López Obrador aboga por la desaparición de los órganos autónomos de Competencia y Telecomunicaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a cargar contra los órganos autónomos sugiriendo incluso su desaparición. El Ejecutivo ha señalado a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como “instituciones de defensa de la política neoliberal” y “de pillaje”. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario ha asegurado que estas entidades deberían desaparecer. “En los dos casos fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales”, ha declarado en Palacio Nacional. López Obrador ha reconocido que su Administración no podrá concretar su eliminación debido al tiempo y a que se requiere de una reforma constitucional que deberá contar con la oposición, un escenario que el propio presidente ve improbable.

López Obrador arremetió en específico contra el aval que en diciembre pasado dio la Cofece sobre la concentración entre dos empresas extranjeras involucradas en la extracción de litio en México. “Autorizaron que una mina de litio pasara a manos de una empresa de China sin informarle al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de este recurso que queremos que sea de la nación, es como el petróleo que es nuestro”, aseguró el presidente.

Ante las críticas del Ejecutivo por esta decisión, el órgano de competencia aclaró por escrito que la autorización para que la empresa china Ganfeng International adquiera capital social de Bacanora Lithium —una firma británica que trabaja en Sonora desde 2010—está apegada a la Constitución y no representa riesgos a la competencia económica ni a los consumidores.

Miguel Flores Bernés, excomisionado de la Cofece, lamenta tanto los continuos ataques del presidente como su omisión para presentar una propuesta para la renovación de comisionados, una demora que en algunos casos lleva más de un año. “Hay procedimientos que no se han podido llevar a cabo por la falta de pleno”, refiere el exfuncionario.

Desde 2020 y hasta ahora, los plenos de ambos reguladores se encuentran incompletos ante la omisión del Ejecutivo para proponer a nuevos integrantes. La omisión de López Obrador para nombrar nuevos comisionados tanto en el IFT como en la Cofece ha atado de manos a estos organismos para ciertas decisiones en los que se requiere de la participación de todo el pleno, es decir de siete comisionados. Actualmente, la Comisión opera con cuatro comisionados en su pleno y el IFT con cinco, sin embargo, el próximo 28 de febrero deja su silla el comisionado presidente del Instituto de Telecomunicaciones.

Desde que comenzó su mandato López Obrador se ha abocado en una cruzada contra los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En esta ocasión aseguro que estas instituciones son “instrumentos para privatizar y fungen como “gobiernos paralelos” que defienden los intereses de los grandes monopolios empresariales. “Los integrantes de estos consejos están subordinados o a un grupo o a una corporación económica. Entonces, lo mejor sería que no existieran, no solo nos ahorramos mucho recurso, sino que se fortalece el Estado nacional, porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder legislativo, el poder judicial y el Ejecutivo”, zanjó.

Tanto la Cofece como el IFT forman parte de los organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial en el país entre las que también figura el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Desde el comienzo de su mandato el presidente declaró su aversión a estas entidades e incluso declaró en 2020 su intención de presentar la propuesta para eliminarlos. Tras unas elecciones intermedias que le quitaron la mayoría absoluta a Morena, el partido del Gobierno y aún con la pandemia de fondo, el propio Ejecutivo ha admitido este martes que no contará con tiempo ni posibilidades para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, la confrontación, cada vez más abierta, entre el Gobierno y estas instituciones amenaza con redefinir el andamiaje entre poderes.

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