Las potencias de izquierda de América Latina buscan una salida negociada al conflicto poselectoral de Venezuela

Los Gobiernos de Brasil, Colombia y México, las tres potencias -junto a Chile- gobernadas por la izquierda en América están buscando una salida al conflicto poselectoral venezolano, que ya se ha cobrado algunas víctimas mortales en las revueltas populares ante la falta de acuerdo sobre quién ha sido el ganador de los comicios. Los tres líderes, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, se han emplazado, en una suerte de frente de izquierdas, para sostener una conversación telefónica este jueves por la tarde y acordar la postura que mantendrán sobre este asunto. No hay todavía un recuento fiel de los votos emitidos y se desconoce aún el resultado plasmado en muchas de las actas, pero ambos candidatos se han dado por ganadores en los últimos días, tanto el presidente Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia. El asunto se ha enredado y ha suscitado las intervenciones de la comunidad internacional, que reclama un proceso abierto y limpio del que emane un resultado veraz que ponga paz en Venezuela.

Los tres mandatarios, con los que Maduro aún guarda formas diplomáticas, tratan de sortear esta crisis con una salida lo más indolora posible y que facilite un ganador acorde a los procesos electorales democráticos y la legalidad venezolana. En los últimos días, las declaraciones de algunos presidentes de América Latina, en las que daban por ganador a González Urrutia y acusaban a Maduro de falsear los resultados a su favor, han abierto severas crisis en la región. Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay y ha exigido la salida del país de los embajadores. El resto trata de salvar la situación con templanza. La extensa crisis política venezolana atraviesa sus peores momentos.

Lula, presidente de Brasil, se ha referido personalmente a las elecciones venezolanas en dos ocasiones desde las votaciones del domingo. Y en cada caso en un tono bien distinto. En una entrevista televisiva el martes, afirmó: “No ha habido nada grave, ni anormal”, minimizando la crisis abierta por las sospechas de fraude. Pero, esa misma tarde, conversó con el presidente Joe Biden, de EE UU, y juntos urgieron en una nota pública a Maduro a probar su proclamada victoria. Biden y Lula reclamaron a las autoridades electorales venezolanas que divulgaran “de inmediato datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los colegios electorales”. Cuatro días después de la votación, no lo ha hecho.

El mandatario brasileño ha impulsado otros movimientos. Envió a Caracas a su asesor diplomático, el veterano Celso Amorim, que se reunió el lunes tanto con Maduro como con el opositor González Urrutia. Y el teléfono del canciller brasileño, Mauro Vieira, está al rojo vivo. Maduro, según Globo, ha solicitado conversar con Lula. El presidente brasileño restableció las relaciones diplomáticas con Caracas al regresar al poder, en 2023, pero su intento de romper el ostracismo del chavismo ha fracasado.

También el presidente colombiano, Gustavo Petro, lleva tiempo empeñado en un acuerdo político en Venezuela. Desde hace dos años viene sosteniendo que se necesitaba sentar a las partes, Gobierno y oposición, para que aseguraran por escrito que aceptarían los resultados electorales. Ese apartado viene citado en los acuerdos de Barbados, donde se definió la fecha de las elecciones que se celebraron el domingo, pero Petro reclamaba un documento aparte, exclusivo. Colombia, Brasil, México y Chile serían testigos, garantes, fedatarios. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el embajador de ese país en Caracas, Milton Rengifo, trabajaron en esto durante varios meses. Ambos son operadores políticos de la máxima confianza de Petro. Llegaron a redactar un borrador que tuvo el colombiano en su poder y que solo quedaba enviarle a Maduro. Pero en el chavismo no quisieron darse por enterados y retrasaron cualquier respuesta a esta petición. El documento quedó en un cajón. Ahora que toda la situación se ha complicado con la sospecha de fraude, Petro ha rescatado ese papel y lo vuelve a poner en común con el resto de presidentes aliados de la región. Ese acuerdo debía servir para asegurarle al ganador que gobernaría con estabilidad y, al perdedor, que no sería perseguido. Parece claro que el chavismo, salvo que la situación cambie porque enseñen unas actas verdaderas que le den la victoria, sería el actor que debiera abandonar el poder, con las condiciones pactadas.

Los funcionarios colombianos empezaron a trabajar en ello desde la madrugada del lunes, cuando se anunciaron los resultados y la sospecha de fraude se instaló desde el primer momento. Se han sucedido llamadas y videoconferencias. El canciller Murillo se mantiene 24 horas al tanto de todo lo que ocurre, exclusivamente centrado en este asunto.

En México, la postura respecto al conflicto ha sido templada desde el primero momento. El presidente López Obrador no quiso reconocer ningún ganador ni perdedor tras el domingo electoral y ha esperado pacientemente. No ha ahorrado críticas, sin embargo, a la Organización de Estados Americanos (OEA) por haber denunciado la “aberrante manipulación” y el “proceso sin garantías” de los comicios. “¿Con qué facultad se erige como juez? Eso, en vez de ayudar, agrava”, ha censurado esta misma mañana el mandatario mexicano, siempre defensor de la soberanía de los países. Pero López Obrador también ha vivido en carne propia elecciones que, sostiene, le fueron robadas, por eso su posición en este asunto es prudente. Confía, ha declarado este jueves en su conferencia matutina, en que el sistema legal venezolano y los tribunales electorales saquen un resultado limpio de todo esto. “El presidente Maduro ha planteado que va a entregar las actas y que está pidiendo al órgano electoral que convoque a los candidatos a entregar la información que posean. Se sostiene que hubo intromisión, hackeo, pero eso hay que probarlo”, ha señalado. Y ha pedido, en primer, lugar, que cese la violencia en el país. Buscando aún calmar los ánimos, ha añadido: “Legalmente tienen 30 días [para resolver el resultado electoral] ¿Por qué tanta prisa?”, y acto seguido ha dicho que espera que los tribunales resuelvan “en el menos tiempo posible”.