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El abogado del ‘caso Verónica Razo’: “El juez hizo lo que quiso”

El letrado de la mujer torturada, en prisión sin sentencia por más de 11 años, denuncia arbitrariedades del juzgador y avanza nuevos recursos para sacarla de la cárcel

Verónica Razo
El hijo y la madre de Verónica Razo, Byron Ariano y Austreberta Casalez, durante una manifestación frente a la SEIDO en noviembre de 2017.Tercero Díaz (Cuartoscuro)
Pablo Ferri

Apenas unas horas después del mazazo contra su representada, el equipo jurídico de Verónica Razo se reagrupa, pensando en los siguientes pasos. Este lunes, un juez decidió mantener en la cárcel a la mujer, que ha estado en prisión preventiva casi 11 años, cuando el máximo que permite la ley en México son dos. Razo, de 43 años, sufrió tortura física y sexual durante su detención, a cargo de la desaparecida Policía Federal. La mujer denuncia que los agentes fabricaron el delito por el que la acusan, un caso de secuestro. Naciones Unidas y Amnistía Internacional han pedido su liberación.

El abogado Moisés Terán lidera los esfuerzos para sacar a Razo de la cárcel. Parte de la unidad de litigio estratégico en derechos humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Terán lamenta la forma en que se desarrolló la audiencia del lunes. “El juez hizo lo que él quiso. No siguió los lineamientos que le marcó un tribunal superior, hizo una audiencia confusa, cansada, cinco horas de debate para que resolviera en cinco minutos”, critica.

Moisés Terán, defensa legal de Verónica Razo.
Moisés Terán, defensa legal de Verónica Razo.Cortesía

En esos cinco minutos, el juez consideró que cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar es riesgoso, porque el arraigo de la mujer en Ciudad de México queda sin comprobar y la posibilidad de que se fugue es alto. “Según él, los comprobantes de domicilio que ofrecimos para acreditar el arraigo no eran totalmente recientes. Nosotros los aportamos en la fecha de la solicitud del cambio de la medida cautelar, en julio del año pasado”, señala el letrado.

El asunto de los comprobantes ilustra la manera de proceder de las autoridades en el caso. Terán recuerda los primeros meses de 2020, cuando tomaron la defensa de Razo. “El asunto llevaba tres años detenido. ¿Por qué? Porque había una prueba, una ratificación de un dictamen de evaluación de muebles, que no se podría llevar a cabo, porque la persona que en su día había hecho el dictamen ya no trabajaba ahí, en la Fiscalía”, dice.

El letrado añade, jocoso, que “ese dictamen es un documento en que un perito dice cuánto valen los muebles que se encontraban supuestamente en la casa de seguridad de la banda de secuestradores a la que presuntamente pertenecía Verónica. Y aclara: “La ratificación es un acto jurídico en el que el perito debía ir al juzgado y decir que él lo había elaborado. ¡Es una cosa que no tiene nada que ver con el hecho en sí!”.

Tecnicismos aparte, la resolución del caso Razo es importante por el abuso sistemático en que incurre el sistema de justicia con la prisión preventiva. Las cárceles mexicanas están llenas de personas sin condena, alrededor de 100.000, según cuentas del propio Gobierno. Terán explica que en el caso de su defendida, “el juez dijo que en este tipo de delitos -secuestro- no se puede modificar la medida cautelar. Sin embargo”, añade, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho en estos meses que la prisión preventiva se puede modificar, independientemente del delito de que se trate”.

Las condiciones que rodearon la detención de la mujer apuntan precisamente al criterio que ha establecido el Máximo Tribunal. El 8 de junio de 2011, policías federales detuvieron a Razo en Ciudad de México. La torturaron en una patrulla y abusaron sexualmente de ella, maltrato que se repitió en las instalaciones de la corporación. Los agentes detuvieron a la vez a su hermano, Erick, a quien también torturaron. Resultado de la golpiza, Verónica Razo estuvo ingresada en el hospital tres días. Luego la mandaron a prisión, donde ya estaba su hermano. Los dos han estado presos por más de diez años. En mayo, compañeros de Terán lograron la liberación del hermano, absuelto de todos los cargos.

“Ellos supuestamente formaban parte de una banda de secuestradores. Estaban acusados junto a otras diez personas”, explica el abogado. “A Verónica le acusaban de que supuestamente iba a identificar a la víctima y ya luego otro grupo de personas iba y la levantaba. Pero el tema principal es que ellos no pertenecían a ninguna banda. El supuesto operativo en que desarticulan a la banda nunca ocurrió. Lo dejamos más que claro en el proceso”, defiende. Terán explica que la detención de los hermanos ocurrió el 8 de junio, un día antes del supuesto operativo que llevó a cabo la Policía Federal, para desarticular la presunta banda de secuestradores.

“Ese supuesto operativo jamás ocurrió”, insiste el abogado. “Supuestamente, lo armaron a partir de una llamada anónima, diciendo que en una gasolinera de una avenida de aquí, de Ciudad de México, había personas con armas de fuego, con una persona secuestrada. Las autoridades rápido hacen el operativo y detienen a todas las personas”, añade. “Pero, fíjate que ni siquiera liberaron a nadie, ¿qué pasó con la persona secuestrada?. Solo les agarran las armas de fuego, supuestamente. Pero ni siquiera les iniciaron proceso por las armas y fíjate que, además, los trabajadores de la gasolinera declararon que nunca pasó nada”.

En mayo, el mismo juez que liberó a Erick Razo condenó a su hermana por uno de los casos de secuestro de que le acusaban. “Se cayeron todos el resto de delitos de secuestro y de delincuencia organizada”, explica Terán. “La acusación que la mantiene en prisión es una en que una persona dice que Verónica llegó un día antes a su negocio, le preguntó su nombre, se espantó y al otro día lo secuestraron”. Preguntado por este testimonio, el abogado dice: “No sé si presionaron a esta persona… Pero pensemos en el contexto del país entonces, las detenciones simuladas, que habían sido días antes y que luego presentaban ante los medios, operativos simulados…”.

El plan ahora es recurrir la sentencia y esperar que un tribunal superior obligue al juez a repetir la audiencia, teniendo en cuenta la situación de Razo. Es una situación conocida. El mismo juez ya había evitado sacar a la mujer de prisión y un tribunal superior ya le ordenó que revisara su decisión, cosa que ocurrió el lunes. Terán se muestra confiado en que la próxima ronda será distinta y Razo saldrá pronto de la cárcel.

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Sobre la firma

Pablo Ferri
Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).

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