, atención médica, programas de trabajo para mujeres, despensas, asesoría legal, actividades y atención psicológica para niñas, niños y adolescentes, la educación es fundamental para las infancias en tránsito.

“Hay avance, pero no está atendido completamente”, asegura. “En nuestra experiencia nos falta todavía, porque luego van surgiendo detalles por la complicación que hay en una familia, se desplazan de un lugar a otro y luego regresan. Hemos encontrado gente que ya estaba más o menos establecida y, cuando están estos momentos de entregarse y después regresar, ya perdieron todo el avance y ya no podemos regresar a la escuela”.

En el albergue El Buen Pastor, también en Ciudad Juárez, hay alrededor de 30 familias de personas en situación de movilidad que esperaban su cita para tratar de ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación del CBP One, que el Gobierno de Donald Trump ha cancelado este lunes, en el primer día de su mandato. De estas, la mayoría cuentan con uno o más menores en su núcleo. Pero ninguno acude a la escuela de manera formal.

Ante el fin del programa con el que pretendían ingresar a Estados Unidos, Damarys y su familia no piensan en volver a Venezuela, sino permanecer en México, un país que todavía tiene fallas en la aplicación de la política interna de migración y en el acceso a la educación para los más pequeños, pero en el que la venezolana tiene ahora puestas sus esperanzas. Mientras no la acepten en la escuela, seguirá repasando con su hija lo que aprendió en Colombia.