Los avances del nuevo censo de desaparecidos aumentan la tensión con la Comisión Nacional de Búsqueda: “No sabemos qué está pasando”

Los reclamos no han importado. Ni las quejas de madres con hijos desaparecidos, ni de los colectivos, ni de las organizaciones civiles. Tampoco las preguntas sin respuesta de los expertos independientes. Los cambios al censo de personas desaparecidas avanza entre cada vez más críticas internas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuará las controvertidas visitas a casas de familias de víctimas, que han denunciado métodos invasivos y errores de identificación. Además, el nuevo diseño del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) excluye a las comisiones locales de búsqueda, el equipo especializado sobre el terreno para este tipo de labores.

Las diferencias entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaria de Bienestar, encargada de coordinar el nuevo diseño bajo la tutela de la secretaría de Gobernación, ya provocó la renuncia en agosto de su responsable, Karla Quintana. A medida que avanza el proceso, la CNB va quedando cada vez más arrinconada mientras crece el malestar y la tensión dentro del organismo. Así lo muestra una serie de mensajes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, entre funcionarios estatales y Enrique Irazoque, el encargado interino de la CNB después de la salida de Quintana. Salvo Irazoque, los nombres del grupo privado del WhatsApp han sido omitidos a petición de los diferentes comisionados.

“No tenemos idea de qué está pasando ni de cómo se llevará a cabo…”, se expresaba un comisionado de uno de los estados con más desaparecidos. La conversación sucedió el 30 de septiembre. Hasta 11 titulares de comisiones de diferentes estados, algunos gobernados por Morena, pidieron una reunión urgente con el encargado del organismo naiconal para hablar del tema.

A inicios de junio, el presidente anunció un plan para abordar una tragedia monumental en México que rebasa las 112,250 personas desaparecidas y no localizadas, 30 casos cada 24 horas durante el último mes. Desde entonces, se han ido realizando diferentes reuniones que han ido relegando progresivamente a la CNB. Fuentes nacionales y locales consultadas confirmaron a EL PAÍS que a partir de junio la excomisionada Quintana ni siquiera estuvo en ninguna de las reuniones quincenales, lideradas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

“Buena noche, necesitamos reunirnos para concretar y conversar sobre la tercera brigada masiva de búsqueda en vida, ¿o ya no formaremos parte de ellas las comisiones de búsqueda, licenciado Enrique Irazoque?”, decía otra de las comisionadas locales.

Enseguida, otra funcionaria sugirió un Zoom. Poco a poco se fueron sumando comisiones de gobiernos de Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN. Todos queriendo saber más. ¿Quién entregará los listados del cruce de bases de datos de vacunas —no solo de COVID—, población, salud, educación y muchas otras más? ¿Quién las limpiará de acuerdo a la información que tienen en los expedientes de las víctimas? ¿Quién validará las pruebas de vida y de muerte que solo pueden ser autorizadas por fiscalías y comisiones?

“Merecemos estar en el proceso”, dijo una funcionaria, recordando que son las autoridades de búsqueda en las entidades y representantes del Sistema Nacional de Búsqueda. “Creo que incluso hay que meditar la pertinencia del programa, ya que incluso jurídicamente es complejo encuadrarlo”, escribió otro comisionado, recordando que la secretaría de Bienestar no tiene autoridad jurídica ni está capacitada para tareas de localización.

En la mayor parte de los mensajes mencionaron las quejas de las familias por la revictimización y la falta de cuidado. Una comisionada dijo que aunque los errores no son de sus equipos, les llegan los reclamos: “Hemos recibido quejas de las familias y piensan que el personal de la Comisión es quien actúa mal”. “Valdría la pena hacer un conteo de los resultados de las anteriores etapas”, señaló una más.

Doce horas más tarde, con 22 mensajes de dudas, preocupaciones y sobre todo exigiendo una reunión, el encargado del despacho de la Comisión Nacional de Búsqueda, apareció dando los buenos días.

“Compañeras y compañeros. Por parte de la CNB se ha continuado con el perfeccionamiento de la calidad de información del registro a través de los cruces con las bases de datos más importantes con las que cuenta el Gobierno de México”, escribió Irazoque. Tras el preámbulo, explica lo que temían: “En los próximos días entrará una nueva fase de verificación de información que ya se tenía, en la cual no participarían comisiones de búsqueda. Esta y las próximas fases estarán siendo coordinadas por la Secretaría de Gobernación. Con gusto elevaré las inquietudes y preocupaciones aquí expuestas para plantear la necesidad de acelerar una reunión entre comisiones de búsqueda”.

Habla de reacomodos en la CNB tras la salida de Quintana y los cargos de directivos. Y adelanta que “pronto” habrá una nueva persona dirigiendo la Comisión Nacional. Se nota en los chats que aunque todavía está al mando, se ajusta a los pedidos de sus superiores.

Tres comisionados de gobiernos de Morena aparecen. Saludan, se ponen a disposición de Irazoque y no vuelven en la conversación.

Una comisionada pregunta al encargado de la CNB si sus equipos harán el cotejo de datos y si habrá acciones de campo. Irazoque dice que sí: “Así es. Habría acciones de campo por parte del personal de la Secretaría del Bienestar”. Otra comisionada del norte apunta a que sus dependencias son las autoridades que deben actuar, “de acuerdo a sus facultades”. Y alguien más pregunta quién validará la información de las brigadas. También Bienestar, confirma el encargado.

Aparecen nuevos mensajes solicitando reunión; Irazoque les recomienda acercase con sus gobernadores para estar en sintonía: “Debo de hacer la aclaración que esta información ya le fue dada a la mayoría de los gobernadores en la reunión de alto nivel que hace días se llevó a cabo en Palacio Nacional”. López Obrador se reunió el 21 de septiembre solo con 22 gobernadores de la 4T. Anunció la creación de un padrón nacional de personas desaparecidas. Y, cuatro días después, dijo que el primer informe sobre su estrategia será presentada en diciembre, comenzando por Ciudad de México.

La comisionada que inició la conversación en el chat pregunta por qué no les consideraron para estar en Palacio Nacional, “asesorar” y “tomar nota” de los acuerdos con los gobernadores. “Somos parte del Sistema Nacional de Búsqueda, no estamos actuando en solitario, por ello te consultamos para estar en armonía y en conocimiento. Y así poder apoyar y abonar a los acuerdos tomados”, escribió.

“Lo entiendo”, dijo Irazoque, “pero estos procesos se coordinan desde la Secretaría de Gobernación. Las decisiones se toman desde ahí y por eso hubo contacto con gobernadoras y gobernadores. Yo ya comenté que elevaré sus inquietudes y preocupaciones”.

De acuerdo con una respuesta por transparencia, la Secretaría de Gobernación negó que esté al frente de este plan de búsqueda en vida.

El próximo año habrá elecciones y es probable que termine el sexenio de López Obrador sin encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como lo prometió en campaña, ni a ellos ni a miles de víctimas. Sus estadísticas muestran una reducción en los asesinatos, pero no en las desapariciones. Las fuentes de las comisiones que hablaron con El PAÍS aseguran que desde el primer momento la orden ha sido “bajar los números” y reducir las denuncias. Qué tan confiables serán estos datos al finalizar el plan, “censo” o padrón, está por verse.

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