El Gobierno de Ciudad de México demanda a DNV, la empresa encargada de los peritajes de la Línea 12

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señala que rescindirá el contrato con la compañía noruega por realizar un informe “deficiente” y “tendencioso”, justo tras un año de la tragedia en el metro de la capital

Vista aérea del tramo colapsado de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, el lunes 2 de mayo.
Vista aérea del tramo colapsado de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, el lunes 2 de mayo.Rodrigo Oropeza

El Gobierno de Ciudad de México ha roto con Det Norske Veritas (DNV), la empresa noruega encargada de los peritajes tras la tragedia de la Línea 12 del metro. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sorprendido al dar a conocer que tomó la decisión de rescindir el contrato con la compañía y que ya está en marcha una demanda civil en su contra. “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, ha dicho la mandataria en una rueda de prensa este miércoles, unas horas después de que la consultora diera a conocer en un comunicado que ya había concluido la tercera y última entrega de sus estudios sobre el desplome entre las estaciones Olivos y Tezonco, que dejó 26 muertos y un centenar de lesionados el 3 de mayo de 2021. El choque entre la firma y las autoridades de la capital se produce justo un año y un día después del colapso.

El conflicto de interés que reclama Sheinbaum, de Morena, el partido gobernante, es que un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador está vinculado a DNV. La mandataria también ha estallado contra un tuit que publicó el martes la senadora Xóchitl Gálvez, del conservador Partido Acción Nacional, en el que reprochaba que el Gobierno de la capital no había hecho públicos los resultados del tercer informe del peritaje. “Es un caminito que está ligado a Mexicanos Contra la Corrupción”, ha dicho Sheinbaum sobre esa organización, vinculada con el empresario Claudio X. González, uno de los más vocales críticos y némesis político de López Obrador.

El pleito, dice la jefa de Gobierno, viene “desde hace semanas”, pero no se había ventilado hasta este miércoles. Las conexiones específicas de DNV con la oposición, Mexicanos Contra la Corrupción y el abogado, un exfuncionario del Sistema Anticorrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no han quedado del todo claras, aunque sí se dijo que la querella con el presidente se remonta a la elección de 2012.

El Gobierno de la capital, que anunció la contratación de auditores independientes para dar transparencia a las investigaciones, ya no confía en DNV. Algo se rompió en el proceso de elaboración de la última entrega, cuyos resultados aún no se conocen. “Nosotros no vamos a permitir, en ningún momento, la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso, que se ha estado desarrollando con toda pulcritud, hasta el segundo reporte de la empresa”, ha comentado Sheinbaum. Un grupo técnico del Gobierno de la capital, compuesto por las Secretarías de Obras, de Movilidad y de Protección Civil, ha determinado que las deficiencias se derivan de que la empresa faltó a su propia metodología y han respondido con otro informe en el que describen los problemas que encontraron. “Hay muchos intereses detrás”, ha agregado Sheinbaum.

En su comunicado, DNV niega que existiera un conflicto de interés. “Este reporte final fue entregado en completo apego a los requisitos del contrato y a estrictos procesos internos de calidad”, ha señalado la compañía. “DNV confirma que el informe se produjo sin que estuviera involucrado ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés”, ha subrayado.

En su primer informe de junio de 2021, DNV apuntó de forma preliminar a fallos en la construcción y deficiencias en lo que concierne a los pernos y las soldaduras de la estructura. Sus conclusiones de ingeniería forense se filtraron antes de presentarse formalmente y levantaron polémica al señalar problemas de origen en la obra, construida durante la Administración de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.

Tras aplazar su publicación en tres ocasiones, el segundo informe ratificó en septiembre pasado las fallas en la construcción y dejó de lado problemas en el mantenimiento como origen de la tragedia. El Gobierno de Miguel Ángel Mancera, el predecesor de Sheinbaum y ahora senador, ya había cerrado la Línea 12 entre marzo de 2014 y finales de 2015 bajo el argumento de fallos en la construcción. Además del tercer peritaje, está pendiente de conocerse la investigación que ha realizado la Fiscalía local. La semana pasada se dio a conocer otro documento, presentado por los abogados de 14 víctimas y sus familiares, que señalaba, además, deficiencias en el diseño.

Sheinbaum ha detallado que se trata de una demanda civil y ha lamentado que se pretenda sacar “un lucro político” de la tragedia. El Gobierno también valora iniciar un proceso penal. “Vamos a dar a conocer el informe que se presentó a la empresa, mostrando cómo no cumple ni con su propia metodología”, ha insistido la jefa de Gobierno. A un año del derrumbe en la Línea 12, ninguna persona ha sido detenida, aunque 10 exfuncionarios ya han sido imputados por la Fiscalía, que aún trabaja en el deslinde de responsabilidades.

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Sobre la firma

Elías Camhaji

Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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