La negociación de Adán Augusto López para aprobar la reforma judicial: una coartada con Barreda, un pacto con Yunes y un acuerdo fallido con ‘Alito’

Conseguir los votos que necesitaba Morena para aprobar la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador en el Senado implicó, primero, una operación política quirúrgica con legisladores de la oposición, un fino tejido de acuerdos, de dar y recibir; pero luego, para asegurar las lealtades comprometidas de palabra, el oficialismo pasó al uso de la fuerza bruta. En la oposición y entre las filas del oficialismo se alzaron cuestionamientos de qué tanto los políticos de Morena eran distintos de aquellos del pasado, del viejo régimen cuyas prácticas López Obrador y sus colaboradores prometían abandonar, de aquel PRI que doblegaba a la oposición a punta de chantaje y garrote. El artífice de que la reforma judicial se haya aprobado en el Senado con la colaboración de legisladores del PRD, del PAN y de MC es Adán Augusto López, el pragmático exsecretario de Gobernación hoy convertido en jefe de la bancada del partido en el Gobierno. Tres senadores y un dirigente de Morena, cercanos a las negociaciones, han confirmado a EL PAÍS que López negoció que el emecista Daniel Barreda faltase a la sesión del pasado martes para no votar y que el clan de los Yunes se uniese al oficialismo. Incluso, López avanzó negociaciones con el dirigente del PRI, el camaleónico Alejandro Alito Moreno, para que dos legisladores de su grupo también se ausentaran de la votación, pero este acuerdo se derrumbó de último momento.

La operación política para conseguir los tres votos faltantes comenzó días después de los comicios de junio. Si bien el oficialismo festejaba los éxitos en la elección presidencial con Claudia Sheinbaum, así como en la Cámara de Diputados y en siete gubernaturas, comenzó a causar pesar que la votación no hubiese alcanzado para asegurar la mayoría calificada —de dos terceras partes— en el Senado. Morena y sus aliados del PVEM y el PT obtuvieron 83 escaños en la elección; 86 es el mínimo para avalar una reforma a la Constitución. En el horizonte estaba la aprobación reforma judicial, la última gran batalla política de López Obrador. El presidente no quería dejar el cargo sin promulgar esa enmienda, y la pelota estaba peligrosamente en la cancha del Senado.

Alcanzada desde las urnas la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, había pocos pretextos para que no se aprobase la enmienda, a pesar de que algunos de los colaboradores de Sheinbaum más influyentes tenían profundas reservas sobre la propuesta e intentaban matizar sus alcances, sobre todo en lo concerniente a la elección de jueces y magistrados. La propia mandataria electa se había mostrado receptiva a la propuesta de dejar intacta la carrera judicial como método de ascenso en la judicatura, según reveló este periódico. Pero, desde la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Ricardo Monreal dinamitaron ese resquicio cuando, cuatro días después de la elección, anunciaron públicamente que la reforma sería una realidad en septiembre. El anuncio no fue consultado con Sheinbaum, sino con López Obrador, un presidente que se resistía a convertirse en un pato cojo en el último tramo de su sexenio. El riesgo de un cuello de botella en el Senado era latente. La búsqueda de los escaños faltantes se volvió un deber dentro de las filas de Morena.

Varios legisladores pusieron manos a la obra para tender puentes con la oposición, pero Adán Augusto, como le conocen comúnmente, fue el gran negociador de los amarres que le dieron al oficialismo los 86 votos con que finalmente se aprobó la reforma. Los políticos consultados relatan por separado y bajo condición de anonimato que los apoyos del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y del perredista José Sabino Herrera, así como la ausencia del emecista Daniel Barreda de la sesión del martes, son atribuibles a la operación política del exsecretario de Gobernación. Solo la adhesión de la perredista Araceli Saucedo la negoció el senador Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca.

Los primeros pasos

Cronológicamente, la incorporación de Saucedo, de Michoacán, fue uno de los primeros triunfos de Morena. El vínculo entre Saucedo y Murat, exmilitante del PRI, fue facilitado por el diputado local Eduardo Orihuela, todavía priista y amigo personal del exgobernador. Una vez que el PRD, el partido de Saucedo, perdió el registro nacional, la senadora electa sopesó la conveniencia de seguir en la alianza opositora de su formación con el PAN. Murat vio la oportunidad en el naufragio del PRD y contactó a Saucedo mediante Orihuela, según han señalado las fuentes. La decisión de brincar a Morena fue consensuada con Octavio Rivera, dirigente del PRD en Michoacán, donde el partido aún conserva el registro y gobierna en 17 municipios.

