Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana de Abogados: “El Ejecutivo busca un control absoluto de la Suprema Corte”

Víctor Oléa Peláez (Ciudad de México, 64 años), presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), afirma que el Poder Judicial ha sido el único contrapeso efectivo frente a los deseos del Ejecutivo de modificar las instituciones conforme a su proyecto de Gobierno y ante un Congreso de mayoría oficialista sometido a la voluntad presidencial. El letrado advierte señales de que desde Palacio Nacional ahora se busca capturar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para socavar esa función de control constitucional. Primero —describe Oléa— vinieron las descalificaciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a los ministros, empezando por la presidenta del alto tribunal, Norma Piña; luego, el recorte al presupuesto del Supremo y el intento por apoderarse de los fideicomisos judiciales; después, el nítido plan de colocar en la Corte a una jueza fiel al oficialismo como reemplazo del ministro Arturo Zaldívar, que renunció para adherirse a la campaña de Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de Morena.

Oléa es integrante de una renombrada familia de abogados y diplomáticos. Su hermano, Xavier Oléa, recién fallecido, fue fiscal de Guerrero. Su primo, Víctor Flores Oléa, fue embajador de México ante la Unión Soviética y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Su padre, Xavier Oléa Muñoz, fue gobernador interino de Guerrero y embajador en Japón. El letrado recibe a EL PAÍS en las oficinas del Bufete Oléa y Asociados. En la entrada hay una armadura íntegra de samurái, obsequio del emperador japonés Hirohito a su padre; al fondo hay una catana enmarcada por un copioso librero de dos pisos que llega hasta el cielorraso. Oléa encabezará hasta febrero de 2025 la BMA, que reúne a cientos de abogados colegiados. En su administración ha integrado al consejo directivo a José Ramón Cossío, que fue ministro del Supremo de 2003 a 2018 y que ha sido muy crítico también con la gestión del gobierno.

Pregunta. ¿Cómo ve la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial?

Respuesta. Es una relación muy delicada y que ha generado una tensión muy lamentable. La abogacía organizada de México está en un franco espectro de indignación y preocupación. Esa tensión indiscutible entre el Poder Ejecutivo y el Judicial tiene otra vertiente: que la mayoría oficialista del Legislativo también está operando en contra del Poder Judicial. Entonces, estamos ante un caso donde abiertamente dos poderes están en contra del Judicial. Las tensiones aumentaron cuando salió como presidente de la Corte el entonces ministro Arturo Zaldívar y llegó en su lugar la ministra Norma Piña. ¿Por qué? Porque claramente se veía que había una franca inclinación de Zaldívar hacia los designios del Ejecutivo federal. Con la llegada de la ministra Piña como presidenta, eso cambió, no solo por ella, sino porque otros siete ministros más conformaron una mayoría de ocho que, efectivamente, ha servido de contrapeso en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales y en otro tipo de amparos que han sido muy fundados y que han ocasionado el enojo del Ejecutivo, que, de manera incontestable, pretende ahora nulificar al Poder Judicial.

P. ¿Está amenazada la independencia judicial?

R. Hemos constatado los embates, las referencias incluso groseras a la ministra Piña y a ese otro grupo de siete ministros a los que [López Obrador] ha acusado de traidores, de ser fifís, de estar en contra del pueblo. Y no ha parado en ello, pues vimos cómo se quemaban efigies de la ministra presidenta en la plaza pública en mítines del partido en el poder. Luego vino la pretendida asfixia presupuestal, reducir ahora el presupuesto de la Suprema Corte sustancialmente, el eliminar los fideicomisos, que son un derecho de los trabajadores. Pero lo más ejemplificativo es el envío de una nueva terna para sustituir al ministro Zaldívar, en la cual se nota que se está pretendiendo designar a una ministra total y absolutamente afín al Ejecutivo, es decir, no se quiere privilegiar la capacidad, la independencia ni la imparcialidad que se requieren para cualquier ministro de la Suprema Corte: se quiere obediencia absoluta, se denota la intención decidida del presidente de poner a alguien incondicional. Y eso, como abogacía, nos preocupa mucho, nos genera enorme alerta. Ya lo decía el ministro en retiro José Ramón Cossío: “sin independencia judicial no hay país”, y de eso tenemos que estar conscientes no solo los abogados, sino la sociedad en general.

P. Sin embargo, no es la primera vez que un gobierno intenta meter las manos en el Poder Judicial.

R. Tiene razón, no es nuevo ciertamente, pero nunca habíamos presenciado que el presidente de la República se refiera a los ministros de la forma en que él se refiere a ellos prácticamente todos los días en la mañanera; tampoco habíamos constatado que viniera una amenaza cumplida de asfixia presupuestal; tampoco, que viniera un ataque tan frontal contra los propios trabajadores del Poder Judicial, al pretender suprimirles derechos laborales y derechos adquiridos previamente. Es cierto que no es nueva la presión del Ejecutivo sobre el Judicial, eso no se podría negar, pero nunca como ahora. Nunca habíamos visto que un presidente se dirigiera a un ministro públicamente como un traidor o que lo tildara de corrupto sin prueba alguna, eso es algo nuevo, delicado y de la mayor gravedad.

