López Obrador critica la consulta de Norma Piña para frenar la reforma judicial: “Sería una aberración”

“Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución”. Así reaccionó Andrés Manuel López Obrador a la consulta realizada por Norma Piña a la Suprema Corte para saber si está facultada, como ministra presidenta, para frenar la discusión de la reforma judicial en el Congreso hasta que el Alto Tribunal determine si la propuesta de ley es constitucional o no. El presidente aseguró que una intervención de la Corte en mitad del proceso legislativo, un hecho inédito en México, “sería una intromisión burda” y una “arbitrariedad”. “No tiene fundamento legal”, afirmó el mandatario en La Mañanera de este viernes, a cuatro días de que la iniciativa se discuta en el Senado.

La polémica se desprende de una solicitud presentada esta semana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed) para que la Corte detenga la discusión de la reforma como medida cautelar hasta que se pronuncie sobre su constitucionalidad. La Jufed argumenta que los despidos masivos de operadores de la justicia a consecuencia de la nueva ley implicarían una violación a la independencia judicial, los derechos de los trabajadores y las garantías fundamentales de los ciudadanos, cuyo acceso a la justicia se vería vulnerado.

Piña, sin embargo, no sabe si tiene esa facultad como presidenta de la Suprema Corte y abrió dos consultas el jueves para revisar el asunto con el resto de los 11 ministros. Pese a que se trata de un procedimiento habitual, la posibilidad de que el Alto Tribunal frene la discusión en el Legislativo llegó envuelta de polémica, porque los ministros suelen pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley después de que es aprobada, no cuando apenas se está discutiendo. La reforma ya pasó por la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada y no necesitan negociar con la oposición para impulsar cambios en la Constitución. En la Cámara alta, el bloque gobernante está a una curul del umbral de dos tercios de los legisladores que necesita para dar luz verde a la iniciativa y tiene previsto que la discusión sea el próximo martes.

López Obrador se pronunció de forma tajante contra la mera posibilidad de que la Corte tantee siquiera una intervención de este tipo y dijo que iba en contra del Estado de Derecho. “Sería optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción”, afirmó. La reforma judicial, propuesta por el presidente desde febrero pasado, pretende que jueces, magistrados y ministros del Supremo sean electos por voto popular, crea un nuevo tribunal disciplinario y reduce el número de integrantes de la Corte.

La Jufed, que cuenta con más de 1.200 agremiados, argumenta que la amenaza a la independencia judicial amerita medidas excepcionales y afirma que la Corte tiene la última palabra para dirimir cualquier controversia e interpretar los artículos de la Constitución relativos al Poder Judicial, su conformación y atribuciones. La consulta de Piña a la Corte se turnó a Lenia Batres, la última ministra en ser nombrada por López Obrador y la principal defensora de la reforma judicial entre los ministros. Batres mostró su apoyo a estudiantes que se manifestaron el jueves a favor del proyecto afuera de la sede del Alto Tribunal, en respuesta a jóvenes de facultades de Derecho y trabajadores del Poder Judicial que se han movilizado para expresar su descontento.

La Suprema Corte suspendió actividades hasta el próximo lunes, después de esta semana nueve de cada 10 trabajadores votaran a favor de cesar sus labores. La Jufed se declaró en paro desde el pasado 21 de agosto e integrantes del Poder Judicial en más de una veintena de Estados se han sumado a las protestas en contra. Los manifestantes bloquearon la Cámara de Diputados, lo que obligó a que se buscara una sede alterna para concretar la aprobación, en una sesión caótica que inició la tarde del martes y culminó en la mañana del miércoles. También hubo bloqueos en el Senado y se han convocado a nuevas movilizaciones para este fin de semana, entre ellas una marcha a la sede de la Cámara alta el domingo.

La reforma judicial, la primera reforma constitucional de la legislatura que arrancó el pasado 1 de septiembre, ha supuesto un choque entre el oficialismo y la oposición, así como entre los poderes de la unión. Tras dos años de tensiones con el Poder Judicial, López Obrador pidió que fuera aprobada antes de que concluya su mandato el próximo 1 de octubre. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pidió blindar el proceso para evitar impugnaciones. Los partidos opositores, sin embargo, ya alistan los recursos para llevar el asunto a los tribunales y buscan mantenerse como un bloque cohesionado para frenar la aprobación en el Senado. La Suprema Corte decidirá el próximo lunes si mantendrá la suspensión de actividades y los pasos a seguir de la protesta.

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