Una ola de secuestros masivos pone en jaque a Nuevo León

En Nuevo León se está viviendo una ola de desapariciones masivas. En solo un mes, al menos 42 personas han sido secuestradas de forma colectiva en tres puntos del Estado. La mayoría han sido liberadas, pero siete siguen sin ser localizadas, según la Fiscalía estatal. Ciénega de las Flores, Salinas Victoria y Anáhuac se han convertido en los vértices de un triángulo criminal. El último episodio, el secuestro de 12 trabajadores de la construcción y su liberación horas después este lunes, ilustra el fracaso del Estado en contener a los grupos delincuenciales que operan con impunidad en el territorio.

En la madrugada del domingo, 12 albañiles fueron secuestrados en Anáhuac, un pequeño municipio ya cerca de Texas, en la frontera con Estados Unidos. Se los llevaron en la noche y los devolvieron unas 24 horas después, después del ruido mediático y un operativo de búsqueda. El primero del grupo en ser localizado fue un joven de 17 años. Fue encontrado en Nuevo Laredo, ya en Tamaulipas, a unos 70 kilómetros de donde fue secuestrado, en una búsqueda con el Ejército. Después de su hallazgo, en la madrugada de este lunes liberaron a los otros 11 trabajadores. No se ha especificado dónde. “Todos en aparente buen estado de salud”, ha dicho a EL PAÍS la Fiscalía de Nuevo León.

Justo en Anáhuac se rescató hace cinco días a Humberto Villarreal, un estudiante de 21 años que había sido secuestrado el 21 de marzo en Ciénega de las Flores. Hay 200 kilómetros entre ambos municipios. Villarreal fue arrancado de su casa a las dos de la madrugada, según contó su tía Marisol Sánchez a Milenio. Los secuestradores rompieron la puerta de la vivienda con hachas y se lo llevaron en ropa interior, después de amenazar al resto de la familia: “Me amenazaron que no hiciera denuncia, de lo contrario me lo iban a entregar en pedacitos”. La mujer cuenta que llamó en el momento de la agresión a la policía, pero que esta nunca llegó. Ese mismo día, también desapareció una mujer en Ciénega, la cual todavía no ha sido localizada.

Mientras se buscaba a este alumno de la Universidad TecMilenio, la maquinaria siguió girando. En la noche del 23 al 24 de marzo, de nuevo en Ciénega de las Flores, secuestraron a 13 personas, entre ellas seis niños. Los menores y un adulto fueron liberados el 31 de marzo. Uno de ellos dijo haber estado recluido con Humberto Villareal, lo que dio pistas de que el joven seguía vivo. Seis de esas personas, cuatro hombres y dos mujeres, siguen sin ser localizadas.

El 27 de marzo otras 13 personas, que venían de cuatro familias, fueron raptadas en Salinas Victoria, el municipio de al lado de Ciénega. Entre ellas, había de nuevo seis menores. La Secretaría de Defensa informó de su liberación el 1 de abril. En el comunicado, la dependencia federal, anunció que además de esos 13 secuestrados, habían liberado a otras tres personas del municipio que llevaban más de 20 días en poder del crimen. “Todo esto está sucediendo ante los ojos de las autoridades”, dice Angélica Orozco, integrante del colectivo Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDNL).

No es la primera vez que Nuevo León sufre por sus desaparecidos. En el Estado hay 6.722 personas sin localizar: es la quinta entidad de México con mayor número, después de Jalisco (15.000), Tamaulipas (13.170), Estado de México (12.380) y Veracruz (6.885). Una de sus últimas crisis fue hace justo dos años con la desaparición de mujeres jóvenes en la periferia de Monterrey: María Fernanda, Debanhi, Yolanda son algunas de las que fueron halladas ya sin vida. Un poco antes, entre agosto y noviembre de 2021, fue en Sabinas Hidalgo, donde los grupos criminales se llevaron a 11 chicas, solo han aparecido dos, también muertas. También en 2021, en el camino de Monterrey a Nuevo Laredo, en la llamada carretera de la muerte, más de 100 personas fueron desaparecidas en un tramo de apenas 200 kilómetros. En ese momento, las autoridades apuntaban a que eran secuestros de control de territorio, de un grupo criminal tratando de buscar a los contrarios. En una dinámica que puede estar repitiéndose ahora.

“Las desapariciones colectivas siguen sucediendo porque pueden, porque siguen las mismas condiciones de impunidad”, apunta Orozco, “la misma impunidad hacia los perpetradores que continúan libres y no hay justicia ni verdad hacia las familias, y también impunidad hacia los servidores públicos que no han hecho bien su trabajo, que ni siquiera reconocen la gravedad de estos delitos, que continúan en puestos claves en la procuración de justicia. Vemos que las desapariciones multitudinarias continúan y que no se detienen, en parte porque el Gobierno no quiere aceptar lo que está pasando”.

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