Rosario Piedra Ibarra quiere quedarse al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Rosario Piedra Ibarra no se quiere marchar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En medio de una intensa oleada de críticas hacia su primera gestión (2019-2024), la titular del órgano ha anunciado su registro ante el Senado para contender por un segundo período al frente de la institución. Piedra Ibarra, que en enero de este año propuso la disolución del organismo autónomo por “no responder a las necesidades del pueblo”, ha enfrentado en los últimos meses acusaciones de sus trabajadores por corrupción, renuncias masivas de la plantilla y señalamientos por haberse guiado por los intereses políticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestra prioridad ha sido y es atender a las víctimas”, se lee en el cierre de la carta publicada por Piedra Ibarra en sus redes sociales. Allí informó sus intenciones, pidió a quienes le apoyaran dentro de la CNDH que no desviaran recursos económicos, tiempo ni personal para su promoción, y detalló que su mano actual derecha, Francisco Estrada, coordinara actividades por fuera. “Quiero asistir a esta contienda sin ventaja alguna, solo presentando los resultados de nuestro trabajo de cinco años”, asegura la funcionaria.

Las primeras críticas contra Piedra Ibarra surgieron cuando fue elegida en noviembre de 2019 para presidir la CNDH. Activistas por los derechos humanos y la oposición reclamaron su cercanía al partido de gobierno, Morena, por el cuál había intentado sin éxito ser elegida como diputada. En aquel momento, la mitad de los miembros del Consejo Consultivo —una especie de contrapeso al titular de turno— renunció en señal de protesta. Temían que la comisión perdiera legitimidad al poner a la cabeza a una activista con gran simpatía hacia López Obrador.

Previendo las intenciones de Piedra Ibarra de reelegirse en su cargo, una veintena de organizaciones civiles salió en septiembre pasado a denunciar omisiones por parte de la CNDH en violaciones a derechos humanos cometidos durante el Gobierno de López Obrador. Las agrupaciones solicitaron al Senado y a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que eligieran un nuevo titular que ejerza el cargo con independencia del partido en el poder, imparcialidad y firmeza. En la misma línea, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó este martes su balance de la gestión actual, en la que reportaban “opacidad en las recomendaciones”, inacción ante las reformas impulsadas por el Gobierno, “a pesar de que varias contravenían estándares internacionales de derechos humanos” y “más de 40 pronunciamientos para desacreditar a medios, periodistas, órganos internacionales y defensores”. “La prioridad parece haber sido proteger al gobierno, no a víctimas”, reclamaron.

El debate oficial aún no comienza, pero las organizaciones civiles han anticipado que darán la pelea para que la elección del nuevo titular sea tras un debate real y no una simulación. Las personas que aspiran a ese cargo se registraron ante la Cámara alta hasta este martes. Ahora, la Comisión de Justicia del Senado revisará que cumplan con los requisitos establecidos por ley y publicará el 21 de octubre una lista con esos nombres. Luego se hará un parlamento abierto con organizaciones defensoras de derechos humanos y comparecerán públicamente todos los aspirantes. La decisión final será publicada el 8 de noviembre, y quien salga elegido podrá permanecer en el cargo por los próximos cinco años.