El exgobernador oaxaqueño arregló una reunión entre Araceli Saucedo, el dirigente Rivera, Orihuela —el intermediario—, Adán Augusto y Sheinbaum en la casa de transición de la presidenta electa, en Ciudad de México. Allí se hizo el compromiso de que, a cambio del apoyo de Saucedo, los municipios gobernados por el PRD en Michoacán recibirían un trato ponderado desde el Gobierno federal en términos de presupuesto. La senadora Saucedo hizo notar que tanto Jesús Zambrano, último dirigente del PRD, como Marko Cortés, del PAN, la estaban buscando para asegurarse de su permanencia en las filas de la oposición y de que votaría contra la reforma judicial. Eso precipitó el cierre del trato.

Adán Augusto entró a escena en el caso del senador Sabino Herrera, también del PRD. Herrera, de 44 años, es tabasqueño como el exsecretario de Gobernación. Una de las fuentes señala que la labor de convencimiento para asegurar su paso a Morena fue más bien sencilla. “Adán lo conoce desde niño”, ha afirmado. López Hernández, de 60 años, inició su carrera política en ese Estado, en el PRI, como muchos integrantes de la clase política de su generación. Antes de ser llamado a la Secretaría de Gobernación por López Obrador, Adán Augusto fue electo mandatario de Tabasco en 2018, postulado por Morena. Con las incorporaciones de Araceli Saucedo y Sabino Herrera, el oficialismo alcanzaba 85 escaños y arañaba la mayoría calificada.

El reencuentro de dos conocidos

El paso de López Hernández por Gobernación facilitó un nuevo acercamiento con Alito Moreno. En 2022, Adán Augusto consiguió que el PRI en la Cámara de Diputados votara junto a Morena una polémica ley que prolongaba por seis años más la participación de los militares en tareas de seguridad pública. La anuencia de los priistas puso en vilo la alianza de Alito Moreno con el PAN y el PRD, que por entonces se nombró Frente Amplio. Para los dirigentes del PAN y el PRD, Cortés y Zambrano, fue claro que Adán Augusto presionó desde la Secretaría de Gobernación al líder del PRI, atenazado por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y por un desfalco a las arcas públicas de Campeche, Estado del que Moreno fue gobernador.

Adán Augusto y Alito se volvieron a encontrar en el Senado. La carta de las investigaciones de la Fiscalía volvió a ponerse sobre la mesa. Pero, esta vez, el dirigente priista no solo quería inmunidad, sino que elevó su precio. Pidió que el INE y el Tribunal Electoral respetaran la reforma a los Estatutos del PRI con las que Moreno aseguraba su reelección como dirigente de su partido por otros cuatro años. El negociador morenista acordó con Alito una ruta “digna” para apoyar la aprobación de la reforma judicial. Si bien Moreno no accedió a que sus senadores votasen a favor de la enmienda, sí permitiría que dos de ellos se ausentaran de la sesión, de acuerdo con las fuentes. Las ausencias beneficiaban a Morena porque, entre menos legisladores hubiese presentes, menor era el número de escaños necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Con 85 integrantes, el oficialismo tenía suficiente para lograr su propósito.

Pero Adán Augusto presionó de más, desconfiado de la palabra de honor del líder del PRI. En Campeche, donde gobierna la morenista Layda Sansores, se reactivó una vieja amenaza, utilizada en 2022 como recurso para doblar la voluntad de Alito Moreno: una investigación de la Fiscalía estatal contra su madre, señalada de fungir como testaferro para ocultar la riqueza patrimonial del senador priista.

Alito puso en duda su apoyo al oficialismo, que también tenía mucho en juego de cara a López Obrador. Un error táctico de los morenistas y sus aliados terminó por dinamitar todos los puentes. Manuel Velasco, líder del PVEM, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, y el propio Adán Augusto comenzaron a hacer alarde, en público y en privado, de que Morena ya tenía los 86 votos necesarios para aprobar la reforma, e incluso más de 86.

Ese desplante puso sobre aviso a los coordinadores del PAN y MC, Marko Cortés y Clemente Castañeda, que miraron puertas adentro y comenzaron a cerrar filas, buscando evitar que de ellas emergiera el traidor. En el juego entró el empresario Claudio X. González, que tiene enorme influencia en Cortés. La contraofensiva consistió en agrupar a todos los senadores de la oposición, en el entendido de que, si los 43 legisladores del PAN, el PRI y MC se presentaban a la sesión y votaban en contra, la reforma, simplemente, no pasaría. X. González y Cortés consiguieron que, uno a uno, los senadores de oposición se comprometieran públicamente a no faltar al Senado y a votar en contra. Un envalentonado Alito Moreno se aupó a la ola y declaró que todos sus correligionarios harían lo mismo.

