El ataque a un vehículo del Tribunal Electoral apunta a las pugnas del crimen organizado en Ciudad de México

El asesinato de un trabajador del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) la noche del lunes asestó una nueva sacudida al ambiente político mexicano, ya enrarecido por la cadena de agresiones y asesinatos cometidos contra candidatos en el marco de las elecciones del 2 de junio. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra los tripulantes de un vehículo oficial del Tribunal Electoral que estaba estacionado en una calle de la alcaldía Xochimilco, al sur de Ciudad de México. En el ataque murió José Basilio Torres, de 33 años, que se estrenaba como chofer del director de Comunicación Social del TEPJF, Eduardo del Río. También murió un acompañante, Irvin Joel Gutiérrez Martínez, de 34 o 35 años. Un tercer hombre, que estaba en la parte trasera del vehículo, sobrevivió. Las primeras investigaciones, a cargo de las autoridades capitalinas, refieren que el ataque no estuvo dirigido ni al Tribunal Electoral, ni a Del Río —usuario legítimo del vehículo— ni a Basilio Torres, sino a Gutiérrez Martínez, alias El Cri Cri, y se conecta con una pugna entre los grupos del crimen organizado en la capital, según han informado a este periódico personas allegadas al expediente.

El Cri Cri ya había sido objeto de un ataque previo del que resultó herido, en enero, de acuerdo con una ficha informativa difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Ese indicio ha llevado a los investigadores a presumir que los atacantes pertenecen a Los Rodolfos, un grupo criminal dedicado al tráfico y la venta de drogas, la extorsión, la prostitución y el asesinato. La organización edificó su bastión en Xochimilco, a la caída, en 2017, del líder criminal Felipe Jesús Pérez, El Ojos, que operaba en la vecina alcaldía Tláhuac. Los Rodolfos extendieron su influencia a Tlalpan, Coyoacán, Milpa Alta e Iztapalapa, a lo largo y ancho del sur de Ciudad de México. Los papeles de la Sedena revelados por los hackers de Guacamaya refieren que la agrupación ha tenido una alianza con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para aprovisionarse de drogas y armas, y ha sostenido una guerra con la Unión Tepito. Los Rodolfos han sufrido fuertes golpes a su estructura criminal. En 2021 fue asesinado su líder, Héctor Rodolfo Rodríguez, La Gorda, y en 2022 fue capturado el sucesor de la jerarquía, Julio César Rodríguez, El Negro. El Gobierno capitalino considera que la organización está camino de ser desarticulada.

El ataque del lunes en el territorio mismo de Los Rodolfos ha vuelto a poner la luz sobre un grupo criminal cuyo poderío mengua. El tripulante que sobrevivió es quien dio el primer testimonio sobre la agresión a tiros, ocurrida alrededor de las diez de la noche. El ataque sucedió frente a la casa de Basilio Torres, el chofer de Del Río, en la colonia Santa Cruz Xochitepec, un barrio construido en las faldas de un cerro, en torno a angostas callejuelas y callejones sin salida. Ocurrido la noche del lunes, no fue sino hasta 24 horas después que el TEPJF informó de los hechos, orillado por la presión de los trascendidos en la prensa. El escueto comunicado no mencionaba que un colaborador de la institución estaba entre las víctimas. Se limitaba a ofrecer colaboración con las autoridades de seguridad y a emitir un pésame a deudos anónimos.

Autos blindados para los magistrados

Basilio Torres no había comenzado a trabajar formalmente para el Tribunal Electoral cuando quedó en medio del fuego dirigido a El Cri Cri. Ya había firmado la documentación para ejercer de chofer del vocero del TEPJF, pero iniciaba funciones el día siguiente de su asesinato. Según funcionarios del Tribunal Electoral consultados anónimamente por este diario, Basilio Torres recogió a Del Río en el auto oficial —un sedán Sentra— la noche del lunes, lo llevó a su casa y luego se dirigió en el vehículo a su propio domicilio en Xochimilco, con la intención de recoger a la mañana siguiente a su jefe.

La agresión a balazos prendió las alertas en el TEPJF, que, a la par de reclamar una investigación exhaustiva sobre el homicidio, comenzó a gestionar protección adicional para los magistrados electorales, enmarcando el ataque en el clima de violencia contra actores políticos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles de que un centenar de funcionarios del tribunal, entre ellos los magistrados, solicitaron seguridad al Gobierno federal. La responsabilidad de su resguardo ha recaído en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya ha asignado escoltas a varios de los solicitantes.

Pero la petición de protección no se ha limitado al reforzamiento de la vigilancia. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, instruyó gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la asignación urgente de camionetas blindadas para los cinco magistrados de la Sala Superior y los 18 jueces de las Salas Regionales y la Especializada. Hasta ayer por la tarde, el CJF les había enviado cinco camionetas, que se suman a dos vehículos que el tribunal tenía en su inventario. Estos vehículos blindados serán utilizadas por los jueces de la Sala Superior que así lo deseen, de acuerdo con fuentes del TEPJF.

El crimen del lunes también provocó la caída del director general de Protección Institucional del tribunal, el capitán de navío en retiro Raúl Huerta Martínez, que había sido designado hace unas semanas por Soto. En su lugar fue nombrado Luis Felipe Cangas, exfuncionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que también desempeñó cargos este sexenio en la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Transparencia (INAI).

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