Cacería de policías en Celaya

De entre las pequeñas guerras que corroen regiones enteras de México, destaca estos días la de Celaya, donde criminales la han tomado con la policía municipal. Este jueves, sicarios asesinaron a un agente de la ciudad, cuando se trasladaba en coche junto a su mujer y su hija. Los pistoleros le atacaron a balazos y este, que resultó herido, murió más tarde en el hospital. Su asesinato era el último de una larga lista de ataques registrados contra la corporación en el último mes. Guanajuato es el Estado que más asesinatos de policías registra en el país.

Desde el 24 de enero, casi no ha habido semana sin ataques. Ese día, pistoleros atacaron a un grupo de agentes entre Celaya y Salvatierra. Cuatro murieron. El día 26, criminales asesinaron a balazos a un agente de tránsito en la ciudad. Dos días más tarde, sicarios emboscaron a un contingente de policías, pero los agentes lograron defenderse y matar a tres de los atacantes. Por entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional mandó a medio millar de militares a la zona para tratar de contener a los grupos de delincuentes.

La cuenta sigue. Muchas veces, los sicarios embisten cuando los policías están de libranza, evitando que estos porten sus armas largas reglamentarias. Es el caso del agente asesinado ayer, cuando iba en el carro con su familia. O una compañera suya, asesinada junto a su hija de ocho años el 19 de febrero, a primera hora de la mañana, cuando se dirigían a la escuela. No hay momento de paz ni lugar seguro para los agentes. Desde el 24 de enero son ya 10 policías asesinados en la ciudad, según la cuenta de Causa en Común y el Proyecto Azul Cobalto, que monitorean los asesinatos de policías en México.

Aunque Celaya es un punto rojo, la tragedia policial afecta a todo el país. En lo que va de sexenio, al menos 2.273 policías han sido asesinados en México, según la cuenta de Causa en Común, una de las caras de la crisis de seguridad que vive el país desde hace más de 15 años y que deja anualmente más de 30.000 homicidios. Daniel Gómez-Tagle, analista y consultor en temas policiales y militares, y responsable del proyecto Azul Cobalto, señala que la peor parte se la llevan las corporaciones municipales. “Son las que más ataques y bajas sufren”, cuenta.

“Dentro del caso complicado del Bajío, la de Celaya es una situación fuera de control”, explica Gómez-Tagle. “La estadística de homicidios de policías municipales en el último año allí se ha disparado un 1000%, una situación que no tiene comparación”, detalla. “Si lo vemos por años naturales, en los últimos 365 días han matado a 22 policías municipales en la ciudad, por solo dos en el periodo inmediatamente anterior”, explica.

No hay municipio cuya situación se acerque a la de Celaya en todo México. Si acaso Coyuca de Benítez, un pueblo costero del Estado de Guerrero, donde mataron a 13 agentes municipales en una masacre en enero. Pero lo de Celaya es una embestida a cuentagotas, constante, avasalladora. “El problema no es solo el asesinato de estas personas”, añade Gómez-Tagle, “sino también, desde un punto de vista administrativa, la pérdida de estado de fuerza de la corporación”, concluye.

La cronología de ataques se cruza con eventos que dibujan la realidad de esta región del Bajío. Cerca de Celaya, en Salvatierra, criminales asesinaron a 11 jóvenes en una posada a mediados de diciembre. Semanas antes, las autoridades encontraron los cuerpos de cinco estudiantes junto al campus de la universidad local. Habían sido asesinados. La violencia criminal arreciaba, mientras las autoridades detenían a cabecillas de los grupos delincuenciales locales, principalmente el Cartel de Santa Rosa de Lima y del Jalisco Nueva Generación.

Policía Federal y militares colombianos

Para David Saucedo, consultor en temas de seguridad en la zona industrial del Bajío, la violencia allí se entiende en el contexto de la pugna entre estos dos grupos, con intereses en el control de las rutas carreteras, el narcomenudeo y el robo de combustible. “Celaya es una zona de alto consumo de drogas al menudeo”, explica. “Para el Cartel de Santa Rosa de Lima, los municipios colindantes son importantes, por la extracción de combustible de los ductos. Si tú visitas municipios como Apaseo El Grande, ves las bodegas, los depósitos rotoplás que usan para almacenar el combustible robado”, señala.

En el caso de Celaya, Saucedo, que asesora a empresas y embajadas extranjeras en la elaboración de protocolos de seguridad en la zona, señala el inicio de la embestida. Según cuenta, el actual alcalde, Javier Mendoza, que juró el cargo en octubre de 2021, inició una depuración de la policía municipal, señalada de vínculos con los dos grupos. “Mendoza nombró a un nuevo jefe policiaco, Jesús Rivera, que fue alto mando de la Policía Federal, y tomaron esa decisión. Pero los de Santa Rosa de Lima, que en realidad es el grupo más importante ahí, reaccionaron negativamente”, cuenta.

Saucedo explica que ahí empezaron las represalias. “Lo primero fue el hijo de Mendoza, asesinado por este grupo hace como año y medio”, recuerda. En agosto de 2022, pistoleros acabaron con la vida de Guillermo Mendoza, cuando salía de una farmacia. Sicarios lo acribillaron cuando se acababa de subir a su camioneta. Días más tarde, el Gobierno federal anunció la detención de seis personas, que vinculó al Cartel Santa Rosa de Lima.

“El alcalde ha mantenido de todas formas su postura, el combate a este grupo”, sigue Saucedo. “Y el jefe de policía mantiene la confrontación. Ha contratado a antiguos integrantes de la Policía Federal, que tienen mejor capacitación, y una mística mayor, un asunto de vocación de servicio. Y que, sobre todo, no tienen vínculos con mafia local”, añade.

Para acabar de complicar el asunto, parece que los grupos criminales de la zona buscan mano de obra especializada para combatir sus batallas, situación parecida a la que vive la zona serrana de Michoacán, al sur de La Huacana, estos últimos meses. “Los de Santa Rosa de Lima han contratado a militares colombianos, o sea profesionales. Resulta que las viudas de estos militares hicieron trámites para repatriar cadáveres, así supimos. Tenemos conocimiento de cuatro, al menos desde el año pasado. Y también contrataron a sicarios del grupo escorpión del Cartel del Golfo”, explica, “famosos por el caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros el año pasado. Pero bueno, el CJNG ha hecho lo mismo. Ha contratado kaibiles”, cuenta, en referencia a militares de élite del Ejército de Guatemala.

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