El alegato del ministro Pérez Dayán contra la reforma para que los jueces sean electos por voto popular

No hay día más apropiado para hablar a favor o en contra de las reformas constitucionales que cuando se conmemora un aniversario más de la Carta Magna mexicana de 1917. El presidente de México y el partido oficialista, Morena, han elegido este día para enviar al Congreso una ambiciosa batería de iniciativas, una de las más importantes la de reformar el Poder Judicial para, entre otras cosas, permitir que los ministros y otros miembros de la judicatura sean electos por voto popular. Este día, también, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en contra de esa misma iniciativa, por voz del ministro Alberto Pérez Dayán. La aparición de este juez y su discurso no podía ser más simbólica. La semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que promoverá un juicio político en su contra por haber emitido el voto que asestó el golpe final a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el Ejecutivo. “Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar”, ha sostenido el ministro.

En un evento oficial en Querétaro, donde fue promulgada la Constitución hace más de un siglo, al que no han asistido ni el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ni la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, el ministro Pérez Dayán ha afirmado que la naturaleza del juez es incompatible con la del candidato a un puesto de elección popular. “Militancia y judicatura no son afines”, ha resumido. Pérez Dayán ha hecho suyas unas palabras del jurista y constituyente Paulino Machorro: “El magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública; no va a representar a nadie. […] Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores. […] Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella”, ha citado.

Pérez Dayán ha criticado la noción del Ejecutivo de que la Suprema Corte no es democrática porque sus integrantes no son electos por el pueblo (en la actualidad, son propuestos por el propio presidente y ratificados por el Senado). “Los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos, al surgir, precisamente, del propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro”, ha asentado. “Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que estas prescriben representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”, ha añadido.

Pérez Dayán fue puesto en la mira de Morena por haber ejercido un “voto de calidad” que permitió el desempate en una sala del Supremo y que finalmente terminó por enterrar la Ley Eléctrica oficialista, con la que López Obrador quería dar ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre otros competidores. El ministro ha hablado de la obligación del Supremo de invalidar una ley cuando el Legislativo no cumple el proceso de deliberación constitucional o cuando la norma es contraria a la Carta Magna. “El Tribunal Constitucional […] es el intérprete lúcido de la voluntad popular, materializada en la norma, que le permite y obliga a asegurarse de la conformidad de las leyes y sus procesos de creación con los preceptos supremos. De no atenderlos, esa la ley no es ley, y tampoco debe ser obedecida. Declarar su invalidez es la consecuencia de sus propios vicios. De esto no debe sorprenderse nadie”, ha afirmado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país