La Cámara de Diputados retoca y aprueba la primera tanda de reglas para elegir jueces, ministros y magistrados

La Cámara de Diputados ha aprobado las enmiendas a las leyes que deberán regir la elección de jueces, magistrados y ministros, en 2025, el primer paso para implementar la reforma al Poder Judicial, legislada en septiembre. El bloque oficialista, formado por Morena y sus partidos satélite, PT y PVEM, ha hecho valer este lunes su mayoría en la cámara para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Las enmiendas establecen que jueces y magistrados serán electos por el voto directo de la ciudadanía, el primer domingo de junio del año que corresponda. Los cambios al segundo ordenamiento establecen la procedencia del juicio de inconformidad para impugnar las decisiones de las autoridades electorales durante el proceso para la elección de las personas juzgadoras. Con ello, los cambios legales que han acaparado la atención los últimos días han pasado el último filtro legislativo y quedan a la espera de su entrada en vigor una vez que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. La aprobación ocurre dos días antes de que se abra la primera convocatoria para que precandidatos a impartidores de justicia se postulen a la carrera.

Los lineamientos han sido avalados por la Cámara Baja ocho días después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, enviara la propuesta al Senado y dos días después de que se aprobara allí. El fin de semana, los legisladores sortearon más de 700 cargos de jueces y magistrados que serán sometidos a voto popular en junio de 2025. Las reglas para la elección de los juzgadores consideran 60 días de campañas electorales para la promoción de las candidaturas, mientras que los topes de gastos de cada candidato han de ser determinados por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ha quedado prohibido el uso de recursos públicos o privados para promocionar las postulaciones, o que contraten tiempos de radio y televisión, o espacios publicitarios en medios de comunicación impresos o digitales.

Apresurado, el proceso legislativo ha sido cuestionado por la disminuida oposición, que ha puesto sobre la mesa las múltiples suspensiones que han sido concedidas por jueces para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial. A las críticas a la reforma se suma las protestas por el sorteo en el Senado, en que los legisladores oficialistas eligieron al azar los puestos de impartidores de justicia que se elegirán en junio próximo. “Le quieren llamar insaculación, pero lo que verdaderamente hicieron el pasado sábado, el espectáculo que organizaron fue eso, una tómbola en el Senado y es, por desgracia, el último clavo del ataúd de la justicia en México […] Tendrían que entender primero qué es el humanismo [...] y no, nada tiene que ver con denigrar públicamente a las personas en una catafixia como tómbola de Chabelo”, lanzó a nombre de la bancada del PAN, Paulina Rubio.

El PRI ha secundado el posicionamiento y ha sostenido que el sorteo debe pasar a la historia como uno de los mayores retrocesos democráticos en México. “Una tómbola judicial es lo que el Gobierno de la cuarta transformación ofrece para reformar los Poderes de la Unión [...] Lo que se ha vivido es un ejemplo claro y manifiesto de cómo la sobrerrepresentación legislativa es el arma que destruye a las instituciones del Estado mexicano”, ha dicho el priista César Domínguez.

Las enmiendas legales han confirmado lo que adelanta la reforma constitucional. Los tres poderes federales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han de conformar, por separado, comités de evaluación, integrados por cinco personas de prestigio en materia jurídica, encargadas de formar las listas de candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial, al Tribunal Electoral, así como a los tribunales de circuito y juzgados de distrito.

La respuesta del oficialismo en defensa de la batería de enmiendas no se ha hecho esperar. “Es muy fácil rechazar las reformas utilizando discursos catastrofistas, todo ello desde una posición cómoda de falsos paladines de la justicia, como se han asumido algunos de ustedes, que insisten en descalificar sin asumir ningún costo político ni responsabilidad”, lanzó Mariana Benítez, ex priista y actual diputada de Morena. La noche de este mismo lunes los diputados también aprobaron las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que establecen, como su nombre lo dice, las vías para impugnar la elección de los integrantes del Poder Judicial, que han de someterse a voto popular.

El juicio de inconformidad únicamente ha de ser promovido por los partidos políticos y los candidatos cuando se impugne la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, y deberá de ser interpuesto por el candidato interesado a cualquiera de los cargos judiciales. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sido facultada para resolver los juicios de inconformidad, con excepción de los relativos a la elección de sus propios integrantes, en ese supuesto ha de corresponder la resolución al pleno de la Suprema Corte. Los recursos para impugnar la elección de ministros de la Corte, magistradas de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial han de promoverse dentro de los cuatros días posteriores a que el INE haga el anuncio de resultados electorales.