La canadiense Almaden espera seguir con la mina de oro en Puebla pese a la cancelación de sus concesiones

La canadiense Almaden Minerals todavía quiere extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en el Estado de Puebla. La Suprema Corte de Justicia canceló en febrero dos concesiones que tenía la empresa porque el Gobierno no había consultado previamente a las comunidades de la zona. Fue una decisión histórica para los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el máximo tribunal dejó abierta la puerta a que se reexpidieran los permisos después de realizar una consulta. Almaden, a través de su filial Minera Gorrión, se ha declarado este martes “en la mejor disposición” para que esta se celebre y así poder seguir con el proyecto.

El futuro de la polémica mina de cielo abierto que Almaden quiere abrir pende de un hilo. La histórica decisión de la Suprema Corte reafirmó el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre los proyectos ubicados en su territorio, un principio establecido en el Convenio 169 de la OIT y que ha sido repetidamente ignorado por los Gobiernos. Al no haberse cumplido con ese requisito antes del otorgamiento de los permisos, el tribunal dio la razón a la comunidad de Tecoltemi, cuyo territorio fue concesionado sin ser consultada, y dejó “insubsistentes” las dos concesiones de la minera, que sumaban más de 14.000 hectáreas.

Ahora, Almaden, que ha invertido unos 40 millones de dólares en trabajos de prospección y exploración, está pendiente de que la Secretaría de Economía realice la consulta para después poder recobrar las concesiones, como estableció el tribunal en la sentencia. “La empresa entiende que continua plenamente vigente el procedimiento de solicitud y que, con ello, mantiene sus derechos adquiridos“, ha señalado en un comunicado. “Minera Gorrión está en la mejor disposición y buscará interactuar con autoridades y comunidades locales para que sea celebrada la consulta”.

Como reconoce la empresa, la Suprema Corte no estableció un plazo para que se realizara la consulta indígena, lo que ha dejado un amplio margen de maniobra al Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó a principios del sexenio que no se otorgarían nuevas concesiones mineras. Más recientemente, antes de que el máximo tribunal se pronunciara sobre el caso, la Secretaría de Medio Ambiente llamó a los ministros a fallar en favor de la comunidad de Tecoltemi.

Almaden ha intentado distanciarse de Tecoltemi, un pequeño ejido preocupado por el impacto de la mina sobre el suministro de agua. El proyecto de mina está ubicado a unos kilómetros de la población demandante, aunque las dos concesiones atraviesan parte de su territorio. La empresa ha señalado este martes que “no tiene ningún interés en poseer títulos de concesión que puedan abarcar los terrenos de la comunidad que inició toda esta cuestión legal”. Almaden ya intentó durante el juicio renunciar a la parte que cruzaba por Tecoltemi para así dejar sin efecto el proceso judicial. La petición de la minera fue rechazada por el juez en su momento.

La consulta indígena no es el único escollo al que se enfrenta la empresa. La Secretaría de Medio Ambiente rechazó a finales de 2020 la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que Almaden encargó a una consultora especializada. La autorización es un requisito para pasar a la fase de explotación. Sin embargo, la dependencia federal consideró que el documento presentado subestimaba la presencia indígena en la zona afectada, así como el impacto del proyecto sobre el ecosistema.

Año y medio después de ese rechazo, Almaden ha afirmado que la nueva MIA sobre la que trabaja está “sustancialmente completada” y que espera ingresarla una vez el Gobierno celebre la consulta indígena. “Minera Gorrión reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y con un proyecto minero que traerá́ desarrollo y bienestar a Ixtacamaxtitlán y a México”, ha señalado.

Mientras, Tecoltemi y las organizaciones sociales que acompañaron el litigio contra Almaden continúan alertas para proteger lo que consideran fue una victoria histórica de los pueblos indígenas frente a los grandes proyectos mineros. “Estos criterios resultan de gran relevancia pues al constituir jurisprudencia, y por lo tanto, ser obligatorios, refuerzan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el país y contribuyen a poner un alto a la imposición del extractivismo minero en los territorios”, señalaron en junio en un comunicado.

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