El Poder Judicial entorpece los avances en el ‘caso Odebrecht’ y el proceso a Emilio Lozoya

El caso de Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sigue estando guardado en un oscuro rincón del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La trama de corrupción que salpicó a un continente entero, y que se inició hace más de una década con la creación de una “caja B” para encubrir sobornos, sigue siendo un misterio mediático pese a su relevancia gracias al hermetismo del Poder Judicial, quien no ha cumplido con las peticiones de Transparencia para conocer las diligencias judiciales, resoluciones, audiencias o comparecencias de testigos vinculados a Lozoya.

El pasado agosto, el que fuera el titular de Pemex hizo una declaración de 63 folios ante el fiscal con los nombres, fechas, cantidades y lugares de entregas de las maletas de dinero destinado a expresidentes, ministros y diputados. Su testimonio, que involucra a México como uno de los 12 países latinoamericanos afectados por la trama, sacudió la vida política con pruebas nítidas de los manejos de la corrupción tan arraigada en el país.

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que Lozoya, al igual que una decena de políticos, es sospechoso de recibir grandes cantidades de dinero para la aprobación de leyes que permitían la entrada de empresas privadas, como Odebrecht. La Fiscalía de México emitió una orden de aprensión en mayo de 2019, y el exdirectivo fue finalmente detenido nueve meses más tarde en una urbanización de lujo de La Zagaleta, cercana a Marbella en España. A tres semanas de cumplirse un año de su detención, la información de los procesos penales en su contra por los casos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) siguen bajo llave.

A continuación, la investigación de Quinto Elemento Lab elaborada por Zorayda Gallegos y Andrea Cárdenas:

La trama de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), donde es investigado por presuntos sobornos el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, representa el caso de corrupción más mediático en México que ha atraído los reflectores internacionales, pero el Poder Judicial parece empecinado en mantenerlo en la oscuridad.

Hay un exceso de trabajo en las oficinas, no hay empleados suficientes, sólo labora personal de guardia, los plazos están lentos o detenidos por la pandemia de la covid-19, son algunos de los pretextos que han recibido una serie de solicitudes de información formuladas vía Transparencia.

Desde hace 13 meses, incluso antes de que Lozoya fuera detenido en Málaga y extraditado a la Ciudad de México, Quinto Elemento Lab ha realizado peticiones de información para saber cómo se estaba conformando el expediente y conocer los avances del caso, pero el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se desahogan los procesos penales, ha incumplido los plazos con triquiñuelas y pretextos.

La información de los procesos penales contra Lozoya por los casos de Odebrecht y AHMSA debe ser pública por tratarse de un expediente judicial donde se investigan delitos relacionados con actos de corrupción. Lozoya es señalado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, y es acusado de recibir ilegalmente al menos tres millones de dólares por haber orquestado la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes de AHMSA por parte de Pemex.

El Poder Judicial no es el único que se niega a transparentar los procesos penales seguidos contra Lozoya. La Fiscalía General de la República (FGR), la entidad encargada de recopilar las evidencias y presentar las acusaciones, también mantiene en la opacidad la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) le ha ordenado revelar documentación del expediente.

A través de diversas solicitudes de acceso a la información presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se pidió acceso a las causas penales 261/2019 (Odebrecht) y 211/2019 (AHMSA). Las primeras peticiones se realizaron el 9 de diciembre de 2019, cuando Lozoya estaba prófugo, y las más recientes se enviaron en noviembre pasado, tres meses después de que el exdirector de Pemex compareció ante el juez. En todos los casos ha habido retrasos y evasivas para cumplir con las entregas.

Por ejemplo, la primera solicitud para tener acceso al expediente 261/2019 sobre los sobornos de Odebrecht recibió una respuesta positiva el 10 de febrero de 2020 (dos días antes de la captura de Lozoya en España). El CJF pidió que se pagara el costo para digitalizar los documentos y aunque desde el 12 de febrero se hicieron los pagos y la información debió entregarse a mediados de marzo, la unidad de transparencia incumplió con los plazos legales y entregó hasta octubre la información, aunque de forma incompleta y con decenas de páginas faltantes.

Para no entregar la información a tiempo, los funcionarios responsables dijeron que el órgano judicial encargado de elaborar la versión pública de los expedientes tenía una sobrecarga de trabajo. Luego, el Poder Judicial suspendió entre el 23 de marzo y el 18 de septiembre los plazos para el trámite de las solicitudes debido a la pandemia. Concluído ese periodo y una vez que se reanudó el seguimiento a las peticiones, la traba que argumentaron era que solo estaba trabajando personal de guardia en los juzgados y no tenían el tiempo suficiente para preparar la documentación.

A mediados de julio Lozoya fue extraditado a México y las autoridades judiciales seguían esgrimiendo una serie de pretextos para retrasar la entrega del expediente. El primer envío se realizó el 27 de octubre y el último hasta el 8 de diciembre del año pasado. Sin embargo, la información proporcionada está incompleta y excesivamente tachada.

El CJF entregó cientos de páginas del expediente contra Lozoya, pero casi toda la información clave se encuentra suprimida y aparece en blanco, por lo que resulta imposible conocer cómo ha avanzado el caso en los tribunales.

Los documentos sobre Odebrecht entregados están divididos en 10 archivos y un cuadernillo, que incluyen más de 850 páginas con datos recabados desde julio de 2019, cuando la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra del exdirector de Pemex, hasta marzo pasado.