P. ¿Qué opina de la propuesta oficialista de que se elija a los jueces por voto directo?

R. El Poder Judicial requiere de reformas, pero desde luego reformas analíticas, bien consensadas. Hay muchas cosas de cambiar positivamente, pero créeme que el que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular es un despropósito, porque además de ser totalmente contrario a la lógica, históricamente se ha demostrado que no ha funcionado, y basta ver las experiencias de otros países donde la elección popular de los ministros nunca ha funcionado; en Latinoamérica, Bolivia lo tiene, con resultados desastrosos.

R. ¿Cómo debería ser la reforma judicial?

R. Yo empezaría por reformar el mecanismo de designación de ministros de la Suprema Corte. No debería partir de una participación tan directa del presidente de la República, eso está vulnerando la independencia. ¿Qué mecanismo se puede organizar? Hay muchas formas de hacerlo, pero dejar ese protagonismo en manos del presidente no solo no está dando los resultados debidos, sino que acarrea peligros. Hoy, prácticamente —lo estamos viendo—, es ministro de la Corte el que el presidente decida. Eso es peligroso. También propondría una reestructura del Consejo de la Judicatura Federal, donde el presidente de la Suprema Corte no sea a su vez el presidente del Consejo, para que este realmente adquiera independencia. Sí creemos que hay reformas que se deben de hacer para el mejoramiento de la administración de justicia, pero en definitiva rechazamos las que se han planteado últimamente y que se basan sustancialmente en que los ministros sean designados por voto popular.

P. ¿Considera que esa propuesta del Ejecutivo implica, en los hechos, una disolución de la Corte?

R. Pues lo que se pretende es muy claro: el control absoluto de la Suprema Corte por parte del Poder Ejecutivo. Vienen momentos delicados. Afortunadamente se ha construido una mayoría importante que ha servido de contrapeso, con los ocho ministros que se requieren para los controles constitucionales, pero esa mayoría puede verse modificada, por lo menos, en noviembre del año que entra, a la salida del ministro Luis María Aguilar; él termina su periodo y el nuevo presidente o presidenta de la República tendrá la facultad de designar un nuevo ministro, y eso es preocupante, porque ahí sí pueden cambiar los paradigmas que han servido a este muy loable contrapeso. Si se opta por alguien sometido al Ejecutivo, entonces veremos roto ese equilibrio que se ha logrado con mucha dificultad y perderemos mucho de lo que se ha ganado.

P. La reforma de López Obrador depende de que Morena gane la mayoría calificada en el Congreso en 2024 (el llamado “Plan C”). ¿Qué tendrían que hacer los partidos de oposición para evitar ese escenario?

R. No solo el presidente tiene esa visión: ya hemos visto que la candidata a ser presidenta por el partido oficial [Claudia Sheinbaum] ha exteriorizado esa misma idea. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Pues, buenas campañas para que el Congreso del Unión no conceda al partido oficial esa mayoría que le permitiría hacer reformas constitucionales de ese calado. Tenemos como sociedad que ser conscientes de esos peligros abiertos y francos, y buscar a toda costa que el próximo Congreso, no importando quién gane la presidencia, esté equilibrado para evitar este tipo de arbitrariedades o de pretendidas reformas constitucionales que nos llevarían a atentar contra la democracia, a declarar un control definitivo de un solo poder sobre los demás.

P. ¿Qué opina de la renuncia de ministro Zaldívar y su adhesión tan clara a un proyecto de gobierno?

R. Es insostenible que un ministro de la Suprema Corte, que es el más alto sitial para cualquier abogado de nuestro país, manifieste anticipadamente, aún siendo ministro, sus intenciones políticas; es decir, sacrificar sus convicciones, sus ideales de justicia, para ser parte de un proyecto político. Eso me parece lo más lamentable, lo más inaceptable, incluso penoso. Todos constatamos que durante su etapa como presidente de la Suprema Corte [de 2019 a 2023], y tras dejar ese cargo, fue un ministro obsequioso de toda la voluntad del presidente de la República. Sus votos ahí están. Y esto conlleva a concluir que ya había una relación política con el Ejecutivo federal para que se manejaran los asuntos no conforme al ordenamiento normativo, sino en función de cuestiones políticas o de sumisión absoluta. El ministro no actuaba conforme a Derecho y con imparcialidad, sino todo lo contrario, por intereses políticos que ahora ya son confesados.

P. ¿Cuál es el papel de los abogados en un momento como este en México?

R. Es una gran obligación de nosotros los abogados dar una lucha fundada y frontal en pro del estado constitucional de Derecho. Y esto implica no solo velar por una mejor administración y procuración de justicia, sino también de mantener nuestra democracia. Nuestro más grave peligro es que, si se consuman todos estos atentados a la independencia judicial, vamos a tener un Estado autoritario y vamos a perder todo lo que hemos ganado en tantos años de luchas sociales y luchas jurídicas. Los colegios de abogados tenemos la ineludible obligación de dar todas las luchas que sean necesarias para que perdure el imperio de la ley sobre actitudes como las que se están dando en los últimos tiempos. Seguiremos luchando, respetuosamente, por que cesen las agresiones a la independencia judicial, esos embates al estado de Derecho, y prevalezca la concordia en beneficio de la incipiente democracia que tenemos.

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