El uso de armamento prohibido cuestiona la respuesta policial en marchas en Ciudad de México
Una mujer que ha participado en las últimas marchas del 8-M y el responsable de una brigada de primeros auxilios cuestionan el mensaje de contención y cuidados del Gobierno de la capital y denuncian el uso de armas menos letales prohibidas por ley
Desde hace años, Ciudad de México se presenta ante el mundo como un ejemplo de contención policial ante los centenares de marchas, protestas y manifestaciones que acoge cada año. Desaparecida su división de agentes antidisturbios, el célebre cuerpo de granaderos, de nefasto recuerdo para el movimiento estudiantil del 68, la capital señala orgullosa que solo necesita vallas y extintores para evitar disturbios.
Tras su llegada al poder, en diciembre de 2018, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha celebrado varias veces que en la capital “mujeres cuidan a mujeres”, en referencia al equipo de policías, las Ateneas, que ha custodiado las grandes marchas de estos años, casi siempre por el día de la mujer, el 8 de marzo. La realidad, sin embargo, es un poco más complicada.
Testimonios recopilados por EL PAÍS, Animal Político y Telemundo, medios aliados de la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros 10 medios americanos, señalan que los cuerpos de seguridad han empleado armamento y municiones no previstas en la ley general del uso de la fuerza, aprobada en 2019.
Eli, una manifestante que acude asiduamente a marchas en la capital y el Estado de México, cuenta su experiencia en las últimas manifestaciones del Día de la mujer, en Ciudad de México. Nombre ficticio para evitar problemas, Eli recuerda por ejemplo la última marcha del 8 de marzo. Las policías “rociaban el extintor y echaban gas pimienta. Picaba la cara, sentías que ardía muchísimo. Muchas de las chicas se quitaban sus blusas para limpiarse la cara, se echaban refresco o agua con bicarbonato. Luego empezaron a caer un tipo de bolsitas con mechero, que era el gas lacrimógeno. Algunas compañeras las alcanzaban a apagar con sus botellas de agua”, recuerda.
Colectivos que proveen primeros auxilios en las marchas, caso de Brigada Marabunta, coinciden con Eli y señalan que los cuerpos de seguridad han usado estos años gases prohibidos, incluso después de la aprobación de la ley, que solo prevé el empleo de “toletes, dispositivos de descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión”. Nunca granadas o fusiles que disparen municiones de gas.
Marabunta denuncia incluso un intento de ocultar la utilización de estos proyectiles, sacando la munición de sus carcasas, coincidiendo con el relato de Eli, o borrando sus marcas o números de serie. Las autoridades policiales de Ciudad de México consultadas por la alianza han negado la mayor, señalando que las agentes están capacitadas para manejar este tipo de armas y munición y que, además, la policía de la capital no cuentan con ese tipo de artefactos en sus armerías.
En el caso de los extintores, la ley tampoco prevé su uso, aunque pocos en México cuestionan su empleo. La policía los defiende porque, con ellos, dicen, evitan incendios y quemaduras. Expertos consultados por la alianza se sorprenden e incluso critican la medida, principalmente por la utilización que hacen los agentes. Lejos de limitar el químico a cualquier conato de incendio, en las marchas es común que los agentes accionen los disparadores de forma disuasoria.
La armería de Ciudad de México
México vive un periodo de transición entre un modelo viejo de contención de marchas y uno nuevo. Desde 2019, la ley prohíbe fusiles, pistolas y granadas que usan municiones químicas, de gas pimienta o lacrimógeno, y físicas, de balines de goma o caucho. La realidad, sin embargo, es que cuerpos de seguridad de todo el país han acumulado por años municiones y armamento de este tipo y en ocasiones lo han utilizado, después incluso de 2019.
A solicitudes de información por parte de este equipo a los 32 Gobiernos de los estados, algunos han informado de compras de material prohibido, después de 2019. Es el caso de Sonora, por ejemplo. En 2020, el Ejecutivo estatal adquirió 180 granadas de gas con cargo al presupuesto federal por algo más de 25.000 dólares. Cada estado da respuestas distintas, aunque predomina la opacidad. De las 32 entidades, cinco dicen que no tienen armas de este tipo, cinco más dicen que no tienen datos, cuatro reservaron la información y cuatro no contestaron las solicitudes.
Sea como sea, la transición parece lenta. Algunos estados siguen usando este tipo de armas y municiones, en algunos casos sin esconderlo siquiera. Es el caso de Chiapas. A mediados de 2021, la policía estatal reprimió una protesta de estudiantes normalistas cerca de Tuxtla, la capital estatal. Los agentes emplearon fusiles de municiones de gas lacrimógeno, medida recogida en vídeos que grabaron periodistas y los propios manifestantes.
En el caso de Ciudad de México, el Gobierno solo reconoce la compra de extintores y vallas. En solicitudes de información realizadas por este equipo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que en 2017 se adquirieron 4.407 extinguidores y 500 vallas antimotín de 3 metros de altura. Por los extinguidores, la SSC pagó cinco millones de pesos (99.325 dólares). En 2020, se adquirieron 1.000 extintores más.
Sobre adquisiciones de materiales ahora prohibidos, la negativa es total. Ni siquiera videos que evidencian la explosión de granadas de gas en protestas recientes, como en la marcha del 8-M de este año, frente a Palacio Nacional, motiva un cambio de discurso. Todo lo contrario. Itzania Otero, directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil, las Ateneas, pide que se muestre evidencia de que es la policía capitalina quien lanza esos artefactos y exige que se informe de las víctimas que hayan resultado lesionadas por estas acciones.
