Un conflicto de tierras en Oaxaca pone en evidencia el tren del istmo de López Obrador

Avanza el sexenio en México y lo hacen también las obras estratégicas del Gobierno, todas envueltas en controversia, algunas más criticadas que otras. El corredor interoceánico, el plan para desarrollar una enorme red logística de vías de tren, carreteras y parques industriales en el istmo, entre Veracruz y Oaxaca, ha pasado medio desapercibido estos años. Pero los problemas existen allí, igual que en los parajes sureños de Yucatán, en ese caso por la construcción del Tren Maya. Un conflicto de tierras en una pequeña comunidad cerca de Salina Cruz simboliza las dificultades del Ejecutivo para llevar a cabo las obras.

Se trata de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa. Comunidad zapoteca, Puente Madera pelea desde hace un año contra la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los diez que el Gobierno planea levantar en la primera etapa de las obras. La comunidad argumenta que un proyecto así destruiría El Pitayal, una zona de selva baja, básica en su economía. Como explica Marco Quintero, de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, “la comunidad tiene derecho a decidir qué tipo de desarrollo quiere como pueblo, y no el que le impongan desde el Gobierno”.

La molestia en Puente Madera apunta a las formas de Palacio Nacional, sus acólitos y representantes en la región. La comunidad acusa al Gobierno de ampararse en personajes que han recurrido a trampas y engaños para allanar el camino al parque industrial. En estas últimas semanas, el líder vecinal de Puente Madera, David Hernández, ha sufrido incluso una agresión por parte de un pequeño grupo de vecinos de la comunidad, estos a favor del corredor interoceánico. “Estaba en casa de mis papás, convaleciente de una operación por una hernia y vinieron y me atacaron”, dice Hernández en entrevista.

La historia de trampas, presiones y agresiones en Puente Madera encuentra su eco en otras partes de México. Activistas y pobladores de Campeche han denunciado, por ejemplo, que las obras del Tren Maya en la selva iniciaron sin declaración de impacto ambiental. Por ese y otros motivos, pobladores de la zona acudieron a la justicia, buscando que un juez parase los trabajos. Lo consiguieron y la respuesta del Gobierno fue que detrás de su pelea había intereses político y electorales.

Ante situaciones así, el Gobierno ha mantenido una actitud distante, como si las críticas no tuvieran que ver con sus planes de desarrollo y nacieran, en realidad, de intentos desestabilizadoras de la oposición. En algunos casos, el discurso gubernamental ha chocado con realidades difíciles de soslayar, como el asesinato de Samir Flores en Morelos, en 2019. Activista contra la construcción de una planta termoeléctrica en la región, su asesinato no impidió que el Gobierno celebrara una consulta sobre las obras, a menos de una semana de su muerte.

Los frentes

David Hernández y Marco Quintero denuncian que en Puente Madera, la manipulación y las presiones iniciaron en el ámbito local. Los terrenos del pueblo son colectivos, no pertenecen a nadie, sino al grupo. Así, cualquier decisión al respecto debe discutirse en la asamblea de comuneros, que agrupa a algo más de 1.700 vecinos. En marzo del año pasado, los líderes de San Blas Atempa convocaron una asamblea para cambiar el uso del suelo donde el Gobierno prevé instalar el parque industrial, poco más de 300 hectáreas. Querían aprobar el cambio y lo consiguieron. En Puente Madera denuncian que la asamblea estuvo plagada de irregularidades y la impugnaron ante el tribunal agrario de la región.

“En la revisión del acta de asamblea y las firmas, comprobaron que se falsificaron más del 70% de las firmas. Hubo un caso incluso de una persona que llevaba dos años fallecida, que aparecía como firmante de la asamblea”, denuncia Quintero. Fue el inicio de un año lleno de tensiones, en el que los pobladores de Puente Madera vieron cómo, de repente, un grupo de vecinos del pueblo, algunos incluso de la misma comunidad, se ostentaban como propietarios de decenas de hectáreas de El Pitayal.

