La transparencia institucional para la Fiscalía tiene un precio: 1,7 millones de pesos

Uno de los casos de corrupción que involucra a decenas de funcionarios públicos y salpica a al menos tres expresidentes anteriores al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continuará siendo un secreto. Pese a las promesas de transparentar la investigación del llamado ‘caso Odebrecht’ mexicano por parte del mandatario, la Fiscalía General de la República ha utilizado un mecanismo poco habitual y que sienta un precedente para el futuro de la transparencia pública del país, que es desde hace seis años un derecho constitucional regulado por ley. La dependencia ha pedido a un particular la suma de 1,7 millones de pesos (unos 85.000 dólares) a cambio de dar a conocer el expediente, derivado de los gastos que implicaría imprimir más de 80.000 copias certificadas. Una decisión que los expertos observan como una táctica para retrasar la difusión de un documento que por ley debería ser público.

La organización de periodistas Quinto Elemento Lab había solicitado desde enero de este año a la Fiscalía que se hiciera pública la investigación sobre las declaraciones judiciales del que fuera director de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. Un personaje político fundamental que se convirtió desde su detención el año pasado en España en un testigo colaborador para el expediente de una de las grandes tramas de corrupción del país.

La Fiscalía lo acusó de recibir al menos 10 millones de dólares de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de entregar contratos de Pemex y gestionar la asignación de otros en diferentes dependencias de Gobierno. Parte de ese dinero, según informó la Fiscalía, se utilizó para sobornar a legisladores —entre quienes se encuentra el principal rival de López Obrador en la campaña de 2018, Ricardo Anaya— y asegurar la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto en 2013. Otra de las causas abiertas contra Lozoya implica la compra irregular de la empresa Agronitrogenados, dedicada a la producción de fertilizantes. La compañía había estado abandonada durante años y sus instalaciones fueron consideradas una “chatarra”, pero Lozoya promovió su adquisición con un sobreprecio de 200 millones de dólares, según la Fiscalía.

Ante el tamaño de la presunta red de corrupción que había destapado Lozoya con sus declaraciones, el organismo independiente que instruye en México por ley a las diferentes dependencias para dar a conocer la información, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), les dio la razón a los periodistas al considerar que “debe ser pública por tratarse de un tema de corrupción gubernamental y de interés general”. La obligación del INAI debía ser acatada por la Fiscalía según la ley, pero en el último momento ha recurrido a una herramienta que ha frenado en seco y retrasará el acceso al expediente.

“Es una trampa”, denuncia a este diario el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez. “Por supuesto que es una táctica dilatoria, podrían subirlo en copia simple [y no certificada] en versión digital, sin ningún problema. Lo que le estaban mostrando a la periodista es que no quieren mostrarle la información”, añade. Bohórquez explica que las instancias de Gobierno sí pueden reservarse por ley esta herramienta para las peticiones que implican altos costos, como por ejemplo, la impresión a gran escala de los planos de una obra pública. Y los solicitantes deben hacerse cargo de los gastos. Pero insiste: “No es el caso, en la solicitud nadie pidió que fueran copias certificadas impresas. Si se hiciera de manera electrónica no supondría ningún costo”.

La petición de más de 1,7 millones de pesos al equipo de periodistas para hacer pública la información es un recurso que ha utilizado la Fiscalía, pero que, según el director de Transparencia Mexicana, puede ser recurrido y “lo más probable es que lo pierdan y deban difundir la información”. El proceso, no obstante, se puede llegar a convertir en una batalla legal que puede extenderse durante años.

El mensaje que envía la Fiscalía sienta un peligroso precedente para la transparencia del país, de la que México se había convertido en un referente en el mundo. Desde que en 2015 se aprobara la Ley General de Transparencia y se creara el INAI, el sistema es uno de los más abiertos del mundo y permite a cualquier ciudadano solicitar la información que requiera de cualquier dependencia. La información que en este caso se solicitaba se difundiría no solo a través de Quinto Elemento Lab sino directamente a toda la ciudadanía.

“Este mecanismo es absolutamente discriminatorio”, agrega Bohórquez. Pues solo el que tenga esa cantidad millonaria puede lograr que se difunda. Pero además, afecta al criterio de oportunidad que contempla la ley y que está amparada en la Constitución: “La información pierde valor según el momento en el que se publica”.

El expediente no se encuentra clasificado y se puede difundir protegiendo algunos datos personales de los afectados o información que consideren riesgosa por motivos de seguridad. Pero con la decisión de la Fiscalía, la investigación de momento no será pública de ninguna forma. A menos que alguien decida y pueda pagar 1,7 millones de pesos por ella.

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