“Habría que ver qué mujer feminista tiene una lesión por este tipo de situaciones, sustancias u objetos”, defiende. “Lo que sí te puedo demostrar que compañeras policía sí tienen lesiones. Nosotras tenemos los extintores porque es latente el peligro. Nos aventaban, la verdad no sé qué objeto, pero de repente ya se estaba prendiendo una compañera. Al principio era muy dramático apagarla, tirarla al piso. Ahora, ya estamos preparadas para una situación”, zanja.
Entre gas y extintores
Miguel Barrera, fundador de la Brigada Marabunta, se ha dado a la tarea de juntar toda la evidencia posible del uso de fusiles y granadas de gas en las movilizaciones en las que ha participado. Durante una entrevista con este equipo, muestra las granadas de gas lacrimógeno que los policías han lanzado en las manifestaciones feministas desde 2018 y cómo, con el paso de los años, explica, han ido adecuando sus métodos para evitar que se pueda seguir rastro de su origen.
“Al principio, los policías las lanzaban con toda su nomenclatura y su envase original”, dice, mientras sostiene una de las primeras granadas de gas lacrimógeno que recuperaron. “Esto sale de una armería, no lo puede tener un civil y es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad”, subraya. Desde la primera ocasión en que advirtieron el empleo de estas armas menos letales en las movilizaciones feministas de la capital, sostiene, se informó a las autoridades capitalinas. El gobierno lo negó a pesar de que había evidencia, afirma Barrera.
Marabunta denuncia que ahora, la policía desarma las granadas de gas lacrimógeno y vierte su contenido en bolsas plásticas a las que les colocaron una mecha para lanzarlas. Según explica el activista, en el momento en que las bolsas caen al piso el fuego las cubre y luego empiezan a liberar el gas. Barrera asegura que este método comenzó a utilizarse hace tres años. Las primeras veces, Brigada Marabunta dejaba que estos artefactos liberaran el gas, en lugar de intentar apagarlos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que se trataba de gas lacrimógeno.
“¿Qué sucedió? Como ya habían sido evidenciados que estaban utilizando esto -granadas de gas lacrimógeno- dijeron ‘ya no hay que usar el envase’ y ¿qué hicieron? Lo cortaron, le sacaron el contenido, llenaron unas bolsitas, les pusieron una mecha y las arrojaron (...) No queda nada (de evidencia) porque queda hecho cenizas, no hay mucho modo de que alguien pueda señalar que es gas lacrimógeno”, explica.
En las instalaciones de la brigada, Barrera muestra bolsitas con munición, según ellos, que recuperaron de la manifestación de marzo, en donde se advierte una especie de dibujo o etiqueta del puño, emblema feminista. El propósito de estas acciones, lamenta Barrera, no solo es reprimir a las manifestantes, sino que ahora lo que busca es criminalizarlas.
Este año, Marabunta logró recolectar unas extrañas fichas metálicas que, explica Barrera, están llenas de gas lacrimógeno, así como un cilindro metálico con cualquier dato de identificación borrado. Según Barrera, agentes al otro lado de las vallas de Palacio Nacional las arrojaron a eso de las 19.30 horas, el 8 de marzo. Los artefactos afectaron a las personas que estaban, al menos, a 15 metros a la redonda.
Los expertos
Para Daniel Gómez de Tagle, extrabajador de la industria y experto en legislación y protocolos para el uso del armamento epiletal, la explicación al exabrupto es doble. O bien las corporaciones policiales guardan material antiguo y caduco en bodegas, o bien la autoridad miente.
“Si la Administración de Sheinbaum dice ‘es que no hemos comprado y no tenemos’, lo que me preocupa es que están usando algo que se compró antes de Cuauhtémoc Cárdenas”, dice. Cárdenas gobernó la capital de 1997 a 1999. “Si nos ponemos estrictos y nos ponemos a buscar, podemos encontrar que prácticamente en cada administración han estado empleando productos que dicen que no tienen. Si realmente no lo han comprado, entonces están usando productos caducos, punto”, afirma.
Sobre los extintores, el experto explica que la ley no los prevé y que, en realidad, no sirven para nada. “¿Cuál es la idea de usar el extintor? Que generes una distracción, pero yo no veo que la gente se distraiga (…) el extintor no es una opción legal de uso según la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, no es una opción de fuerza y técnicamente no sirve para nada, el muro es infranqueable, ¿qué necesidad tienes de agredir a las personas?”, critica.
De opinión parecida es la doctora, Rohini J. Haar, médica de urgencias con experiencia en temas de políticas sanitarias y derechos humanos. “¡Dios mío, no lo puedo creer! Hay nuevos inventos todos los días, pero en ese caso es un polvo contra el fuego que tiene muchos químicos tóxicos. Realmente, no quieres respirar eso en concentraciones muy altas. Eso no está bien, ni siquiera sé qué más decir, excepto que voy a agregar eso a mi lista de cosas raras que hace la gente. Simplemente, esa no es un arma menos letal”, señala.
Una investigación colaborativa y transfronteriza del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, El Clip en conjunto con Animal Político de México, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, Efecto Cocuyo de Venezuela, El País América, El Universo de Ecuador, Interferencia de Chile, No Ficción de Guatemala, Revista Anfibia de Argentina, UOL de Brasil y Noticias Telemundo de Estados Unidos.
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