El Gobierno reconoce en un informe que la inundación de Tula se debió a la descarga en exceso de agua del Valle de México

Durante más de 48 horas la ciudad de Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo, estuvo bajo el agua. El río Tula se desbordó en la madrugada del 6 al 7 de septiembre y provocó el colapso en la red eléctrica de un hospital del IMSS situado muy cerca de su cauce. El saldo fue de 16 pacientes fallecidos, la mayoría enfermos de covid-19 y conectados a respiradores. El agua, además, anegó el centro y gran parte de las colonias más humildes de este municipio de 115.000 habitantes. Más de 10.000 tuvieron que ser evacuados de sus casas porque habían quedado a merced de una corriente furiosa. Lo decían los vecinos y también lo reconoció el gobernador Omar Fayad: hacía décadas que no se veía así al río. Este miércoles, más de dos meses después de la tragedia, el Gobierno ha reconocido en un informe interno que la inundación de la ciudad no fue causada por las lluvias locales —aunque fuertes—, sino por la descarga y escurrimientos de otros ríos, otras presas, otros desagües. En particular, el exceso llegó de los túneles que desatascan el Valle de México.

Con un documento de apenas siete páginas, difundido por Presidencia sin sello ni membrete oficial, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca apuntalar su versión sobre lo ocurrido en esta pequeña ciudad hidalguense. “Soy responsable, pero no culpable”, enunció el presidente en su conferencia mañanera del lunes. Cuestionado por si hubo negligencias en el manejo de la situación, el mandatario trató de escudarse en este escueto informe elaborado por la Comisión Nacional de Agua (Conagua): “Es un dictamen técnico, bastante profesional, no son especulaciones, es una investigación que se hizo”.

El cauce del Tula es una especie de repositorio regulado por una cadena de presas donde desembocan los ríos el Salto, Tlautla y Rosas, y las aguas residuales de dos túneles que provienen de Ciudad de México, el Emisor Central y el Emisor Oriente. Todo confluye en el mismo lugar, lo que llevó ya en 2009, al Atlas de Riesgos de Hidalgo a considerar a Tula de Allende en peligro por inundación debido al posible desbordamiento del río que la rodea. En 2017, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó llevar a cabo unas obras para ampliar la capacidad de carga del río, pero nunca se hicieron. El Gobierno en el actual informe culpa “a la oposición de grupos ambientalistas”.

A principios de septiembre se empezaron a registrar intensas lluvias en el Valle de México e Hidalgo. Según el dictamen de la Conagua, estas precipitaciones generaron escurrimientos en la sierra de Guadalupe, el colapso del drenaje de Ecatepec, el desbordamiento del canal de aguas negras de Chimalhuacán, el incremento en los niveles de las presas que regulan el Tula y, por último, la activación del Protocolo de Operación Conjunta del Drenaje Profundo del Valle de México. Como adelantó una investigación de Animal Político, este protocolo —que establece cómo deben administrarse las 28 estructuras del sistema de drenaje bajo estrictas condiciones para evitar inundaciones en el Valle de México— permitió bombear aguas pluviales y residuales procedentes de la capital al río Tula cuando su cauce y sus presas estaban ya por encima de su capacidad.

Así, el informe difundido ahora por el Gobierno reconoce que en la madrugada de la inundación, del 6 al 7 de septiembre, el caudal del río Tula estaba a 500 m³/s, cuando el afluente solo tiene capacidad natural para dar cauce a 250 metros cúbicos por segundo. De estos: 150 m³/s provenían de las descargas de Ciudad de México, 92 m³/s de la cuenca propia del Tula y el resto, procedentes del río El Salto y la presa Requena. La situación empeora en la tarde del 7 de septiembre, el caudal estimado del Tula sube hasta de 610 m³/s, de los cuales 209 m³/s provenían de los túneles Central y Oriente. Es decir, prácticamente el agua enviada desde la capital y su zona conurbana sirvió para llenar el cauce natural del río Tula.

Ante este panorama, al dictamen de la Conagua no le queda más remedio que admitir: “No fue la lluvia local, sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagüe del Valle de México y del estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación”. A pesar de esta afirmación, en otros puntos del informe, el Gobierno presenta el desbordamiento del río como un “evento súbito, incontrolable e inevitable”.

Un hospital convertido en una morgue

Llegaron las primeras imágenes terribles de Tula a primera hora de la mañana del 7 de septiembre. El hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situado a 250 metros del cauce del río Tula, tenía sus plantas más bajas cubiertas por el agua. En los videos que corrían por las redes se veía al personal médico tratando de empujar camas y reubicar a los pacientes que no podían levantarse, en un suelo que ya era ciénaga. El centro médico se había convertido en una morgue.

Como reconoce el documento interno, esa noche 16 de los 54 pacientes instalados en el hospital perdieron la vida. Dos fallecieron, según el informe, antes de que llegara el agua; otros seis murieron entre la 1.11 y la 1.35 de la madrugada, es decir, en los primeros momentos de la inundación, cuando el agua subió más de metro y medio en apenas 30 minutos y, al fallar la red eléctrica, se quedaron sin la respiración asistida de los ventiladores.

En el traslado a las plantas más altas del hospital se identifican otras siete víctimas mortales, también enfermas de coronavirus; la última de ellas fue a las 9.20 de la mañana, es decir, nueve horas después del comienzo de la inundación y cuando el Ejército y los bomberos ya peinaban con lanchas y grandes camiones híbridos el centro de la ciudad en busca de personas atrapadas. En una entrevista con este periódico, personal de la Cruz Roja reconoció que las labores de rescate empezaron a las cinco de la mañana, pero no fue hasta pasadas las ocho que lograron llegar a la zona del hospital porque no contaban con botes preparados para superar la fuerte corriente del río. “No fuimos al hospital porque no pudimos llegar. Nadie tenía lanchas capacitadas”, apuntaba uno de los encargados de la ONG en Pachuca. El último paciente falleció ya de traslado a otro hospital.

Hasta el momento, nadie ha asumido la responsabilidad de las 16 muertes en el hospital de Tula. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación para esclarecer si hubo un delito de homicidio culposo, involuntario. En el documento, el Gobierno insiste en no buscar culpables: “La muerte de estas personas ocurrió a raíz de una concatenación de hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables para las instituciones y servidores públicos que atendieron los hechos”.

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