El juez da un revés a la Fiscalía en el caso contra OHL por la polémica concesión del Viaducto Bicentenario

La Fiscalía General de la República (FGR) se ha llevado un revés judicial en un caso de corrupción que habría sentado un precedente en la lucha del Gobierno por recuperar los bienes nacionales entregados a particulares en la época del PRI. La FGR había presentado una acusación contra la constructora española OHL y su sucesora, Aleática, por la probable explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kilómetros construida sobre la carretera México-Querétaro, un camino de carácter federal. La concesión fue entregada a OHL en 2008 por el Gobierno del Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en los años dorados del poderío y los negocios del PRI en esa entidad. La Fiscalía acusó que la concesión fue ilegal porque, conforme a las leyes mexicanas, los permisos de explotación sobre vías generales únicamente pueden ser concedidos por el Gobierno federal, nunca por gobiernos estatales, como sucedió en el caso del Viaducto Bicentenario.

En una polémica audiencia que ha durado dos días, desde el martes hasta este miércoles, el juez estatal Daniel Ramírez Peña decidió que no existe delito que perseguir y ha ordenado dar carpetazo al expediente, con lo que ha quedado intacto el derecho de OHL-Aleática sobre la vialidad cuestionada. La Fiscalía ha anunciado que impugnará la decisión ante un tribunal colegiado y que denunciará al juez. A su vez, el abogado Paulo Díez, que presentó buena parte de las denuncias contra la compañía y que tenía el carácter de víctima en la causa judicial, ha afirmado que valora promover una queja en la Judicatura contra el juez Ramírez, por presuntas irregularidades en su conducta.

El abogado relata que, al inicio de la audiencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México), Ramírez atacó a los fiscales, a quienes reprochó una “deficiencia” en la exposición de los cargos, para después anunciar que, si esa actitud persistía, no tendría mayor remedio que no procesar a los acusados, según el relato de Díez, que estuvo presente. El abogado señala que es grave que el juez haya adelantado cuál sería su resolución antes de conocer los cargos. Los propios fiscales le exigieron al juez excusarse del caso, por su falta de imparcialidad, y pidieron que el expediente fuese turnado a otro juzgador, pero Ramírez no cedió. “El grado de injusticia con el que actuó el juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible”, señaló la FGR en un comunicado. Otra irregularidad, agrega Díez, es que el juez no quiso reconocerle a él su carácter de víctima, a pesar de la existencia de una resolución de un tribunal colegiado que le dio al abogado esa calidad, y le pidió abandonar la audiencia.

La FGR había acusado al actual director de OHL-Aleática, Rubén López Barrera, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y José Andrés de Oteyza. Este último, un exfuncionario en el gobierno del priista José López Portillo, de 81 años, fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015, cuando se vio forzado a dimitir del cargo luego de que salió a la luz una serie de escuchas telefónicas entre altos cargos de la compañía y funcionarios mexiquenses (del PRI) que sugerían enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en el Estado de México.

La Fiscalía acusó también a cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México (2017-2022), señalados de haber firmado en 2020 un convenio para “legalizar” la concesión entregada a OHL. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que OHL-Aleática no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario. La Fiscalía no lo imputó en esta primera audiencia.

Aleática celebró la decisión del juez de ordenar el cierre del expediente. “Nos alegramos de que juez de control haya advertido que el caso carece de elementos. No cabe duda de que nuestro director general en México, Rubén López Barrera, no hizo más que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un Título de Concesión, que se otorgó de forma competitiva, válida y en pleno vigor. La resolución del juez lo reconoce”, indicó la compañía en un comunicado.

El “convenio de la vergüenza”

OHL-Aleática ha defendido que su concesión del Viaducto Bicentenario fue obtenida en un proceso legal de licitación y en las mejores condiciones de competitividad en 2008. Como parte del permiso, el Gobierno del Estado de México le concedió a la empresa el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038. Para la Fiscalía, que sostiene que el Gobierno estatal priista no tenía la legitimidad para otorgar la concesión, se configura el delito de explotación ilegal de un bien de la nación y el de asociación delictuosa entre los funcionarios y empresarios implicados. El centro de la acusación es que el viaducto elevado se construyó ilícitamente sobre una vía general de comunicación (la carretera México-Querétaro, a la que el viaducto se encuentra permanentemente incorporado), pues nunca existió un permiso otorgado por el Gobierno federal, la única autoridad facultada.

En 2020, la Administración de López Obrador emprendió un procedimiento administrativo, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para determinar si había sido legal o no la concesión del Estado de México a OHL. El Gobierno mexiquense —el mandatario ya era Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto— sacó a relucir un convenio de 1983 con el que, supuestamente, la Federación le había cedido el control del tramo de la carretera México-Querétaro sobre el que se construyó el viaducto elevado. El problema es que de ese convenio no existe más que una copia; además, lo que la Federación le cedió al Gobierno estatal fue apenas un pequeño ramal de la carretera, y nunca el tramo de 22 kilómetros sobre el que OHL construyó el Viaducto Bicentenario, según la Fiscalía.

En medio del proceso de sanción de la SICT comenzaron a ocurrir presuntas manipulaciones para favorecer a OHL, según las pruebas recabadas por la Fiscalía. En un principio, el proyecto de dictamen de la Secretaría iba en el sentido de sancionar a los funcionarios mexiquenses que otorgaron la concesión sin tener facultades para ello, y recuperar para el Gobierno federal la vialidad. Sin embargo, sorpresivamente, en un breve periodo, la propia SICT cambió el sentido de su procedimiento de sanción, y no solo retiró las acusaciones iniciales, sino que convalidó la versión de que el Estado de México tenía el poder de concesionar a OHL la operación de la vialidad. Esto último se logró gracias a la firma de un convenio entre la SICT y el Gobierno estatal para “regularizar la posesión física y jurídica” del derecho de vía.

Ese convenio, gracias al cual se dejó sin materia la sanción al Gobierno mexiquense y se le dio un respiro a OHL, se ha vuelto el centro de todas las sospechas. La clave está en las fechas. El dictamen mediante el que la SICT canceló el proceso de recuperación establece que el convenio se firmó el 1 de octubre de 2020. No obstante, de acuerdo con el abogado Díez, existe un documento oficial que muestra que no fue sino hasta el 9 de octubre que el convenio se suscribió. Es decir, la SICT cerró el expediente con anticipación, y además quedó de manifiesto que ese convenio siempre formó parte de un plan para dejar sin sustancia el procedimiento de sanción. Los firmantes del convenio son los exfuncionarios del Gobierno de Del Mazo acusados por la Fiscalía. Uno de ellos, Bezares, fue además señalado de usurpación de funciones, pues firmó como director de la Junta de Caminos cuando ya había dejado el cargo.

El abogado Díez, autor de la denuncia original, sostiene que OHL-Aleática ha obtenido ingresos por alrededor de 7.000 millones de pesos durante el tiempo que ha estado en operación el viaducto elevado (se inauguró en septiembre de 2010). Si el proceso judicial hubiese prosperado, el Gobierno federal habría podido recuperar la vialidad, con todo y la infraestructura construida por la empresa española, sin tener que pagarle una indemnización, conforme la Ley General de Bienes Nacionales. La propia OHL estima que el valor de la infraestructura del Viaducto Bicentenario es de más 11.788 millones de pesos. Esa recuperación, de momento, ha quedado detenida.

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