El tercer informe de la comisión de Ayotzinapa refuerza las tesis de López Obrador: minimiza la tortura a los detenidos y enfatiza las búsquedas

Publicado este miércoles, el tercer y último informe de la comisión presidencial del caso Ayotzinapa antes del fin del Gobierno ha tomado la senda de las tesis del presidente, Andrés Manuel López Obrador, centrada en señalar enemigos y lamentar errores pasados. Dividido en cinco grandes apartados y dos secciones especiales, el informe enfatiza el aumento de las búsquedas en campo, cuestiona la presunta tortura que sufrieron decenas de detenidos, liberados hace años por ello, y redunda en la frustración de los informes anteriores: a 10 años del ataque contra los normalistas, se sabe poco sobre su destino.

El documento retoma el núcleo de las exigencias de las familias estos últimos años, la entrega de cientos de documentos de espionaje miliar a la red criminal de Iguala, Guerrero, lugar del ataque contra los estudiantes. La exigencia nace de dos oficios que se hicieron públicos en 2021, que recogían, entre otros detalles, un intercambio de mensajes entre un presunto líder criminal de la zona y un jefe policial, sobre el traslado de 17 estudiantes, la noche misma del ataque, mientras estaba siendo desaparecidos.

Las familias de 43 estudiantes desaparecidos consideran que la publicación de ese documento en 2021 implica la existencia de otros parecidos. El Gobierno y el Ejército han entregado algunos estos años, pero que apenas amplían la información de los primeros. Las familias y sus abogados han entregado listados de los documentos faltantes, que el Gobierno dicen que, o bien no existen, o no aparecen. En el tercer informe, sus autores emplean la mitad de sus 112 páginas para decir esto mismo.

Este miércoles, López Obrador se ha referido al tercer informe de la comisión en su conferencia de prensa matutina. El presidente ha proyectado la carta que ha mandado a las familias de los 43, que acompaña al texto. En la carta, desvela que el primer responsable de la comisión, Alejandro Encinas, negoció la colaboración de uno de los presuntos cabecillas del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, a cambio de que México no extraditara a Abimael González, El Cuini, un líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Estados Unidos.

No hay certeza sobre las motivaciones de El Gil para hacer esta petición. El grupo criminal con el que trabajaba, Guerreros Unidos, manejaba un importante negocio de producción y trasiego de heroína y otras drogas a Estados Unidos. En sus declaraciones como testigo protegido, de 2020 en adelante, el mismo López Astudillo señalaba que el grupo criminal tenía presencia, además de en Guerrero, en “Puebla, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Tijuana”. López Obrador ha dicho que aunque El Gil les ayudó al principio, luego dejó de hacerlo. Después de años de colaboración, la Fiscalía lo detuvo de nuevo en agosto por un viejo cargo de tráfico de drogas. Una fuente cercana a las investigaciones que ha consultado EL PAÍS señala que El Gil y el líder del CJNG se conocieron en la prisión de El Altiplano y ahí se hicieron amigos.

En el informe tratan también el asunto. El texto explica que el Gobierno ha seguido negociando con El Cuini, quien, por algún motivo, podría tener información del paradero de los estudiantes. “En septiembre de este año, se dialogó con dicho líder criminal. La respuesta del Gobierno de México fue puntual: si en un breve plazo proporcionaba información veraz de la ubicación de los jóvenes desaparecidos y las pruebas de identificación genética daban positivo, podría continuar sus procesos penales en México y obtener, para quienes le ayudaran, la amnistía y recompensas. Al momento de redactar este informe, el diálogo continúa aunque no se ha recibido ninguna información”.

Sorprenden las palabras del presidente en la carta que ha enviado a las familias acompañando el informe, por el lugar casi marginal que ocupa Encinas, señalado de arrimar a los investigadores con El Gil, convertido, este último, en uno de los enemigos principales de la verdad para el Gobierno saliente. Después de casi cinco años al frente de la comisión y de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Encinas dejó el cargo a finales de 2023, desgastado por su relación tirante con el Ejército, las críticas de las familias de los 43 y el mismo presidente, que le acusó veladamente de colocarse demasiado cerca de los abogados de las familias y las organizaciones de derechos humanos.

El tercer informe aprovecha también para golpear al antiguo encargado de la comisión. En las primeras páginas, el texto enfatiza el aumento exponencial de las búsquedas en campo. “En lo que va de 2024 se han realizado acciones de búsqueda de los jóvenes desaparecidos en 294 sitios, tres veces más que el año anterior”, señala el texto. Este aumento, reconocen sus autores, responde a la petición del presidente de apurar opciones, sean cuales sean. “Esta comisión visitó penales federales y locales en los que están recluidas diversas personas relacionadas con el caso, señala el texto.

Uno de los capítulos más llamativos, el seis, apunta a una de las obsesiones del presidente López Obrador en el caso, la famosa sentencia 203/2017, en que un tribunal de Tamaulipas ordenaba reiniciar la investigación del caso Ayotzinapa, por la enorme cantidad de irregularidades registradas en los primeros años de las pesquisas, durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Producto de esa sentencia, recuerda ahora el informe, más de 60 presuntos implicados en el ataque quedaron libres.

En muchos de esos casos, los acusados quedaron en libertad porque sus defensas alegaron que los agentes captores los habían torturado. La sentencia en realidad no desvelaba nada nuevo al respecto. Las denuncias de tortura en el caso venían de lejos. En un informe de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el caso, publicado en 2018, meses antes de que saliera la sentencia, sus autores denunciaban que contaban con “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos” en contra de decenas de detenidos.

Ahora, la comisión presidencial ha dedicado un apartado del capítulo seis a señalar las presuntas irregularidades que el tribunal cometió. Primero, explican, el tribunal obvió el motivo del amparo que originó la sentencia, si uno de los primeros detenidos, Miguel Ángel Landa, alias Duva, pertenecía o no a Guerreros Unidos. En cambio, señalan, “el tribunal incluyó aspectos sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los normalistas que nada tenía que ver con el problema que se planteaba en el amparo, que era resolver si El Duva pertenecía o no al grupo Guerreros Unidos (motivo por el que fue procesado), limitándose a conceder el amparo contra el auto de formal prisión y con esto resolver plenamente el fondo del asunto planteado”.

Y luego, añaden, cuando exigió a la vieja Fiscalía que realizara los estudios correspondientes para determinar si los detenidos habían sufrido tortura. Según el informe, el tribunal no dio tiempo a que los investigadores lo hicieran de manera adecuada, así que en los casos en que la Fiscalía no mandó sus informes, determinó que la tortura existía. “El tribunal determinó que la mayoría [de las declaraciones] eran autoincriminatorias y presuntamente habían sido obtenidas mediante tortura. También declaró que las imputaciones o señalamientos de los coacusados constituían prueba ilícita, desestimando 19 declaraciones relacionadas con el caso. Esto, al margen de que las personas hayan alegado o no actos de tortura”, insisten.

Y acaban: “Algunos de estos procesados liberados por efecto de la sentencia sí participaron en la ejecución y desaparición de los jóvenes. Esto queda de manifiesto cuando uno de los supuestamente torturados, poco después de ser liberado, afirmó en calidad de testigo colaborador que él formaba parte de los Guerreros Unidos y participó en la desaparición de los jóvenes”, dice, en referencia a El Gil. En realidad, El Gil, en sus declaraciones como testigo protegido siempre se coloca lejos de la agresión contra los muchachos.

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