Morena y la oposición se vuelcan en una nueva batalla sobre la revocación del mandato de López Obrador

El Gobierno, Morena y la oposición vuelven al terreno de la campaña electoral, el hábitat natural de la política mexicana en los últimos años. La revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, una consulta sobre la continuidad del presidente prevista para marzo de 2022, ha agudizado la pugna entre el partido oficialista y el bloque opositor. La convocatoria, sugerida de forma difusa en el programa de 2018 y anunciada formalmente a los pocos meses de tomar posesión, es un resorte con el que el mandatario busca legitimarse en la recta final de su Administración y relanzarla con vistas a las próximas presidenciales. Las principales formaciones opositoras, agrupadas en la alianza Va por México, han presentado este jueves una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte impugne la ley que regula el referéndum, aprobada hace un mes.

Morena, en cambio, ya está volcado en su campaña. El senador César Cravioto, promotor de esa norma, resalta que, pese al recurso de la oposición, “salió prácticamente por unanimidad”. “Fui uno de los proponentes de la iniciativa y me tocó la negociación con otros partidos para generar mejores condiciones que la consulta de juicio expresidentes”, señala en conversación con EL PAÍS. Pero más allá de los trámites parlamentarios, esta consulta se configura como en el eje de confrontación política que seguirá al pulso por la aprobación de la reforma eléctrica. López Obrador multiplicó las presiones sobre el PRI para que apoye esa iniciativa, que busca recuperar el protagonismo de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), y desde la bancada oficialista hasta han abierto la puerta a realizar alguna modificación.

En paralelo, el PRI, el PAN y el PRD han escenificado esta semana una ratificación de su alianza con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil para rearmar un frente parlamentario y electoral para 2024. Y su primera medida ha sido precisamente la de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar impugnar la ley. “Venimos a presentar una acción de inconstitucionalidad”, ha señalado Jorge Romero Herrera, diputado del PAN, quien ha recordado que la coalición Va por México “tiene poder político para frenar reformas”. El argumento jurídico consiste en que “ninguna ley secundaria puede ampliar o sustraer lo que dice la Constitución”, que hace referencia a la revocación mientras la ley recién aprobada añade la idea de ratificación en el cargo.

La pregunta publicada por el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre es: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. En marzo de 2019 López Obrador, que ya se sometió a dos revocatorios sin apenas participación cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmó un documento por el que se comprometió a no buscar la reelección, una opción que en cualquier caso está prohibida por la arquitectura constitucional del país. En esa carta afirmaba que “a mediados de 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando que renuncie”.

Finalmente, el pasado 1 de agosto se realizó un referéndum que abría la puerta a enjuiciar a los exgobernantes, sin dejar claro el alcance jurídico de esos procesos. La abstención superó el 90% y la votación se quedó muy lejos del 40% necesario para que el resultado de la convocatoria sea vinculante, es decir, unos 37,5 millones de ciudadanos inscritos en el censo. El fracaso de la jornada desató una tormenta sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar la consulta, que alegó falta de recursos y aseguró haber hecho lo imposible. El clima de tensión entre Morena y el INE ha quedado plasmado en los últimos días en una orden que llega directamente del Congreso. El Senado aprobó un acuerdo que obliga a la autoridad electoral a cumplir a rajatabla el texto de la ley, sin interpretaciones.

La discusión tiene así todos los ingredientes para convertirse en otra fuente de polarización. Sin embargo, con el propósito de desprestigiar el trabajo del Gobierno y del presidente, la oposición ha adoptado una especie de estrategia de boicot de la votación en lugar de comenzar formalmente una campaña por el no. Con estas premisas, Morena intentará multiplicarse para lograr un dato de participación aceptable al menos desde el punto de vista simbólico. Pero, al margen de las posiciones, la disputa sí se presenta como una precampaña de las presidenciales.

López Obrador aún no ha cumplido tres años desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, aún le queda más de la mitad del mandato y todos los debates ya giran en torno a la sucesión, a los nombres del canciller, Marcelo Ebrard, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La legitimación de su gestión, que según las encuestas mantiene altos niveles de aprobación, supone de alguna manera allanar el camino al próximo candidato. Y a eso se añade que enfrente hay una coalición opositora que tuvo un resultado muy incierto en las elecciones federales y locales de junio, sin nombres ni liderazgos emergentes. Y que aún busca la fórmula para recuperarse de la debacle histórica que sufrió en 2018.

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