La Suprema Corte ordena que Luis Enrique Orozco jure el cargo como gobernador interino de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado que Luis Enrique Orozco jure el cargo como gobernador interino de Nuevo León. En una decisión de última hora, el máximo tribunal ha establecido que toda autoridad deberá abstenerse “de realizar nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo sin importar su denominación, hasta que se resuelva en definitiva” la controversia constitucional. La decisión de la Corte ha llegado 30 minutos antes del vencimiento del plazo para que Samuel García deje la gubernatura para arrancar su precampaña como candidato a la presidencia de la República. Orozco se ha presentado, después de la medianoche, en las puertas del Palacio de Gobierno para tomar posesión del Ejecutivo.

En un comunicado, la Corte señaló que el ministro Javier Laynez concedió la medida cautelar de la suspensión “a fin de evitar la indefinición en la titularidad del Poder Ejecutivo” de Nuevo León y para que “se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario para el periodo otorgado en la licencia” de Samuel García por seis meses. Esta resolución se deriva de la licencia solicitada por Samuel García, y que le concedió el Congreso, para separarse temporalmente del cargo como gobernador de Nuevo León a partir de este sábado 2 de diciembre. Antes de este fallo, García interpuso dos controversias constitucionales que le fueron admitidas. La Suprema Corte ha explicado que tomó esta decisión, entre otras cuestiones, para reconocer y dejar a salvo la facultad del Congreso local para designar al gobernador interino de dicha entidad.

Orozco fue elegido el miércoles por el Congreso de Nuevo León —formado por una mayoría del PRI y el PAN— como gobernador interino durante seis meses. En una acalorada sesión, los legisladores optaron por elegir a un funcionario de oposición. Desde entonces, García insistió en que no acataría la decisión del Congreso y seguiría insistiendo en que su secretario de Gobierno, Javier Navarro, fuese el nuevo titular del Ejecutivo. La tensión ha permanecido hasta el último minuto. García publicó la noche de este viernes un decreto en el que estableció que el único recinto oficial del Ejecutivo del Estado es el Palacio de Gobierno, en el corazón de la ciudad de Monterrey. Además, ordenó el blindaje de la sede y un grupo de policías antimotines estatales rodearon el recinto. La maniobra de última hora de García buscaba garantizar que Navarro tomase el control del Ejecutivo “No va a haber violencia, no se va a usar la fuerza, para eso están los tribunales”, aseguró García.

La polémica se ha dirimido también en los tribunales. De última hora, un juez de distrito revocó el nombramiento de Orozco como gobernador interino. El magistrado argumentó que el Congreso tiene que respetar el voto de los ciudadanos de Nuevo León y permitir que el nuevo titular del Ejecutivo sea de la misma plataforma electoral que Samuel García, es decir, de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, esta decisión judicial quedó eclipsada por el anuncio de la Suprema Corte.

García tenía como límite la noche de este viernes para dejar la gubernatura y acceder a una licencia para continuar con su aspiración como el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. A partir de este sábado inicia la licencia que le había concedido el Congreso local para ausentarse por seis meses. Sin embargo, en los últimos tres días, desde su regreso express al cargo para evitar la imposición de su sustituto se ha desencadenado una incipiente crisis de gobernabilidad en la entidad.

El costo de su breve regreso de tres días ha sido alto para García. Además de valerle el retiro de sus anuncios de radio y televisión por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha solicitado la cancelación de su registro. El argumento es que al mismo tiempo ostenta un cargo público y es precandidato presidencial. A este lío se suma el incidente de incumplimiento de sentencia que presentó García ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para invalidar el nombramiento del vicefiscal Luis Enrique Orozco como su sustituto.

García ha acusado de desacato al Congreso de la entidad ante un tribunal federal. Esto obedece a que el pasado martes, un día antes de la designación de Orozco como gobernador interino, en medio de un ambiente de violencia, el juez de distrito en materia laboral de la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, realizó una interpretación de la sentencia del máximo tribunal electoral que ha ordenado al Congreso local elegir al mandatario interino. Sin embargo, fue más allá y estableció que el sustituto debe ser electo por consenso y además pertenecer a la misma extracción partidista del gobernador electo, es decir, de Movimiento Ciudadano.

La mañana de este viernes el Poder Judicial de Nuevo León suspendió la licencia solicitada por el gobernador para contender por la presidencia de la República. García ha rechazado esa pelea legal argumentando que un tribunal estatal “no tiene competencia” en el asunto. “Es su nivel de desesperación”, así ha calificado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de campaña de García, la suspensión del juez de distrito que le cancela temporalmente la licencia que le otorgó el Congreso local. Álvarez Máynez ha acusado a las dirigencias del PAN y del PRI, presididas por Marko Cortés y Alejandro Moreno, de buscar incendiar el Estado para frenar la candidatura de García. “Que bueno que se quiten la máscara. Lo que no quieren es que Samuel García compita. Porque va a jubilar al PRI y al PAN. Esto que hace el Poder Judicial de Nuevo León es inconstitucional. El asunto ya fue resuelto por un tribunal de rango constitucional”, señala en una de sus publicaciones en redes sociales. Además, Álvarez Máynez asegura que en solo 11 días del inicio de la precampaña, el abanderado del partido naranja ocupa el segundo lugar de la preferencia electoral sobre la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

García está obligado a dejar el cargo desde este 2 de diciembre, de lo contrario estará impedido para registrarse como candidato presidencial del partido naranja y participar en el proceso electoral de 2024. La Constitución establece en su artículo 82 como requisito irreductible para quien ostente algún cargo de secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República o gobernador y aspire a la silla presidencial, que este se separe de su puesto seis meses antes de la elección. “Es un requisito constitucional” señala la consejera del INE, Claudia Zavala.

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