Fluvio Ruiz: “Sin una reforma fiscal, todo lo que se piensa hacer sobre Pemex va a estar limitado”

El Gobierno de López Obrador inyectará a Petróleos Mexicanos (Pemex) unos 145.000 millones de pesos —alrededor de 8.500 millones de dólares— el siguiente año y reducirá el Derecho de Utilidad Compartida del 35% al 40% para ayudar a las necesidades de liquidez de la emproblemada petrolera. La paraestatal encara el último año de esta Administración con una deuda global de más de 110 millones de dólares y una producción de crudo estancada en 1,8 millones de barriles diarios, muy lejos de los 2,5 millones de barriles prometidos a inicios del sexenio. Fluvio Ruiz, experto en temas energéticos y exconsejero de la petrolera, afirma que aún queda margen de maniobra para una compañía que durante décadas ha sido la principal fuente de ingresos para el Estado, pero advierte que el proceso requiere una cirugía mayor, un rediseño institucional y fiscal al interior y de las propias finanzas del Gobierno.

“Pemex sigue siendo un activo del país, sigue siendo el principal contribuyente del país. Primero tienes que hacer una reforma fiscal que este país ha retrasado 50 años, no puedes aspirar a un Estado de Bienestar sólido con una recaudación tan pobre y que no es redistributiva. Sin una reforma fiscal, todo lo que se piensa hacer sobre Pemex va a estar limitado. La reforma fiscal general es precondición para poder reformar el régimen fiscal de Pemex”, dice.

“Se dice inyectándole como si Pemex no generara riqueza, Pemex sigue aportando más de lo que recibe, lo que se está haciendo es que una mayor proporción de los recursos que Pemex genera al país ahora se están utilizando en el propio Pemex para solventar su costo financiero, que se derivan de cuatro décadas de expoliación sobre Pemex. Es importante señalar que si Pemex es la petrolera más endeudada del mundo es porque no solamente pagó muchos impuestos en los últimos 40 años, si no la forma en la que los paga. De ahí la necesidad de que Pemex tenga autonomía presupuestal y de gestión”, advierte el especialista.

La deuda de Pemex se ha convertido en una bomba de tiempo. Para el próximo año, con una producción petrolera en declive y bajos precios del crudo como telón de fondo, la petrolera deberá cubrir 11.200 millones de dólares de vencimiento de su deuda. Además, el saldo de las obligaciones que Pemex debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año al cierre del primer semestre de 2023 fue de 231.200 millones de pesos.

Con estos compromisos tocando a la puerta, esta Administración ha desembolsado un total de 720.000 millones de pesos de 2019 al primer semestre de este año, además de sucesivos alivios fiscales a través de una reducción en la tasa del Derecho a la Utilidad Compartida (DUC), el principal gravamen de la petrolera. Sin embargo, para Ruiz estas medidas han sido coyunturales y no permiten zanjar de raíz el problema de la paraestatal. “Esas reducciones, las últimas tres se han hecho en la Ley de Ingresos, no en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que es donde está el régimen permanente. Ahí, se mantiene la tasa del 54%. Entonces te mete en un problema de planeación. Quién te garantiza cuál va a ser la tasa del derecho y además, habría que hacer cuentas.

El experto propone actualizar los límites de deducción de Pemex que hoy están definidos en la ley, definir nuevas zonas de complejidad geológica con límites de deducción ad hoc a los grados de complejidad de los campos petroleros para reducir los costes de producción y regresarle a Pemex varios incentivos, por ejemplo, la exención en el pago de los hidrocarburos de autoconsumo, los que se usan para mantener la presión de los yacimientos.

“Necesitas revisar el diseño institucional de Pemex, tiene que haber un gran acuerdo, el mayor acuerdo político para darle estabilidad al sector. El problema actual es que estamos en el peor de los mundos, yo no entiendo por qué el Gobierno no modificó la legislación en materia petrolera. Entonces tienes una política petrolera que va a contracorriente del marco institucional y del marco político, entonces la incertidumbre es para todo mundo, para el Gobierno y para las empresas”, refiere el especialista.

Los cambios, advierte Ruiz, van más allá a los yacimientos, pasan también por una reingeniería en los subsidios, a los combustibles. Este Gobierno ha puesto un énfasis especial en subsidiar las gasolinas para evitar el llamado gasolinazo y una escalada mayor a la inflación. En 2022, estos estímulos ascendieron a 400.000 millones de pesos del erario. No obstante, para el exconsejero de la petrolera esta fue una medida regresiva que privó a la petrolera de fuente de ingresos necesarios para inversiones futuras y al mismo Estado para beneficiar más a un sector privilegiado que es el de los automovilistas, un sector minoritario.

“Los subsidios a los combustibles son tremendamente regresivos. Lo que este país quemó en subsidios en 2022 es equivalente a la Refinería de Dos Bocas, a ese nivel estamos. Y si se va a subsidiar el combustible, en todo caso, el subsidio es al diésel, que es el combustible que se utiliza para transportar carga y persona, pero qué justifica subsidiar la Premium”, señala.

Ruiz hace hincapié en que debe haber una coherencia de conjunto en la política energética del Gobierno e incluso propone la creación de un impuesto a los automovilistas para impulsar el transporte público y mitigación ambiental. “Si tú vas a invertir en una refinería que le permita a tu empresa productiva del Estado estar en posición de garantizar la demanda nacional de hidrocarburos, no quemes dinero innecesariamente a través de los subsidios. Con Dos Bocas estamos comprando nuestra seguridad energética y eso cuesta, pero lo tenemos que pagar antes que nada los automovilistas”, asevera.

En el balance, concluye el exconsejero, la orientación de la política energética de este Gobierno ha sido la correcta, sin embargo, considera que se pudo haber implementado mejor y advierte de que la abultada deuda de la paraestatal supondrá un quebradero de cabeza para el próximo Gobierno si no se realiza un rediseño fiscal e institucional a Petróleos Mexicanos.

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