En las versiones públicas entregadas, el Poder Judicial ocultó toda la información sobre los nombres de empresas vinculadas a Lozoya que recibieron los pagos de Odebrecht, las direcciones de inmuebles, los nombres de funcionarios públicos, incluidos gobernadores y el del propio Lozoya, así como los datos de los contratos que dio Pemex a la constructora brasileña.

Entre la información suprimida se encuentran los nombres de los bancos que facilitaron el pago de sobornos, los números de las cuentas y sus beneficiarios, los nombres de los abogados de Lozoya, el número de la carpeta de investigación y hasta el domicilio y los teléfonos que indicó la FGR para recibir notificaciones.

Los documentos entregados incumplen los criterios establecidos por la propia Judicatura para la elaboración de versiones públicas en materia de transparencia. Sus lineamientos, encaminados a proteger la privacidad de los implicados, señalan que deberán suprimirse datos relacionados al nombre o alias de las personas implicadas, a excepción de que se trate de servidores públicos. Los documentos que contengan información personal como constancias médicas, actas de nacimiento, fotografías o licencias de conducir, también pueden transparentarse siempre y cuando se determine que es mayor el interés público en conocer detalles del caso al derecho a la privacidad.

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, la información debe ser pública cuando se trata de un caso de corrupción por lo que el INAI debe revisar los criterios que siguió el CJF al suprimir la información del expediente de Lozoya. “Nuestra posición histórica ha sido que los casos de corrupción, por tratarse de asuntos de interés público, deben ser abiertos de forma proactiva siempre y cuando la apertura no afecte el curso de las investigaciones o alerte sobre la estrategia litigiosa del Ministerio Público”, dijo.

Los expedientes que fueron “rasurados” para ocultar información relevante contienen las solicitudes enviadas por la FGR para capturar a Lozoya, a su esposa, a su madre y a su hermana. Además de las órdenes de aprehensión, el expediente incluye los amparos presentados por el exdirector de Pemex y su familia, incluidas las ampliaciones de las demandas, resoluciones de amparos y recursos de revisión contra las sentencias, entre otros.

Los documentos también contienen los permisos solicitados al juez por Gilda Austin, la madre de Lozoya, para que la dejara salir temporalmente de su residencia en noviembre de 2019, aunque están tachadas las direcciones a las que acudió, las fechas, los horarios o las razones por las que pidió abandonar su arraigo domiciliario. La señora Austin fue detenida en 2019 al norte de Alemania, en la pequeña isla de Juist, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya.

En noviembre pasado, Quinto Elemento Lab solicitó nuevamente los expedientes de los tomos 2 y 3 de la causas penales contra Lozoya, pero la unidad de transparencia del CJF respondió el 12 de enero que era imposible entregar los documentos debido a la crisis del coronavirus. “Atendiendo las medidas necesarias para evitar la propagación del virus covid-19, esta Secretaría advierte la imposibilidad legal para atender la solicitud”.

El Poder Judicial aprobó una serie de medidas para evitar contagios de funcionarios que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales de la Ciudad de México, determinando que del 5 de diciembre al 11 de enero sólo se atenderían asuntos urgentes, aunque la suspensión de plazos debió notificarse al INAI y eso no sucedió.

“La suspensión de plazos no implica nulidad de operaciones (...) Los casos como el de Lozoya, que evidentemente continuaron durante la emergencia sanitaria, deberían ser abiertos”, consideró Bohórquez.

La negativa a entregar información ha impedido conocer las diligencias judiciales realizadas desde que Lozoya fue presentado ante el juez. Tampoco se conocen las resoluciones tomadas desde que el exdirector de Pemex salió del hospital en julio pasado para seguir su proceso en libertad, como las órdenes de aprehensión giradas, las pruebas periciales, las comparecencias de testigos clave o las audiencias que se han celebrado en los últimos meses.

Las peticiones para conocer los expedientes de la causa penal 211/2019, que contiene las indagatorias sobre el caso AHMSA, también han sido frenadas. El 20 de febrero del 2020 se solicitó acceso a los documentos y la respuesta positiva del Centro de Justicia llegó hasta el 13 de agosto, pero hasta el momento el juzgado no ha entregado nada y los funcionarios de la unidad de enlace dijeron que la información no sería entregada porque el juzgado está atendiendo sólo asuntos “urgentes”, y las solicitudes de transparencia no entran en esa categoría.

Ante las negativas del Poder Judicial, Quinto Elemento Lab interpuso diversos recursos de revisión para que el INAI resuelva si la información debe ser pública, pero hasta ahora el CJF sigue manteniendo bajo sigilo los dos expedientes contra Lozoya. Este miércoles 27 se cumplen cuatro años desde que la Fiscalía abrió la investigación sobre el entramado de corrupción y sobornos que dejó Odebrecht en México.

Sin haber pisado la cárcel en México, Lozoya protagoniza el caso de corrupción del exfuncionario de más alto rango en el país que haya sido acusado de recibir sobornos, pero sus audiencias no han sido públicas ni se difunden por medios digitales. El Poder Judicial ha decidido relatar las audiencias a los periodistas a través de un chat excusándose en las medidas restrictivas adoptadas en los juzgados ante la contingencia sanitaria por la covid-19.