En estos meses, Puente Madera ha trabajado en dos ámbitos, uno el judicial y otro el mediático. David Hernández y sus compañeros han seguido el proceso frente al tribunal agrario, acusando de mala praxis a los líderes de San Blas, particularmente al que fue presidente municipal hasta el año pasado, Antonino Morales, de Morena. Hernández explica que el Ayuntamiento de San Blas tuvo las cuentas congeladas en tiempos de Morales, por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El frente judicial tiene otra parte, que apunta a la privatización, a su juicio irregular, de las tierras de El Pitayal, donde el Gobierno quiere construir el parque industrial. Hernández apunta a Morales: “El comisariado de bienes comunales del periodo pasado ha entregado constancias de posesión de tierras. Eso es cosa de Antonino, que controla ese sistema de comuneros y agentes municipales y a la fuerza, como salga, hace lo que quiere. Porque incluso ahora, que no hay comisariado, siguen elaborando documentos”. Hernández explica que el año pasado cesaron las autoridades comunitarias y desde entonces no han elegido nuevas. Y aun así, el comisariado funciona, a su entender, de manera ilegal.

En el ámbito mediático, la población de Puente Madera ha salido a la carretera principal del istmo varias veces estos meses, con la intención de llamar la atención sobre la situación de la comunidad. Aunque a veces ha sido por una cuestión de supervivencia para ellos, como en febrero pasado. Entonces, policías de San Blas y “posesionarios”, que es como llama Hernández a los presuntos dueños de tierras comunitarias, acudieron a El Pitayal, al parecer, para vallar parcelas. Los vecinos Puente Madera salieron en tromba, quemaron las camionetas de la policía y echaron de allí a los “posesionarios”.

La venta, los golpes

“Lo que ha seguido ha sido la venta de esos terrenos”, dice Hernández. En este primer semestre de 2022, esos “posesionarios” han vendido sus tierras al Gobierno, para la construcción del parque, según Hernández. “Una persona recibió seis millones, otra dos millones. Uno de los posesionarios me dijo que ya les estaban pagando”, explica.

La tensión ha ido en aumento desde entonces. En junio, Puente Madera y otras agencias de San Blas organizaron una gran marcha sobre la carretera del istmo y allí, Hernández responsabilizó de cualquier cosa que le pasara a Morales y sus secuaces en Puente Madera. El líder vecinal explica que de los 32 posesionarios de las tierras para el parque industrial, seis son de la comunidad.

Hace semana y media, uno de esos seis, Mariano De la Rosa, fue a casa de los padres de Hernández a hablar con él. Días antes, De la Rosa, explica Hernández, había protagonizado un altercado en un partido de beisbol en la comunidad. “Se puso ebrio, parece que se empezó a decir de cosas con gente allí y le acabaron golpeando”. De la Rosa llegó a pedirle explicaciones, como si los que le habían golpeado hubieran llegado de parte del líder vecinal.

Convaleciente de su operación, Hernández, de 45 años, no se podría mover bien. La conversación empezó a subir de tono. “Empezamos a hablar del parque industrial, hablamos de la asamblea, le dije que él se había prestado a todo eso”, explica. “Bueno, se me lanzó a los golpes y yo no pude defenderme por lo de la hernia. Me alcanzó a dar patadas, se metieron mis papás, les golpearon a ellos”.

Aquello acabó mal, porque los vecinos, cuando se enteraron, persiguieron a De la Rosa y su familia y quemaron la palapa que usa de cocina, junto a su casa. Días más tarde, De la Rosa denunció a Hernández por agresión, contando una historia distinta a la que cuenta el líder vecinal. “Él me acusa de que yo estaba esperándolo, después de comprar su cena, y que a su paso, a la altura de donde yo vivo, dice que yo le esperaba con unas personas, que lo bajé de su camioneta y ordené que le golpearan”, explica el hombre. “Y ahí, no conforme, dice que se subió como pudo y se fue y que yo ordené que lo agarraran a pedradas. Y que aún yo le seguí a su casa, y ordené que lo mataran y quemaran su casa”.

Vista la denuncia, Hernández denunció de vuelta a De la Rosa. “Tuve que hacerlo para decir realmente cómo pasaron los hechos. Vamos a tener que defendernos y que la verdad se sepa”, explica. A lo largo de toda la conversación, Hernández insiste varias veces en que ellos no están en contra del progreso, sino de las formas. “No sé qué habría pasado si se hubiera hecho bien todo este proceso, quizá si habrían aprobado el parque industria”, zanja.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país