La Justicia anula tres concesiones mineras en Puebla por no haber consultado a las comunidades

Tras ocho años de lucha, el pueblo indígena maseual de la Sierra Norte de Puebla ha conseguido evitar que la minería se abra paso en sus montañas. En una decisión inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisión supone un nuevo varapalo para la industria minera en México después del histórico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez canceló dos concesiones mineras en Tecoltemi, también en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la población.

El camino hasta aquí fue tortuoso. Ofelio Julián Hernández, uno de los indígenas maseuales que impulsaron la batalla legal, cuenta que en su comunidad nadie sabía bien lo que era la minería a cielo abierto cuando escucharon por primera vez sobre las concesiones, en mayo de 2014. Los siguientes cuatro años celebraron más de treinta asambleas informativas en decenas de pueblos de la sierra para informar sobre los peligros ambientales que implican ese tipo de proyectos. “El polígono (minero) solamente afectaba a un 10% del territorio de Cuetzalan. Pero nos movilizamos rápidamente porque se situaba en la parte alta del municipio, donde están las principales montañas que alimentan con los arroyos a las comunidades de abajo”.

Ofelio, que por entonces rondaba los veinte años, se unió al Consejo Maseual Altepetajpianij. En su lengua, ‘Altepetaj’ significa montaña y agua. ‘Pianij’ significa guardián. Con ellos aprendió que, “si las mineras usaban cianuro en esas altas montañas, terminarían contaminando los arroyos, manantiales y ríos de los que dependen las comunidades”. Los años de lucha, como ocurre en casi cada esquina del país, conllevaron amenazas. A finales de 2017, el edificio que albergaba la unión de cooperativas local sufrió un incendio provocado. No hubo heridos, pero tomaron sus precauciones: en las asambleas se irían rotando, para que ninguno destacase entre los demás. “Sabemos que ese tipo de ataques no son por accidente, sino que había una intención de detener las acciones que estábamos realizando en contra de la minería y la energía hidroeléctrica”.

El empuje del Consejo fue surtiendo efecto. En 2015, presentaron un amparo con la ayuda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la jueza otorgó una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio, lo que logró que sus montañas hayan permanecido intactas. El argumento principal que esgrimieron en la demanda fue que las concesiones violaban el derecho a la consulta que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También alegaban que la Ley Minera estaba atropellando su derecho al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados y al agua.

Tanto Grupo Ferrominero como la dirección general de minas de la Secretaría de Economía esgrimieron que la concesión “no altera en nada la situación de derechos de la comunidad indígena, y sería en posteriores etapas que podría haber algún tipo de impacto, pero ello son hechos futuros de realización incierta”. El Tribunal Colegiado ha desechado ahora ese argumento, en línea con lo que dice la OIT, afirmando que “el otorgamiento de títulos de concesión mineras dentro del territorio de pueblos indígenas (…) sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales”.

Sin embargo, como ocurrió con el fallo del Tribunal Supremo, la Ley Minera queda intacta. La estrategia legal buscaba que algunos de los artículos de esa norma fuesen declarados inconstitucionales porque establecen que la minería es prioritaria frente a cualquier otro interés en un territorio. En cualquier caso, Xavier Martínez, director operativo de CEMDA, celebra que el fallo del tribunal colegiado conocido esta semana sí reconozca que los intereses de la minería se solapan con los de los pueblos indígenas. “Por una parte, el dominio pertenece al Estado Mexicano. Sin embargo, el propio Convenio reconoce como parte de los derechos de las comunidades indígenas la participación en su utilización, administración y conservación”, dicta la sentencia.

Martínez ve las últimas decisiones judiciales respecto a la minería en México como una señal de que algo está cambiando. “Empezamos a tener este rosario de sentencias que van a tener que transformar la forma en que se hace minería en México. Y, a fin de cuentas, también la Ley Minera”.

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