Acusaciones de tortura, nexos con García Luna y un accidente mortal: la inesperada muerte de Porfirio Sánchez

El helicóptero Águila 1 perdió el control, se desplomó varios metros y giró varias veces sobre su propio eje antes de estrellarse de lleno contra el piso. Tras el golpe vino la explosión y se levantó una nube de humo negro que, al disiparse, dejó al descubierto los restos completamente calcinados de la aeronave en medio de un terreno baldío. “No hubo sobrevivientes”, dijo la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Cinco tripulantes fallecieron: el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdez Sánchez, los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero, y el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, conocido como el Jefe Porfirio. “Todo indica que se trató de un accidente”, explicaba Jiménez, apenas un par de horas después de perder al maestro Sánchez, el hombre fuerte de su Gobierno y de la Administración anterior en el combate contra el crimen organizado. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación de los hechos.

Nueve meses atrás, la vida de Sánchez había dado un vuelco inesperado. El hombre que movía los hilos de la Seguridad en Aguascalientes desde 2018 fue detenido en febrero de este año por los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones. El jefe de la Policía estatal no solo perdería su trabajo y su despacho, sino que también acabaría por ser encarcelado en el Reclusorio Norte de Ciudad de México. El entonces gobernador Martín Orozco agradeció su trabajo, pero no adoptó la defensa a ultranza que todos esperaban, incluido el presidente López Obrador. “Lo único que recuerdo del secretario es que hizo bien su trabajo y que nos mantuvo tranquilos”, dijo Orozco tras nombrar al sucesor de Sánchez. “No tengo absolutamente nada qué comentar”, agregó el político del Partido Acción Nacional (PAN). En medio de la polémica, Sánchez parecía quedar abandonado a su suerte.

El jefe de la Policía local había sido detenido por agentes federales en cumplimiento de una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició en 2016 un proceso en su contra por el caso de una persona que fue torturada tras ser detenida ilegalmente en Ciudad de México por agentes de la extinta Policía Federal (PF). En esa corporación, creada por el expresidente panista Felipe Caderón (2006-2012), Sánchez fue jefe de Operaciones Encubiertas, director de Tráfico y Contrabando y coordinador de Investigación de Campo para casos de secuestro. Colaboró estrechamente con Luis Cárdenas Palomino, exjefe de Inteligencia de la Policía Federal y mano derecha de Genaro García Luna, que era secretario de Seguridad Pública.

Hoy, quienes fueran los superiores jerárquicos de Sánchez, rinden cuentas ante la justicia. Cárdenas Palomino ha sido vinculado a proceso por cargos de tortura cometidos en 2012, mientras que García Luna se encuentra preso desde 2019 en Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por colaboración con el Cartel de Sinaloa.

La colaboración de Sánchez con sus dos antiguos jefes es aún más antigua y se remonta a la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que en el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2006) dependía de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía). El titular de esa agencia fue García Luna; Cárdenas Palomino su director adjunto, y Sánchez el jefe de Investigación Policial. Cuando los tres fueron transferidos a la Policía Federal, durante el Gobierno de Calderón, la nueva corporación se vio involucrada en la fabricación de múltiples culpables para despachar casos de secuestro.

El caso de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, que fueron torturados para declararse culpables de formar parte de la ficticia banda de secuestradores Los Zodiaco, es el más icónico, aunque no el único. Cuando Sánchez fue capturado en febrero de este año, el diario Reforma recogió el testimonio de dos hermanos que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2011 en Ciudad de México por elementos de la Policía Federal y torturados para forzarlos a declarar que formaban parte de una banda dedicada al secuestro. Era la marca de la casa. Los hermanos Verónica y Erik Razo pasaron más de una década en prisión y sin sentencia. Erik fue liberado en mayo de este año, su hermana sigue en prisión.

Para septiembre, la historia de Sánchez volvía a dar un giro radical. Tras varios meses en la cárcel, el Jefe Porfirio lograba ser absuelto y liberado por falta de pruebas. Menos de ocho días después, el funcionario regresaba a su cargo en Aguascalientes. A un mes de concluir su gestión, el gobernador Orozco sostuvo que no existía impedimento legal para restituir a Sánchez como secretario de Seguridad del Estado, al no haber sido encontrado culpable de ningún delito. Todavía mientras estaba en prisión, en su Estado hubo elecciones en junio. El PAN conservó el poder, ahora en manos de Teresa Jiménez.

La gobernadora entrante lo ratificó en el cargo con el argumento de que el jefe policíaco había logrado que Aguascalientes se mantuviera como el tercer Estado más seguro del país. Aguascalientes es un pequeño Estado imbricado entre Zacatecas y Jalisco, dos territorios sumergidos en una grave crisis de violencia por una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Pese a ello, en agosto de 2021, Aguascalientes ocupaba el penúltimo sitio (de 32) en asesinatos, y en abril de este año estaba en cuarto lugar, según informes de seguridad del Gobierno federal. “Si está aquí Porfirio Sánchez es porque Aguascalientes, a pesar de que vivimos en el Bajío, casi al norte del país, para mí representa un Estado que está en los primeros lugares [en seguridad]”, dijo la gobernadora Jiménez al ratificarlo como secretario de Seguridad el 7 de octubre, una semana después de asumir la gubernatura. Todavía hasta mediados de septiembre, Sánchez había dicho que no había recibido una invitación para integrarse al nuevo Gobierno de la entidad, pero que se sumaría si se lo pedían.

No exento de polémica local, el nombramiento pasó prácticamente desapercibido del radar político nacional y el Jefe Porfirio se desempeñó en el cargo poco más de un mes. “Él, diario, todas las mañanas, muchas veces en el helicóptero, otras por vía terrestre, siempre estaba en operativos, siempre estaba trabajando”, dijo Jiménez en la conferencia de prensa donde confirmó su fallecimiento tras la caída de su aeronave. Signo, el desplome de un helicóptero, que ha marcado la muerte de otros funcionarios, siempre del PAN, como la de dos secretarios de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, en 2008, y Francisco Blake Mora, en 2011. O el de los esposos Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, senador y gobernadora de Puebla, en 2018. Los peritajes arrojaron en todos los casos que fueron accidentes.

La versión oficial de que la muerte del Jefe Porfirio se debió a un accidente causó dudas entre los periodistas de Aguascalientes. Un día antes de su muerte, un grupo armado atacó un palenque en el municipio de El Llano, en el que murieron dos personas. El Ejército y la Policía estatal, comandada por Sánchez, emprendieron un operativo de búsqueda de los responsables. Los medios cuestionaron a la gobernadora Jiménez si era posible descartar un nexo entre ambos hechos. La funcionaria estatal lo negó y se mantuvo en la hipótesis del accidente, aunque dijo que la aeronave recibía mantenimiento cada seis meses y había sido revisada sin ningún contratiempo en septiembre pasado.

― Evidentemente fue un accidente y está en investigación, y les diremos la verdad ―dijo en la conferencia de prensa.

― ¿Pero se sabe por qué fue un accidente?

― Estamos en las investigaciones. Lo único que les puedo decir es que hablaremos siempre con la verdad ―, insistió Jiménez.

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