El desafío de la violencia: amenaza narco a las puertas de la capital de México

Después de una larga batalla con sus adversarios políticos, Benjamín López inició su mandato como alcalde de Xoxocotla el 1 de enero. Los últimos seis meses habían sido un horror, un disparate. Los vecinos habían acudido a las urnas dos veces y luego se habían reunido en asamblea, tribunales mediante, para decidir cuál de las dos elecciones contaba. “Al final hicimos una votación al pelotón”, recuerda Manuel Alejandro Jiménez, el secretario municipal. “Pintamos una raya en el suelo. Los que preferían la elección del 6 de junio se quedaron a un lado y los que querían la del 3 de octubre, a otro. Al final, ganamos nosotros”, añade.

López apenas pudo disfrutar de la victoria. Días después de jurar el cargo, el martes 11 de enero, sicarios lo acribillaron en su casa. Los pistoleros llegaron a la hora de comer al domicilio, en una de las calles comerciales del pueblo. Su asistente y su chofer trataron de disuadirlos, de convencerles de que el alcalde andaba en otro lado, pero fue en vano. Cuando lo encontraron dispararon y López murió allí poco después. “¿Qué tipo de seguridad debía haber tenido?”, reflexiona el secretario Jiménez, de 33 años, “¿un militar? Había alguien con él”, dice, en referencia al chofer, “pero más bien por si surgía alguna pelea o así. No iba armado”.

Envuelto en una niebla de dudas y sospechas, su asesinato culmina tres años extraños en la región, el Estado de Morelos, aledaño a la capital, donde los homicidios han aumentado y la sucesión de insólitos y violentos ataques han enrarecido el ambiente, algo a lo que ha contribuido una serie de episodios tan extravagantes como preocupantes. “La tensión es brutal en el Estado”, dice a EL PAÍS un funcionario del Gobierno federal con amplio conocimiento de la política regional.

No hay mejor ejemplo del caos local que la figura del gobernador, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Hace una semana, medios locales divulgaron una fotografía de Blanco con tres líderes criminales en teoría antagónicos, los cuatro abrazados y sonrientes. Blanco explicó que en realidad no les conocía de nada. “La gente me pide fotos todo el tiempo”, dijo. Lejos de zanjar el asunto, las explicaciones del gobernador dinamitaron un equilibrio ya de por sí precario entre los poderes estatales. Impera ahora el todos contra todos: Blanco contra el fiscal local, Uriel Carmona, el fiscal contra Blanco, el gobernador contra diputados opositores y estos contra él, todos acusándose de vínculos con el crimen organizado.

Los argumentos de Blanco iniciaron además un intercambio de mensajes escritos en enormes carteles, conocidos en México como narcomantas, colgados en diferentes municipios del Estado, entre ellos el centro de Cuernavaca, la capital. Los primeros atacaban al gobernador, señalando veladamente su responsabilidad en el asesinato del activista Samir Flores, uno de los primeros escándalos de su Gobierno. Luchador social de larga trayectoria, Flores se oponía a la construcción de una central termoeléctrica en Morelos, apoyada por el Gobierno federal y también por Blanco. Sicarios lo mataron en febrero de 2019.

La segunda tanda de narcomantas fue parecida, solo que los mensajes defendían al gobernador, señalando a un senador morelense, Ángel García, por el caso de Samir Flores. Pero la tercera fue distinta. Aparecieron tras el asesinato de Benjamín López en Xoxocotla y los textos estaban escritos con extraña corrección. El mensaje leía: “Ahí va el primero Cuauhtémoc Blanco, a mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mamando y te vas a quedar sin alcaldes”. Además, mencionaba la reunión del mandatario con los narcos, conocida tras la divulgación de la fotografía. De alguna forma, el mensaje relacionaba la reunión con el asesinato del alcalde.

Los motivos

Ingeniero agrónomo de 46 años, Benjamín López tenía grandes planes para Xoxocotla, una localidad de 45.000 habitantes en el sur de Morelos, a hora y media de Ciudad de México. El alcalde quería arreglar el problema del agua de una vez. Rescatar el sistema de abastecimiento e integrarlo a la nueva administración. Se trataba de un asunto lacerante para los vecinos, que sufren parones constantes en el suministro, controlado por una opaca asociación civil cada vez más endeudada. “Vamos a tener que tomar decisiones”, dijo el alcalde electo el 17 de diciembre.

Jiménez explica que el problema con el agua es sin duda el más grave de todos los que enfrenta el pueblo. Un esquema habitual en la región, la asociación administradora se encarga del suministro desde hace décadas. Su gestión cambia cada tres años, cuando los vecinos eligen nuevos responsables por votación. De lógica semipública, la asociación es opaca en sus cuentas. Y ahora el problema, explica Jiménez, es que debe ocho millones de pesos, unos 400.000 dólares, la mayoría a la Compañía Federal de Electricidad. Ante el impago, la compañía les deja sin luz, lo que impide el funcionamiento de las bombas y, por tanto, el suministro. La sospecha del equipo municipal es que la asociación ha estado quedándose las cuotas de los vecinos y vendiendo la poca agua que llega sin las bombas.

Visto así, la cuestión del agua aparece como un posible motivo del ataque. En Morelos, los conflictos por el abastecimiento son usuales y las sospechas por corrupción e infiltración del crimen en las entidades administradoras, una constante. Pero también podría ser la batalla electoral que vivió Xoxocotla desde junio, con sus rivalidades políticas, que a punto estuvieron de provocar episodios de violencia, sobre todo el día de la votación al pelotón. “Son muy peligrosas las asambleas”, dice Jiménez, “porque ese día se ve lo que vota todo el mundo”.