La nueva negociación

El reagrupamiento del PAN, el PRI y MC tumbó los planes de Adán Augusto y redujo al extremo las posibilidades de conseguir el voto faltante, pero el exsecretario de Gobernación se puso con la ardua tarea. X. González llevaba una cuenta minuciosa de quiénes eran los senadores que ya se habían comprometido con el acuerdo de la oposición, y exhibía públicamente a quienes aún no se sumaban, para ejercer presión sobre ellos. Yunes Márquez, del PAN, y Barreda, de MC, que finalmente colaboraron con Morena en la votación, también se habían suscrito al pacto de X. González y Cortés. De hecho, Barreda fue el último en adherirse. La oposición tenía ya su bloque de contención de 43 senadores, y así, unificada en el discurso, llegó a la sesión crucial.

Los tres legisladores consultados confirman el acuerdo entre Adán Augusto y Barreda. El plan consistía en que el senador de MC faltase la sesión del martes. El cómo lo haría, se dejó en manos del propio Barreda. Su jugada fue desastrosa y tensó al máximo la discusión en el pleno. Castañeda, el dirigente de MC, no lograba establecer contacto con su compañero de bancada. Trascendió que tanto Barreda como su padre habían sido arrestados por la Fiscalía de Campeche. Las miradas otra vez apuntaban a la gobernadora Sansores. Como Barreda no le contestaba el celular a Castañeda ni a sus correligionarios, la hipótesis de una maniobra judicial del oficialismo para impedir su asistencia al Senado cobró fuerza. Quien sí logró hablar con el emecista fue Adán Augusto, que lo puso al teléfono con Fernández Noroña, el presidente del Senado, en plena sesión.

Los morenistas aseguraban que Barreda estaba “en perfectas condiciones” y negaban que estuviese detenido. Al paso de las horas, la situación se fue aclarando. La versión cambió a que el padre del senador estaba citado a una audiencia judicial ese mismo día, por un asunto no hecho público, y que Barreda lo acompañó. Al estar en un juzgado, no podía comunicarse. Al día siguiente, Barreda explicó que decidió quedarse en Campeche y no presentarse al Senado porque “la familia es primero”. La debilidad de su justificación ya ha levantado enormes sospechas en MC, al grado de que Castañeda lo ha apremiado a decir la verdad en torno a su ausencia. Este periódico intentó obtener una declaración de Barreda sobre estos señalamientos a través de su asistente, pero no se obtuvo respuesta.

Los aliados incómodos

Para obtener el voto del clan Yunes se conjuntaron dos factores, a decir de las fuentes. La ruptura entre Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y patriarca de la familia, y Marko Cortés abrió una ventana de oportunidad. Adán Augusto buscó entonces a Yunes padre, que en los hechos es el negociador y portavoz de su hijo Miguel Yunes Márquez, aunque este sea el titular del escaño. La moneda de cambio estaba servida. Yunes Linares, su esposa y sus dos hijos, Miguel y Fernando, están acorralados por la justicia federal y la de Veracruz por presuntos delitos que van del enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales hasta el quebranto al erario y el fraude. Yunes padre sopesó el hecho de que la próxima gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, una de sus enemigas más feroces, no le daría tregua ni a él ni a su familia una vez que tomase el poder.

El periodista Ricardo Raphael dio a conocer que el pacto se alcanzó el viernes 6 de septiembre, cuatro días antes de la votación, en un encuentro en el que estuvieron Adán Augusto, Yunes Linares y Yunes Márquez. Nahle —que al interior de Morena ha expresado en corto su descontento por la negociación— ha confirmado que esa reunión sí tuvo lugar, pero ha precisado que se llevó a cabo a sus espaldas. El propio López Obrador ha reconocido, en una Mañanera, que el exsecretario de Gobernación le informó de su acercamiento con los Yunes, pero ha dicho que no está al tanto de qué términos se pactaron. Yunes padre ha negado en entrevista con este periódico que se haya reunido y negociado con Adán Augusto. “No sé de dónde sacan esas cosas”, ha comentado el exgobernador.

El apoyo de los desprestigiados Yunes ha salido caro a Morena y a López Obrador, sobre todo tratándose de una reforma que, en el discurso oficial, busca expurgar de corrupción el sistema de impartición de justicia en México. Adán Augusto López ha cumplido con su labor, al costo que sea. Y no ha terminado de cobrar facturas. Como era de esperarse, el INE tiró por los suelos la reelección de Alito Moreno al frente del PRI el miércoles, un día después de la votación de la enmienda constitucional. El jueves, el exsecretario de Gobernación se reunió en privado en el Tribunal Electoral con los magistrados Mónica Soto y Felipe Fuentes, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del órgano judicial. El Tribunal deberá confirmar, o no, la resolución del INE. El aún dirigente del PRI puede estar contando los días que le quedan como caudillo de su formación.

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