Morena en el Senado prepara cambios a la reforma eléctrica para evitar fricciones con el T-MEC

Mientras la propuesta de reforma al sector eléctrico enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador permanece paralizada en la Cámara de Diputados, algunos legisladores de Morena en el Senado redactan, junto con aliados, cambios que “diluirían el proyecto de ley para evitar el arbitraje y las quejas de los socios del T-MEC”, según informa la firma estadounidense de análisis REDD Intelligence, citando a dos fuentes cercanas al proceso. El T-MEC, como se le conoce, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, renegociado en 2018. “Aun así [las modificaciones] ayudarían a la generadora y distribuidora estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y permitirían al presidente reclamar una victoria histórica”, dice el reporte firmado por los especialistas Xóchil Herrera y Édgar Sígler. Fuentes cercanas al Senado han confirmado a EL PAÍS que efectivamente se está “trabajando en ello”.

“Lo que es más importante, eliminaría gradualmente los contratos legados de autoabastecimiento y de Productor Independiente de Energía (IPP, por sus siglas en inglés), aumentando las tarifas de transmisión para los autoproveedores y reduciendo las tarifas que la CFE paga a los productores de IPP en el corto plazo”, asegura el reporte, publicado horas después de que el enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, visitara México para abordar lo que el Gobierno de John Biden considera una “preocupante propuesta” del presidente López Obrador. La iniciativa del mandatario mexicano propone la cancelación de los contratos actuales y un alcance más amplio para el Estado en el sector eléctrico.

El texto se encuentra actualmente en la cámara de Diputados y solo llegará al Senado cuando sea aprobada, lo que sugiere que sería entonces cuando los senadores propongan las modificaciones. “Entre los temas que aún no se han discutido están las licitaciones de largo plazo que se crearon con la reforma energética de 2013-2014″, dice el reporte de REDD, “estas licitaciones permiten a CFE adquirir energía de fuentes renovables, y son la única forma en que se supone que CFE firma contratos a largo plazo en este momento. Pero han sido ampliamente criticados por [el director general Manuel] Bartlett de CFE”.

“La propuesta no eliminaría por completo tanto el autoabastecimiento como los contratos heredados de IPP,” explican los autores. “En el caso de los permisos de autoabastecimiento, aumentaría la tarifa de transmisión que se paga a la CFE. Para los IPP, la idea es aplanar la curva de las tarifas que CFE les paga, a cambio de un compromiso de comprar las plantas a los operadores de IPP una vez que expiren sus contratos”. Estos cambios son similares a los realizados en los contratos de gas natural entre CFE y los constructores de gasoductos en 2019, apunta la publicación.

La presión por parte de EE UU hacia el Gobierno mexicano se ha dejado sentir en las últimas semanas. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, visitó México en enero y advirtió de que la reforma de López Obrador podía tener un impacto negativo para las inversiones estadounidenses en el sector. El embajador de EE UU en México, Ken Salazar, ha visitado Palacio Nacional en reiteradas ocasiones para comunicar las preocupaciones del Gobierno de Biden respecto a las limitaciones que la nueva reforma dará al mercado energético y los contratos estadounidenses que podrían ser suspendidos.

La visita de Kerry esta semana ha puesto en claro la posición de Estados Unidos respecto a la reforma. “Tuve oportunidad de compartir nuestras preocupaciones con la actual propuesta de reforma del sector energético, y de colaborar en una visión para el crecimiento de la energía renovable y el combate a la crisis climática”, comentó el enviado de la Casa Blanca para el cambio climático al término de su visita. Kerry ha insistido en que la intención del T-MEC es “impulsar economías abiertas y competitivas”. El Gobierno mexicano ha anunciado que los dos grupos se volverán a reunir en un plazo no mayor a 30 días.

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