Aunque parece que el asunto electoral quedó zanjado en diciembre, el conflicto duró meses y las posturas parecieron a veces irreconciliables. Había mucha incertidumbre en el pueblo. Y además, todo era nuevo. Xoxocotla dependió del municipio vecino hasta 2017, año en que se independizó. La secesión contó con un gobierno de transición que tras las primeras elecciones del último ciclo, las de junio, evitó aceptar la victoria del equipo de Benjamín López, entonces encabezado por su hermano Juan.

La muerte natural de Juan López pocos días después de las elecciones complicó aún más las cosas. Su segundo, Martín Flores, quiso imponer nuevas reglas y nombramientos en el equipo y provocó una ruptura. Benjamín López, Manuel Alejandro Jiménez y otros se fueron. Ante el conflicto, se convocaron nuevas elecciones para el 3 de octubre, convocatoria que Flores rechazaba, pues consideraba que a la muerte de Juan López, él era el alcalde legítimo. Los recursos judiciales de Flores resultaron y un día antes de las nuevas elecciones, el tribunal electoral de Morelos señaló la validez de las primeras. Pese a la decisión del tribunal, los vecinos salieron a votar, dándole la victoria a Benjamín López. El pueblo podía arder en cualquier momento.

La doble convocatoria electoral obligó al tribunal a buscar una solución. Al final, decidió que el pueblo se reuniría en asamblea para decidir que elecciones valían, las de junio o las de octubre. La reunión tuvo lugar a finales de octubre, la famosa asamblea al pelotón. La decisión de los vecinos fue que la votación válida era la última, lo que daba a Benjamín López la alcaldía.

Pocas probabilidades

“El día en que lo mataron, yo necesitaba que el ingeniero me firmara unos documentos para entregarlos a la Junta Electoral”, recuerda el secretario Jiménez. “Estábamos en el hotel Las Cabañas”, dice en referencia a sus oficinas, un viejo motel de paso a la salida de Xoxocotla que planeaban convertir en Presidencia Municipal. “Ahí me llamó su asistente y me contó lo que había pasado”. Jiménez y los demás acudieron a la casa del alcalde, pero cuando llegaron ya había muerto.

Su asesinato provocó las clásicas reacciones de condena y las habituales promesas de castigo a los asesinos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco prometió llegar “hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia”. Es probable, sin embargo, que ocurra lo contrario. Según datos de la organización Impunidad Cero, que estudia la procuración de justicia en el país, la probabilidad de que un asesinato quede impune en México es superior al 89%.

En entrevista con EL PAÍS, el fiscal local, Uriel Carmona, señala que “la autoridad material no fue espontánea. Fue ordenado por alguien más”. Carmona añade que “eso hace más sólida la hipótesis de que fue un tema que tuvo que ver con la política. Tenemos un avance importante que nos va a llevar a la detención de los ejecutores materiales y eventualmente a los intelectuales. Tenemos una buena idea de quienes fueron los autores materiales”, zanja.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL PAÍS señalan que los mismos u otros atacantes trataron de atentar contra el alcalde López en su casa el viernes anterior a su asesinato. Por suerte, aquel día no estaba en su casa. Desde entonces, el dirigente apenas pisaba su domicilio para buscar ropa o documentos. El martes 11 de enero, llegó a descansar antes de unas reuniones en el pueblo. Se sentía resfriado.

Entre el viernes y el martes de su asesinato, López y su equipo avisaron a la fiscalía local y a la secretaría de Gobierno de lo ocurrido. De hecho, López y el gobernador coincidieron el lunes previo al asesinato en un evento en Jojutla, cerca de Xoxocotla. El gobernador entregó fertilizantes a campesinos de la región. El secretario Jiménez ignora si López le comentó a Blanco el intento de ataque. De cualquier manera, la nula protección de que gozaba el alcalde el día en que lo mataron habla de la desidia de las autoridades estatales.

Al secretario Jiménez y sus compañeros les resultan extrañas las teorías externas del ataque. No se les ocurre cómo una reunión del gobernador con criminales pudo afectarles a ellos, dirigentes de un pueblo recién nacido, dedicado al maíz y al sorgo. “No pensamos que Xoxo fuera una plaza”, dice Jiménez, “todo el asunto ese del mensaje es extraño. Nos habían advertido de que igual llegaban ellos a pedir”, dice en referencia a grupos criminales, “pero es que aquí ni eso había pasado”.

La cercanía de la delincuencia con la clase política sobrevuela el atentado contra el alcalde López, un reflejo en realidad del país, enredado en las batallas de una red de mafias que ven en los presupuestos de los pueblos una alternativa al narco. El fiscal Carmona señala que “hay una infiltración de gente relacionada con el crimen organizado en municipios, incluso en la nómina de los municipios, sobre todo en el sur de Morelos”, explica, en referencia a los pueblos más cercanos a Guerrero, caso de Puente de Ixtla, Amacuzac, Tlalquitenango o Jojutla, todos muy cercanos a Xoxocotla.

“Esta situación no está dentro de nada que se hubiera planteado aquí”, murmura Jiménez, “si a usted le parece extraño, imagínese a nosotros”. La falta de certezas hace todo más complicado. Jiménez y el resto del equipo del alcalde muerto creen que cualquier cosa puede ocurrir ahora. Desde el ataque, han evitado incluso acudir al predio que planeaban convertir en Presidencia, el viejo motel de paso a la salida de Xoxocotla. “Si tenemos un atentado, aquí se pierden enseguida”, dice Jiménez, mirando la carretera principal.

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