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López Obrador: “Cuando estaba Zaldívar nosotros respetuosamente interveníamos”

El presidente culpa a Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte, de que un juez federal haya otorgado prisión domiciliaria a Emilio Lozoya

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, junto a López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces ministro Arturo Zaldívar, en diciembre de 2021.GUSTAVO GRAF MALDONADO (Reuters)
Beatriz Guillén

Andrés Manuel López Obrador continúa su embestida contra el Poder Judicial. Este miércoles, el presidente ha aprovechado la decisión de un juez federal de otorgar prisión domiciliaria a Emilio Lozoya para atacar la gestión que está haciendo Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contraponerla con la de su predecesor, Arturo Zaldívar. “Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, cuando había un asunto así de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos”, ha dicho el presidente, que ha insistido en que Lozoya no habría salido del reclusorio si Zaldívar hubiera seguido al frente del máximo tribunal de México.

El cambio de medida cautelar para el exdirector de Pemex, que está acusado de corrupción por el caso Odebrecht, ha indignado al presidente mexicano, que ha acusado al Poder Judicial de “estar podrido” y de ir en contra de su Gobierno: “Todos los casos los perdemos”. A raíz de este ejemplo, López Obrador ha acusado a Norma Piña de dar a los jueces “licencia para robar, para hacer lo que quieran”. “No solo es la libertad para políticos, sino la delincuencia organizada”, ha dicho el mandatario, que ha recordado cómo eran este tipo de casos antes: “Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”.

Las palabras de López Obrador han sido muy criticadas dentro del gremio judicial, puesto que presuponen una intervención del Gobierno en la toma de decisiones judiciales. El abogado Miguel Alfonso Meza ha anunciado en X que van a denunciar a Zaldívar “por atentar contra la independencia judicial”, puesto que además de la “confesión” del presidente cuentan con “pruebas de varios casos en que lo hizo”. El litigante no ha hecho más especificaciones. Zaldívar estuvo durante 14 años en la Suprema Corte y durante cuatro fue presidente del máximo tribunal. En noviembre de 2023 anunció su renuncia a la SCJN para unirse al equipo de asesores de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

En una entrevista con EL PAÍS en enero, el ministro rechazó las críticas por la falta de independencia: “Son absolutamente infundadas. No hay una sola decisión mía que avale una falta de independencia. Allí están mis votos y los argumentos que sustentaron mis votos a lo largo de 14 años en la Corte. Que llevo una relación cordial con el presidente, es cierto; una relación institucional, de respeto, de confianza e incluso de afecto. Pero también es cierto que todos los presidentes de la Corte anteriores a mí llevaron una relación incluso más cercana con los presidentes de la República y ahí no se les criticó nunca. Cuando yo fui presidente de la Corte, se invalidaron varias leyes muy importantes de este Gobierno, y los jueces tomaron muchas decisiones en contra de este Gobierno”.

El presidente ha utilizado este caso para volver a empujar su reforma al poder judicial, con la que pretende que los jueces federales, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por votación popular. “Esa es la única manera de limpiar el poder judicial”, ha dicho. La primera elección de todos estos cargos judiciales sería en junio de 2025.

Las principales líneas de su propuesta son reducir la SCJN, para que se integre solo por nueve ministros, en lugar de los 11 actuales. La postulación a estos cargos no será abierta a toda la ciudadanía, sino que que el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Supremo a otros 10 (tras conseguir el voto aprobatorio de seis integrantes del pleno) y el Congreso a 10, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada Cámara). Los nuevos ministros durarían en el cargo 8, 12 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas (entre más votados, más tiempo se quedan). Los ministros actuales perderían su nombramiento en el momento en que los nuevos jueces tomen posesión del cargo, el 1 de septiembre de 2025.

También plantea eliminar las dos salas que hay ahora en la Suprema Corte para que todo se resuelva en el pleno y establecer un candado para que la Corte no pueda otorgar suspensiones de normas generales, una facultad que ha sido muy criticada por el presidente ya que fue lo que sucedió en su momento con el frustrado “plan B” electoral de López Obrador. El presidente asegura que los jueces están tomando decisiones “corruptas”, por lo que también quiere crear un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.

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Sobre la firma

Beatriz Guillén
Redactora de EL PAÍS en México. Trabaja en la mesa digital y suele cubrir temas sociales. Antes estaba en la sección de Materia, especializada en temas de Tecnología. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS. Vive en Ciudad de México.
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