Los trabajadores de General Motors en Silao ponen a prueba el T-MEC con el rechazo al sindicato oficial

En una consulta inédita en una planta automotriz en la ciudad de Silao (Guanajuato) en el centro de México, los trabajadores votaron en contra del contrato colectivo negociado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una de las centrales obreras más grandes del país. El resultado, el cual fue posible por la implementación de una nueva disposición en el tratado de libre comercio entre los países de Norteamérica (T-MEC), sienta un precedente con amplias implicaciones para empresas manufactureras en el país.

El 55% de los casi 6.000 trabajadores que votaron este martes y miércoles rechazaron el acuerdo hecho entre Tereso Medina, senador y líder del sindicato que forma parte de la CTM, y la empresa General Motors (GM). El resultado, avalado y observado por el Instituto Nacional Electoral (INE) así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), da por terminado el contrato colectivo. Esto hace posible que los trabajadores se organicen y elijan a nuevos representantes, ya sea dentro del mismo sindicato o con la creación de un sindicato alternativo. Medina no respondió a peticiones de comentario de EL PAÍS solicitadas durante el jueves.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene 20 días para revisar la votación y, de confirmarse el resultado, esto pondría las relaciones entre empresas manufactureras y trabajadores en una nueva dirección, asegura Kenneth Smith, quien lideró el equipo técnico de negociación del tratado comercial, el T-MEC, bajo la Administración anterior. “Lo que ya sucedió es una señal clara de hacia dónde van a ir de ahora en adelante las relaciones laborales, tanto dentro del T-MEC, como en el interior del país”, dice el especialista, actualmente consultor internacional.

Además, agrega Smith, “esto le ayuda al Gobierno de México a mandar una señal de que hay seriedad, no solo en el cumplimiento del T-MEC, sino con la implementación de la reforma laboral”. En 2019, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, logró la aprobación de una reforma en la materia que cumple con lo negociado en el tratado de libre comercio. Entre otras cosas, la reforma otorga el voto libre a los trabajadores para elegir a sus líderes sindicales. López Obrador, también, ha incrementado por decreto el salario mínimo en el país.

Este proceso “contribuirá al desarrollo de futuros procesos de democracia sindical en el país, siendo un banco de buenas prácticas que pueden retomar los sindicatos conforme a la Reforma Laboral de 2019”, señaló la STPS en un comunicado.

La consulta se dio porque Estados Unidos hizo uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que se creó para el T-MEC. Las nuevas disposiciones en el acuerdo incluyen la presencia de agregados laborales extranjeros de los países miembros, para constatar que se garanticen los derechos de los trabajadores, asegurando a su vez la competencia entre los tres países. Una consulta previa hecha en abril fue cancelada por reportes de “serias violaciones” del derecho a elegir. La propia STPS reconoció que hubo irregularidades. Esto abrió la puerta a que Estados Unidos reclamara y México propuso una nueva consulta con el INE y la OIT como observadores.

El resultado en Silao es particularmente relevante para los sindicatos que forman parte de la CTM, pero enciende también las alarmas en otras empresas, ya que los trabajadores que se encuentren inconformes con la organización que los representa en las negociaciones con las empresas ahora pueden recurrir a autoridades estadounidenses o de Canadá para reportar abusos. También el miércoles, y de manera independiente, la automotriz Volkswagen pactó con su sindicato en Puebla un incremento salarial de 5,5% y un aumento del 1% a sus aportaciones al fondo de ahorro para sus trabajadores.

El caso de Silao es el segundo de inconformidad por parte de la Administración del presidente Joe Biden, lo cual ha aumentado las tensiones entre ambos países en torno al T-MEC. La empresa Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas), se vio obligada a indemnizar a 154 trabajadores que fueron despedidos, así como a garantizar la libre asociación de los trabajadores, entre otras acciones, después de que Estados Unidos denunciara corrupción y abusos del sindicato. La Secretaría de Economía ha expresado, por su parte, inconformidad con la interpretación que Estados Unidos está haciendo de las reglas de origen negociadas en 2018.

“Este es un momento importante y delicado, porque lo que suceda en estos dos casos que se presentaron, tanto el de GM como el de Tridonex, van a marcar el tono la relación México-Estados Unidos, y del T-MEC en general, en materia laboral”, apuntó Smith. Autoridades de ambos países se reunirán el 9 de septiembre en Washington para discutir temas económicos que incluyen el libre comercio.

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