El asesinato de Gisela Gaytán destapa graves fallos en la protección de candidatos electorales

El asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya (Guanajuato), la tarde del lunes, ha dado paso al reparto de culpas entre las autoridades federales y las del Estado respecto de quién es responsable de proteger la vida de los aspirantes a cargos de elección. Este ha sido uno de los procesos electorales más inseguros para los políticos y candidatos, que han sido puestos en la mira del crimen organizado. Horas antes de ser atacada a balazos en plena calle, Gaytán había declarado a la prensa que había solicitado protección, como parte del mecanismo diseñado por las dependencias de seguridad federales y estatales para cuidar a los aspirantes. Su asesinato puso de manifiesto las graves fallas de ese mecanismo institucional, y reavivó este martes la confrontación por el tema de la inseguridad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guanajuato, el opositor Diego Sinhue Rodríguez (del PAN), y su fiscal estatal, Carlos Zamarripa. “El gobernador gobierna, pero no manda”, ha afirmado el presidente en su conferencia matutina.

En febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE), las autoridades de seguridad y los partidos políticos acordaron que las dependencias federales —la Guardia Nacional y el Ejército— diesen protección a los candidatos a las gubernaturas, a la Cámara de Diputados, al Senado y a la presidencia de la República. Las solicitudes de protección de los aspirantes a cargos locales —diputaciones, alcaldías y regidurías— serían enviadas por el INE a los institutos electorales estatales (Oples) y a las instancias de seguridad locales. Oficialmente, este año, 15 aspirantes a cargos de elección han sido asesinados, según cifras difundidas este martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La mayoría de las víctimas han sido, precisamente, los candidatos a cargos locales, lo que demuestra que, aun siendo los más vulnerables, son también los más desprotegidos por el mecanismo.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, ha detallado que Morena, el partido en el que militaba Gaytán, solicitó al INE protección para diversos candidatos a cargos federales y locales. La petición se hizo en marzo (no precisó la fecha exacta). La funcionaria señaló que el INE turnó la solicitud de protección de Gaytán al Instituto Electoral de Guanajuato, conforme al diseño del mecanismo. El instituto local, según el relato de Rodríguez durante la conferencia de López Obrador, respondió que no se brindaría seguridad a Gaytán en ese momento porque aún no comenzaban las campañas. En Guanajuato, las campañas para las alcaldías comenzaron el pasado domingo 31 de marzo. El segundo día de las campañas, cuando fue asesinada, Gaytán seguía sin resguardo.

A las fallas del mecanismo de protección de candidatos hay que sumar la circunstancia específica del Estado. Guanajuato, gobernado por el PAN desde la década de los noventa, lleva un récord en el sexenio entre los Estados con más homicidios. Además, Celaya, una de las ciudades más importantes de la Entidad, ha sido una trampa mortal para los policías municipales. En el último año, al menos 22 agentes han sido asesinados por el crimen organizado.

El trasfondo de la inseguridad ha sido alimentado por las tensiones políticas entre ambos niveles de Gobierno (el presidente fue votado por Morena, y el gobernador del Estado, por el opositor PAN). López Obrador ha cargado este martes de nueva cuenta contra el fiscal estatal, Carlos Zamarripa —que ha permanecido 15 años en ese cargo— por los malos resultados en materia de seguridad, y ha pedido otra vez su remoción, una facultad exclusiva del Congreso de Guanajuato, de mayoría panista. El presidente sugirió que en torno al fiscal se ha creado un grupo fáctico que gobierna el Estado a espaldas de Rodríguez, a quien se refirió como “una gente buena, no perversa”. “Hay una relación muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador”, ha dicho.

López Obrador contó que, cuando asumió la presidencia, le ofreció a Rodríguez ayuda política para remover al fiscal. El gobernador no solo no le hizo caso, según el presidente, sino que cobijó a Zamarripa. Morena ha hecho campaña con la consigna de tumbar al fiscal. La abanderada presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, afirmó en días pasados que, para mejorar la situación de seguridad en el Estado, es necesario echar a Zamarripa, por lo que llamó a la ciudadanía a votar por los candidatos de Morena al Congreso estatal, a fin de que el partido tenga la mayoría necesaria para removerlo del cargo en la próxima Legislatura.

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