El decreto que blinda las obras del Gobierno levanta un vendaval de críticas y la oposición anuncia su impugnación ante la Corte

Andrés Manuel López Obrador ha defendido este martes que el decreto que blinda las obras del Gobierno busca “agilizar los trámites burocráticos”. El presidente ha asegurado que el acuerdo, publicado por sorpresa el lunes en el Diario Oficial de la Federación no tiene el propósito reservar la información de los proyectos de infraestructura promovidos por el Estado pese a que los declara asunto de interés público y seguridad nacional. Se trata, según la justificación del mandatario, de evitar amparos y trabas administrativas. Las obras más emblemáticas impulsadas por el mandatario, que el próximo 2 de diciembre llegará al ecuador de su sexenio, son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. El decreto ya ha levantado un vendaval de críticas y la oposición del PRI, PAN y PRD, agrupada en la coalición Va por México, ha anunciado su impugnación por considerarlo inconstitucional. También el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) está preparando una controversia de constitucionalidad.

El presidente, que durante su conferencia de prensa matutina se ha referido en varias ocasiones al mega proyecto del Tren Maya en el sudeste del país, ha insistido en que el Ejecutivo pretende que “no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”. “Es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, para que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra. Porque tenemos que avanzar, terminar y concluir las obras”, ha asegurado.

En opinión del mandatario, el decreto no torpedea la transparencia. “En las Secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas”, ha dicho al criticar casos de corrupción que rodearon las anteriores Administraciones. El acuerdo refuerza de facto la protección de estas obras también en lo que concierne a la publicidad, los datos o la información relacionada con ellas. Es decir, las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley ya no serán como antes, ya que la Constitución establece abiertamente una excepción. “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, reza la ley fundamental. El texto concede, no obstante, que “en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío considera que el decreto no impide la presentación de amparos y que no regula las relaciones entre las dependencias, sino las relaciones de los distintos departamentos del Gobierno con las empresas particulares. Por tanto, sin un particular estima que se concedió una licencia en “condición ventajosa” tendrá el derecho de presentar recurso. López Obrador rechaza ese planteamiento. “Así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del poder judicial ejerceré también a plenitud mis facultades de presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”, ha afirmado.

La oposición ha anunciado que hará lo posible para tumbar el acuerdo. La coalición Va por México ha presentado una una controversia constitucional ante la Suprema Corte por un decreto que, ha afirmado el diputado del PAN Jorge Romero, “solo busca la opacidad”. La iniciativa también ha recibido críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW). “Cada día es más evidente que AMLO cree estar por encima de la ley. Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados de seguridad nacional —exentos de la ley de transparencia-”, ha lamentado José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.

Las premisas con la que se argumenta el acuerdo, en el texto publicado el lunes, son de orden eminentemente político y social. En primer lugar, el acuerdo publicado resalta que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”. En segundo lugar, señala que “los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”. Por ello, precisamente, López Obrador califica “de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos”.

El Gobierno de López Obrador da con esta decisión un paso más para impulsar algunos de los proyectos más significativos de la llamada Cuarta Transformación. El mandatario, en una decisión sin precedentes, ya había concedido las obras más relevantes precisamente al departamento encargado de la seguridad de México, la Secretaría de Defensa Nacional, otorgando así más poder al Ejército también en obras civiles.

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