El INE sanciona a Morena con 4,5 millones de pesos por retener el 10% del sueldo a empleados municipales en Texcoco
La red de financiación para beneficiar a una corriente del partido afecta a más de 500 trabajadores y fue aprobada por la secretaria Delfina Gómez cuando era presidenta municipal
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha acordado este viernes imponer una sanción de más de 4,5 millones de pesos a Morena por una red de financiación del partido orquestada en el Ayuntamiento de Texcoco entre 2013 y 2015, cuando la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, era presidenta municipal. Con ese sistema, que consistía en descontar el 10% de los salarios de cientos de trabajadores públicos, una corriente de la formación de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México recaudó unos 13 millones, según la investigación de la autoridad electora. El consejo general del organismo optó, con 10 votos a favor y uno en contra, ceñir la multa a la parte de los ingresos no reportados.
El consejero Ciro Murayama habló abiertamente de “una trama de financiamiento ilegal”. “La operación consistió en retener el 10% del sueldo a 550 empleados públicos de Texcoco. Luego, pagaron a proveedores de Morena y no rindieron cuentas al INE”. La resolución debatida, de unas 240 páginas, da cuenta de ese procedimiento. Primero, los empleados firmaban una carta en la que anunciaban su intención de renunciar voluntariamente a una parte del salario. “Vengo a solicitar que [...] hasta que termine mi relación laboral, por mi propio derecho y de manera voluntaria se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser transmitido al Grupo de Acción Política, mismo que deberá ser otorgado a la C. María Victoria Anaya Campos, por así convenir a mis intereses particulares”, se lee en uno de esos documentos.
Las entregas de dinero, realizadas por el Ayuntamiento cada 15 días, dependían de esa funcionaria, Anaya Campos, empleada del Ayuntamiento contratada como cargo de “confianza” de la presidenta municipal, según se aprecia en la tabla de relaciones laborales de la corporación. El análisis de los giros expone directamente a la secretaria de Educación porque en ellos figuraba, entre otras, su firma.
Delfina Gómez, que en los últimos días ha estado en la primera línea de la acción política del Gobierno por el regreso a clases, asumió el cargo de alcaldesa en 2013 y lo dejó en 2015 para competir en los comicios federales de ese año, que supusieron su ingreso en el Congreso de Diputados. Durante su gestión en el Ayuntamiento Texcoco, se aceleró su carrera mientras el Movimiento Regeneración Nacional se consolidaba como partido. La investigación del INE, que se inició a raíz de una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en abril de 2017, no abundó, sin embargo, en las consideraciones políticas -esto es, que esa red de financiación sirviera para beneficiar la constitución de Morena- y se centra en la fiscalización de esas aportaciones.
La unidad técnica del organismo halló indicios de que al menos una parte de las retenciones de los sueldos de los empleados municipales acabó en el financiamiento de esa campaña electoral, pero no acreditó que esas sumas estuvieran directamente vinculadas a la candidatura de Delfina Gómez. Sí, en cambio, probó que “los proveedores que ostentaron una relación comercial con el partido político nacional Morena recibieron recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Municipio de Texcoco y del Sistema DIF [Desarrollo Integral de la Familia] Texcoco por un monto de $2,114,612.53 (dos millones ciento catorce mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N)”.
Durante el procedimiento la secretaria de Educación alegó que se había “incumplido el debido proceso, por establecerse situaciones de hecho y derecho ajenos a la queja y no desprendibles de la investigación”. El INE, que lleva meses inmerso en un pulso con el partido oficialista y ha recibido durísimas críticas del presidente, dio además vista de la resolución llevada a debate a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “por las conductas que pudieran configurar delitos electorales”; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral”; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia”.
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