La Fiscalía coloca a un abogado cercano al secretario de Gobernación al frente del ‘caso Ayotzinapa’

El caso Ayotzinapa tiene nuevo encargado. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, ha nombrado a Rosendo Gómez Piedra al frente de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), tras la renuncia la semana pasada de Omar Gómez Trejo. Abogado tabasqueño, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco durante el mandato del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Gómez Piedra enfrenta un panorama complicado, dominado por la extrañeza que han generado los últimos movimientos al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).

El nuevo titular de la UEILCA ha recibido formalmente el encargo este miércoles. Hasta la fecha, Gómez Piedra era el comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar federal, cargó que ocupó tras presidir el tribunal en Tabasco, entre enero de 2019 y septiembre de 2020. Años atrás, el abogado fue subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo las órdenes de Bernardo Batiz, procurador durante los años del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno de la capital (2000-2006).

El nombramiento ocurre en medio de una fuerte polémica en el país por el caso Ayotzinapa, todo a raíz de la embestida del aparato de la FGR contra la UEILCA. A mediados de agosto, el fiscal Gertz ordenó a personal de la Fiscalía de Asuntos Internos que tomara una de las patas de la investigación, el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, primer encargado federal del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015. La ocupación de la UEILCA estuvo motivada por una diferencia de criterios sobre la celeridad con que debía llevarse el caso de Murillo ante el juez. Gertz insistía en que debía hacerse ya y Gómez Trejo pidió un mes para preparar la consignación y las audiencias.

En medio del choque por el caso Murillo, la FGR ordenó cancelar además 21 de las 83 órdenes de detención que un juez había concedido a la UEILCA contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. De las 21 órdenes canceladas, 16 eran contra militares, una contra el comandante de uno de los batallones que funcionaban en Iguala en la época del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, Rafael Hernández Nieto.

Si el caso Murillo marcó un antes y un después en la relación de la UEILCA con el fiscal general, la cancelación de las órdenes rompió los puentes que aún existían entre ambas partes. Todo esto ocurría además en medio de las reacciones que había causado la presentación del informe de la comisión presidencial que investiga el caso, en paralelo a la Fiscalía. Su encargado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había señalado a un general de ordenar el asesinato de al menos 6 de los 43 normalistas desaparecidos. La decisión posterior de la FGR de pedir al juez que cancelara órdenes de detención contra militares avivaba las dudas sobre espacio de maniobra de que gozaban los investigadores.

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