Los trabajadores del Poder Judicial amagan con un paro por los recortes propuestos por Morena

La propuesta de desaparición de 13 fideicomisos ha desatado las protestas en el Poder Judicial. El recorte por más de 15.000 millones de pesos, aprobado en comisiones por una mayoría de Morena y sus aliados la semana pasada, ha movilizado al Sindicato Nacional de Renovación, que convocó a un paro para este lunes por la afectación de sus derechos laborales. “Exigimos el cese a la intromisión en el Poder Judicial de la Federación porque afecta la impartición de justicia”, se lee en una manta colocada en la Suprema Corte. Otras secciones sindicales se han movilizado en el país para pedir que no se comprometan sus pensiones y prestaciones en salud, vivienda y retiro.

“Este es un grave atentado contra los derechos laborales de la base trabajadora”, se lee en una convocatoria sindical a paro nacional, publicada el viernes pasado. El recorte propuesto afecta al Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el sindicato sostiene que al menos seis fideicomisos están relacionados con el cumplimiento de obligaciones patronales. También ha dicho que el tijeretazo presupuestal comprometerá la operatividad de esas instituciones y pidió, en un oficio dirigido a la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, que este lunes fuera declarado día inhabil para desarrollar las protestas. Varios líderes sindicales han declarado, sin embargo, que el paro solo será parcial para afectar lo menos posible a la ciudadanía.

El sindicato llamó a colocar mantas en los inmuebles donde laboran sus integrantes y convocó a una manifestación para el próximo 24 de octubre afuera de la Cámara de Diputados, así como a concentraciones diarias afuera de sus lugares de trabajo antes del inicio de la jornada laboral. El amago de paro nacional es aún latente, aunque se ha manejado como un último recurso. Hay también reportes de bloqueos viales en las inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro, en el oriente de la capital. “Pedimos respeto a nuestros derechos laborales” y “Respeto a la división de poderes y a la independencia judicial” son algunas de las consignas que se leen en las pancartas colocadas en sedes de Puebla, Querétaro y Ciudad de México, entre otros Estados.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció abusos presupuestarios y anunció desde hace semanas que era necesario un recorte millonario en el Poder Judicial para acabar con los “privilegios” de la alta burocracia, como los ministros de la Suprema Corte y los jueces. La propuesta emergió a principios de este mes en la Cámara baja y pretende destinar esos 15.000 millones de pesos a programas sociales e infraestructura. Todavía debe ser votada en el pleno. Legisladores del grupo parlamentario de Morena han dicho que no hay negociaciones en marcha con las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo. “No se afecta en nada a los trabajadores, son los privilegios de los arriba”, dijo el mandatario la semana pasada. “¿Será que para impartir justicia los magistrados del Poder Judicial necesitan fideicomisos millonarios?”, cuestionó la bancada oficialista

La oposición, que votó en bloque en contra en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reclamó que la iniciativa busca mermar al Poder Judicial por razones políticas, en medio de los choques entre el Gobierno de López Obrador y la Suprema Corte, que ha fallado en varias ocasiones en contra de asuntos prioritarios para el Ejecutivo. Ricardo Anaya, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, reapareció este lunes en un video de dos minutos en el aseguró que “el presidente está obsesionado con fregarse al Poder Judicial” y acabar con contrapesos a su poder. “Es como si te dijeran que no está asegurado el dinero de tu pensión porque al presidente le caen mal tus jefes”, dijo Anaya, que calificó el recorte como una “venganza” y una “estupidez”.

“Hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México”, cuestionó López Obrador tras darse a conocer la propuesta de recorte y criticar la solicitud de alrededor de 85.000 millones de pesos de presupuesto para el próximo año. “En nada, es un poder al servicio de una minoría rapaz”, aseguró. “El personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”, respondió la Suprema Corte en un comunicado, en el que subrayó que los más afectados son los trabajadores jubilados y pensionados. La extinción de los fideicomisos ha sido el último punto de choque entre poderes, a la espera del avance de la iniciativa en el Legislativo, donde Morena tiene la mayoría.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país