Las irregularidades en el uso del dinero de emergencia por la inundación de Tula se saldan con un primer detenido

Manuel Hernández Badillo, el alcalde de Tula de Allende, ha sido detenido este lunes por la tarde acusado de uso ilícito de atribuciones por las irregularidades en la utilización de los recursos de emergencia que llegaron a esta localidad de Hidalgo en 2021, con la brutal inundación que dejó 16 fallecidos y 100.000 desplazados. El arresto de Hernández Badillo se enmarca en una causa más grande: la llamada estafa siniestra, una trama de corrupción que operó durante la administración del entonces gobernador Omar Fayad. La Procuraduría General de Justicia del Estado atribuye a la red un desfalco de dinero público de más de 522 millones de pesos (uno 30 millones de dólares).

El 7 de septiembre de 2021, Tula de Allende se convirtió en una ciudad bajo el agua. El río Tula se desbordó e inundó el centro y las colonias más humildes de este municipio de 115.000 habitantes. El agua hizo colapsar la red eléctrica del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 16 pacientes, que se encontraban conectados a ventiladores respiratorios a causa de la covid-19, fallecieron tras dejar de funcionar los aparatos que los mantenían con vida. La catástrofe obligó a desplazar a miles de efectivos de seguridad, entre bomberos, miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina, para ayudar con los refugios, los víveres y las personas desplazadas.

En ese contexto fueron muchos los recursos que recibió la ciudad para hacer frente al desastre. Ahora, la Procuraduría de Hidalgo, encabezada por Santiago Nieto, antiguo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, ha localizado el desvío de al menos 60,9 millones de pesos (uno 3,5 millones de dólares). Formalmente se acusa al alcalde de adjudicar de forma directa e ilícita por lo menos tres contratos, relacionados con la adquisición de servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y fumigación.

Entre los ejemplos de las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, según informa Proceso, está la compra de 763 colchones, que fueron facturados como si fuera nuevas por 1,75 millones de pesos, cuando en la realidad estaban reconstruidos de otros colchones antiguos. Los damnificados que los recibieron denunciaron que tenían chinches y pulgas que les provocaron alergias y ronchas. También hay omisiones en el proceso de adjudicación de compra de medicamentos y productos farmacéuticos.

Además, en uno de los mayores montos se incluyen 21,3 millones de pesos que deberían haber ido a destinados a paquetes de víctimas de la inundación, pero los auditores detectaron que no había documentación “fehaciente” que comprobara las entregas. Desde mayo, el alcalde fue notificado para presentar las justificaciones de las irregularidades. Y en julio la asamblea de Tula le requirió por no haber solventado las inconsistencias y por el inicio de un proceso penal. Sin embargo, Hernández Badillo no aportó las pruebas necesarias.

Con él son ya más de una docena de alcaldes de Hidalgo investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según el rastreo realizado por la Agencia de Investigación Criminal, en la estafa siniestra se desviaron 522,8 millones de pesos mediante un esquema de presunta simulación de servicios y transferencias a empresas fantasma. El procurador Santiago Nieto apuntaba en enero a la participación de 13 ayuntamientos y dos secretarías del Gobierno del estado, durante el Ejecutivo del priista Omar Fayad.

Entre ellos están en prisión y vinculados a proceso, el alcaldes de Epazoyucan, Fidel Arce, el de Huautla, Felipe Juárez, y el de Yahualica, Elías Sanjuán. Los tres fueron detenidos en noviembre del año pasado por los delitos de peculado agravado y uso indebido de atribuciones agravado. A Arce, las autoridades le imputan el desvío de 14,2 millones de pesos facturados en pavimentación; a Juárez le investigan por 26,6 millones de pesos que obtuvo para la rehabilitación de caminos rurales e insumos durante la contingencia de covid-19, y a Sanjuán le atribuyen el desfalco de más de 29 millones de pesos, según recoge Proceso. En todos los casos, el ministerio público asegura que las obras no se realizaron, aunque se presentaron facturas con las que las Secretarías de Finanzas y Contraloría validaron operaciones que, insisten, son inexistentes.

Además hay otros dos alcaldes prófugos —el de Nopala, Luis Enrique Cadena, y el de Pisaflores, Luis Francisco González Garay— y otros cuatro que están promoviendo amparos para evitar ser detenidos. El esquema también afecta a otros puestos dentro del Gobierno estatal como un secretario de la Contraloría y un oficial mayor. Santiago Nieto afirmó a principios de año que las primeras detenciones era “la punta del iceberg” del esquema de corrupción, y que todavía faltaba identificar al autor intelectual. El procurador apuntaba a que podía estar en el primer círculo político de Omar Fayad, con un exintegrante de su gabinete.

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