Sheinbaum heredó “una crisis de derechos humanos” causada por la violencia, apunta Human Rights Watch

La presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el pasado 1 de octubre, ha heredado “una crisis de derechos humanos” causada por la violencia extrema que azota al país, según el último informe anual de Human Rights Watch (HRW). La ONG global acredita esa ola de violencia principalmente a dos factores: el avance del crimen organizado y “los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”. El reporte de la organización, difundido este jueves, achaca al expresidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad de la situación crítica, por haber hecho “pocos avances para hacer frente a estos desafíos”.

El informe repasa numerosos asuntos clave que han sido capítulos de la crisis de violencia que atraviesa el país. Casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, o aristas que incluyen al sistema judicial, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, y las consecuencias de la brutal desigualdad que habita México. “A nivel nacional, la tasa de homicidios bajó ligeramente, por tercer año consecutivo, de 25,9 en 2022 a 24,9 en 2023. Sin embargo, el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”, destaca HRW. El documento señala como contraproducentes dos medidas impulsadas por López Obrador, la expansión del papel de los militares en la seguridad pública y el cambio radical al sistema de justicia, porque “podrían perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho”.

Sobre la reforma judicial de López Obrador, la organización alerta que “podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”. Lo hace sin defender al desempeño de ese poder en los últimos años. “El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas”, dice. “Sólo el 16% de las investigaciones penales fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a través de la mediación o de algún tipo de compensación. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisión preventiva”.

Este último punto, una controversia que ha despertado las alertas de la comunidad internacional, recibió gran atención en el informe. La ONG alerta que el 37% de las personas que estaban detenidas en las cárceles mexicanas en 2023 no habían sido condenadas por ningún delito y que más del 20% de esos que habían recibido prisión preventiva llevaban más de dos años en esa situación, el plazo límite que marca la ley. “Los jueces están legalmente obligados a ordenar la prisión preventiva de las personas acusadas de más de una docena de categorías de delitos, sin poder evaluar las circunstancias del caso, lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos”, señala sobre el catálogo de delitos graves, ampliado en noviembre pasado por el Congreso.

En cuanto a las desapariciones, HRW critica el cierre de las oficinas del Centro Nacional de Identificación Humana anunciado con bombos y platillos por el anterior Ejecutivo. “El gobierno ha tardado en implementar muchas de las medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de un banco de datos forenses. El expresidente López Obrador afirmó falsamente, en repetidas ocasiones, que el número oficial de personas desaparecidas se había exagerado para perjudicarle políticamente”, dice el documento.

La organización también destaca aciertos en la política de López Obrador, como el aumento del salario mínimo o la disminución de la pobreza, que pasó del 41,9% al 36,3%. Aunque mantiene precaución sobre otros indicadores: “La pobreza extrema se mantuvo sin variaciones y el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó más del doble”.

La reciente eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) es otro de los elementos que podría socavar “gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la información”, de acuerdo a HRW. Así como el uso del software espía Pegasus, que fue utilizado por la Fiscalía General de la República (FGR) durante el sexenio de López Obrador, y el espionaje ilegal de la Fiscalía de Ciudad de México para perseguir a políticos de la oposición.

Los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas no han quedado al margen del análisis. La ONG acusa a los militares de estar “implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”. Y agrega: “Desde 2007 hasta julio de 2024, el ejército reportó la muerte de a 5.696 personas en operaciones militares. A la mayoría, las acusa de haber pertenecido a grupos criminales. Estas muertes no suelen ser investigadas de forma independiente por las autoridades civiles”.