El auditor que convirtió a México en Francia

Las irregularidades* detectadas en el gasto hecho por gobernadores y municipios han caído estrepitosamente. Según datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la reducción es del 56%, una caída histórica desde que llegó el auditor en 2018 y hasta la última cuenta pública auditada en su totalidad, la del 2020.

Esta caída es tan grande que resulta inverosímil. Si la misma situación sucediera en las medidas de corrupción de Transparencia Internacional, México se habría convertido en Francia (del puesto 31 al 70 del ránking).

Encontrar las razones de esta reducción no es fácil. No se explica porque haya menos dinero auditado: en el último año se auditó 7% más dinero a los Estados y municipios que en 2018. Tampoco se explica porque la ASF no tenga suficiente información para identificar irregularidades. De hecho, las solicitudes de aclaración pendientes de resolver se han reducido en un 71% con respecto a 2018.

La reducción en corrupción se explica, más bien, por una combinación de motivos positivos y otros que levantan sospechas sobre el actuar de la auditoría.

En el lado positivo destaca la forma en la que los Estados han aprendido a ser auditados y a responder a los requerimientos de información hechos por la ASF. Los gobernadores se han vuelto cada vez más proactivos y por ello, el 78% de los Estados han reducido sus irregularidades con respecto a 2018.

Por otro lado, existen sospechas de que la reducción de irregularidades se deba en parte a que el auditor está teniendo consentidos.

Por ejemplo, el número total de irregularidades puede bajarse artificialmente si se audita más a los limpios y menos a los corruptos. Esto pudiera estar pasando pues, en el último año, se auditó menos a la mayoría de los entes que tuvieron irregularidades en el 2018 (59%). Destacan casos como León o Iztapalapa que redujeron sus auditorías en más de 1.000 millones de pesos, a pesar de que en 2018 eran municipios más irregulares que la media. O el Estado de Puebla que, siendo el segundo Estado con más dinero irregular del 2018, ahora tiene auditorías 6% más chicas.

Hay también evidencia de que las auditorías son mucho mayores para los más limpios. Tal pudiera ser el caso del gasto federalizado de Hacienda o Bienestar. Ambos entes aumentaron en 91.000 millones de pesos su dinero auditado a pesar de que nunca han tenido severas irregularidades. El Estado con menor cantidad de irregularidades en 2018, Querétaro, aumentó su cantidad auditada en 4% en 2020.

Los focos rojos se encienden cuando vemos que, de un plumazo, la auditoría ha perdonado amplias irregularidades. Por ejemplo, a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, se le perdonó el desvío de más de 685 millones de pesos en un proceso exprés que en dos días terminó con una investigación de varios meses. Esto huele mal.

También huele mal que una gran cantidad de auditorías han sido hechas de manera digital durante la pandemia lo que impide verificar con el mismo detalle las obras. Los laboratorios de obra pública acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación se cuentan con los dedos de una mano y con frecuencia muchas obras se inauguran sin verificar su calidad.

Las áreas auditoras se han convertido en maquiladoras de trabajo como si fueran despachos externos. Su tarea es reportar irregularidades, pero no darles seguimiento. El resultado es el abandono de miles de casos. De hecho, no se ha presentado una sola denuncia penal por irregularidades en el gasto federalizado cometidas de 2019 a la fecha.

Aunado a lo anterior está el problema de que cada vez más autoridades le dan el avión al auditor federal. El porcentaje de recomendaciones hechas por la ASF que son atendidas ha caído, de ser 82% en 2016 a tan solo 12,7% en el último año.

De hecho, la ASF ha creado una figura específica para legalmente permitir que otros le den el avión: el cómicamente llamado “concluido sin implementar”. Esta figura permite que la ASF concluya el seguimiento a un caso sin que la autoridad auditada haya hecho algo por saldar sus errores. Esto sucede el 16% de las veces que la ASF hace una recomendación a un Estado. En lugares como Veracruz pasa el 40% de las veces.

Es urgente demandar cambios. El más importante de ellos es una transformación de las métricas que la ASF usa para medir su desempeño. No se debe celebrar la cantidad de dinero auditado, la cantidad de auditorías o la cantidad de irregularidades encontradas. Lo que importa es la cantidad de funcionarios públicos que enfrentan acciones penales o administrativas por irregularidades no saldadas. Si un auditor no gana casos, no tiene porqué continuar siendo auditor.

El monto de las auditorías debe reducirse solo para las autoridades que apliquen las recomendaciones de la auditoría y muestren reducciones multianuales de sus irregularidades. Es importante separar las auditorías que pueden hacerse con análisis de datos de las que necesitan verificación in situ. Para las primeras es urgente crear un laboratorio de datos de vanguardia que sacuda la forma en la que la ASF ha trabajado hasta ahora.

Y finalmente es tiempo de repensar las autonomías. La autonomía ha creado líderes ultrapoderosos que no le rinden cuentas a nadie más que a sí mismos: tal es el caso de la ASF y la Fiscalía general. El auditor ha podido cambiar reglamentos para centralizar el poder en él, su jurídico y su área de seguimiento, y puede por ello, si así lo desea negociar con sus entes consentidos. La autonomía se ha convertido en poder discrecional. Urge una reforma.

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