El Gobierno presiona para que la Suprema Corte falle a favor de Tecoltemi y en contra de la Ley Minera

El Gobierno mexicano ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia que resuelva a favor del amparo de Tecoltemi en contra de un proyecto minero. En un comunicado conjunto publicado este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria “confían” que el máximo tribunal considere inconstitucionales los artículos de la Ley Minera que dan preferencia a esta actividad sobre cualquier otro uso de la tierra. Es la segunda vez en un mes que dependencias federales se pronuncian sobre el caso. Los ministros tienen previsto discutirlo este miércoles, después de dos aplazamientos.

Las autoridades federales retoman los argumentos de la defensa de Tecoltemi, al considerar que la Ley Minera es discriminatoria. “Representa una oportunidad histórica para que el máximo tribunal de justicia contribuya de manera efectiva a la protección y garantía de los derechos de todos los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios en el país, al evidenciar una legislación discriminatoria”, reza el comunicado. “No hay duda de que la legislación minera tiene relación directa con sus derechos. Tampoco existe duda de que sus tierras, territorios y recursos naturales se encuentran reconocidos y protegidos por el marco convencional”.

Tecoltemi se ha convertido en un caso emblemático. Este ejido, situado en la sierra norte del Estado de Puebla, interpuso un amparo en 2015 cuando se enteró de que su territorio formaba parte de dos concesiones a la minera canadiense Almaden Minerals. La comunidad reclama la cancelación de las autorizaciones porque el Gobierno no hizo una consulta previa antes de otorgarlas. La Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México ha firmado protegen los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y la necesidad de ser consultados sobre proyectos que afectan a su comunidad.

El amparo también solicita que se declare la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera por atentar contra esos derechos. La legislación, vigente desde 1992, establece que esta actividad es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”, incluido el agrícola, y le da la prioridad sobre “las aguas de las minas”. Además, las concesiones se otorgan por un periodo de 50 años, prorrogables hasta los 100.

El proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo da la razón en parte a Tecoltemi. Su ponencia propone la cancelación de las concesiones a Almaden Minerals ante la ausencia de consulta previa, algo inédito. Sin embargo, el ministro rechaza los argumentos de la comunidad en contra de los cuatro artículos de la Ley Minera. Pardo Rebolledo afirma que la Constitución reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Aunque la mayoría parlamentaria de la que dispone el Gobierno no ha modificado la ley en tres años, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no esconde su rechazo a la misma. La dependencia ya manifestó abiertamente sus discrepancias respecto al proyecto de sentencia de Pardo Rebolledo en un comunicado del 13 de enero, unos días antes de que el máximo tribunal tuviera que discutir el caso. Al final, el ministro retiró el asunto de la agenda y el debate se pospuso hasta el 2 de febrero. La discusión, sin embargo, se volvió a aplazar y ahora se tiene prevista para este miércoles, casi siete años después de que Tecoltemi iniciara la batalla legal.

El sector privado sigue con atención el juicio y ha criticado las presiones del Ejecutivo sobre el máximo tribunal. “Desafortunadamente hemos visto intentos de dar línea aunque sean poderes separados, tanto Semarnat y el Poder Judicial. Debe de haber un respeto a la separación de poderes”, declaró a este periódico el presidente de la Cámara minera, José Jaime Gutiérrez, a mediados de enero.

El sector pasa por un momento complicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a inicios de su sexenio que no se iban a otorgar más concesiones y se ha propuesto nacionalizar los yacimientos de litio. A eso se suma el frente judicial abierto por casos como el de Tecoltemi que disputan la legalidad de las autorizaciones ya concedidas. Almaden Minerals ha invertido varios millones de dólares en trabajos de prospección y exploración desde sus inicios en 2001 y quiere empezar a extraer oro y plata, pero una sentencia desfavorable enterraría el proyecto. La decisión de la Suprema Corte puede sentar un precedente y abrir la vía para otras impugnaciones.

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