Ley Monzón: Puebla se convierte en el primer Estado en quitar la patria potestad a los feminicidas

Puebla es el primer Estado en reformar la ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio. El Congreso local de forma unánime ha aprobado este jueves la reforma de los códigos Penal y Civil que marca un precedente en el país y abre la puerta a que otros Estados legislen en el mismo sentido. La reforma ha sido bautizada como ‘Ley Monzón’ en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado, y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo, el expolítico del PRI Javier López Zavala.

El texto persigue apuntalar un cambio de paradigma y velar en estos casos por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas. La reforma plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. De confirmarse dicha sentencia, el hombre perdería de manera definitiva ese derecho. “Estas violencias tienen efectos colaterales, sobre todo cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados, que se convierten en víctimas indirectas, cuando esta se ejerce en contra de sus madres”, ha dicho la diputada del PT Mónica Silva, impulsora de la medida. “Son ellos quienes quedan en una situación aún más vulnerable de la que se encontraban, ya que les han arrebatado a su madre y en muchos casos, quedan al cuidado del criminal que se dice su padre”, ha continuado la diputada.

La familia de Cecilia Monzón ha celebrado la aprobación de la reforma legislativa. “Todas las infancias de México merecen las mismas garantías y que su interés superior prevalezca en casos de feminicidio perpetrado por el padre. Gracias al Congreso de Puebla por asumir el reto”, ha escrito en Twitter la hermana de la abogada, Helena Monzón.

La familia de Cecilia Monzón es quien actualmente tiene la custodia del hijo de la activista, un niño de 4 cuatro años. Sin embargo, el presunto feminicida, dada la legislación actual, conserva el derecho a la patria potestad del menor. Fuentes cercanas al caso señalan que la defensa de López Zavala, en plena batalla legal, ha llegado a plantear el ejercicio de derechos de visita del niño “aunque nunca se llegaron a ejercitar [cuando Monzón vivía] y ahora se están tratando de utilizar en el marco del procedimiento de custodia”, decía la familia Monzón en una entrevista a EL PAÍS. La abogada y activista de Puebla había denunciado a Javier López Zavala desde hace años por el abandono de su hijo y por impago de la pensión alimenticia. Pese a todo, la aprobación de la reciente ley no aplicaría en el caso de Cecilia Monzón debido al carácter retroactivo de las normas.

“Estas reformas son un paso más en la gran deuda en la que nos encontramos porque ningún feminicida, aun cuando no haya concluido el hecho violento y se haya quedado en tentativa no podrá conservar la patria potestad, con lo cual niñas, niños y adolescentes podrán ser libres de ese entorno de violencia”, ha concluido Mónica Silva.

Puebla también aprueba la ‘ley de violencia ácida’ en la misma sesión

El Congreso también aprobó por unanimidad tipificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio en el Estado. Desde la tribuna de invitados, varias mujeres víctimas de estos ataques siguieron la votación. Entre ellas Carmen Sánchez, Esmeralda Millán y la saxofonista María Elena Ríos, que fueron acompañadas por activistas del movimiento feminista. El dictamen agrega a la Ley para el Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia el término de “violencia ácida” como aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando ácido o cualquier sustancia corrosiva que pueda provocar, lesiones internas, externas o ambas. La reforma también modifica el Código Penal estatal que establece que estas lesiones serán sancionadas con penas que van de los 20 a los 40 años de prisión.

De acuerdo a la fundación Carmen Sánchez 28 mujeres han sido atacadas con ácido en México en los últimos 20 años y según datos de Naciones Unidas, al año unas 1.500 personas son agredidas con ácido y sustancias corrosivas. De ellas, el 80% son mujeres. Según cifras de la fundación, seis de cada 10 ataques realizados con ácido en México son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.

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